El Cronista Comercial

Rodizio Costanera presentó su plan para salir del concurso preventivo

Maillol SA, sociedad controlante de la tradicional parrilla, mantiene una deuda con la AFIP y varios proveedores.

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La sociedad que controla el tradicional restaurante Rodizio de Costanera presentó su propuesta para cancelar su deuda con los acreedores. Maillol SA se encuentra en concurso preventivo desde octubre de 2018 cuando sus dueños realizaron la presentación ante la Justicia debido a la situación económica y, en particular, la caída del consumo en el rubro gastronómico.

El plan formulado por la sociedad consta de dos partes. En lo que se refiere a su deuda con la AFIP, principal acreedor de la firma con $ 43 millones según el informe general del sindico, propone saldar la totalidad de los créditos conforme al régimen de facilidades de pago más benigno del que disponga el fisco.

Más de la mitad de su deuda con la AFIP corresponde a pagos por contribuciones y aportes a la seguridad social, mientras que el resto son impuestos. Sin embargo, el monto final está en discusión en otra causa de revisión de crédito dado que la empresa reclama que los intereses (alrededor de $ 13 millones) son excesivos.  

Por su parte, para el resto de los acreedores, aproximadamente $ 14 millones, ofrece desembolsar un 60% de los créditos verificados en diez cuotas semestrales, cuyo plazo de pago comenzará a devengarse a partir de los 24 meses siguientes a contar con la homologación del acuerdo preventivo. Algunos de sus acreedores quirografarios son Molinos Río de la Plata, Aguas Danone de Argentina y Bodegas Esmeralda, siempre según el informe general del sindico.

Maillol SA opera la parrilla desde principios de 1992 a través de un contrato de concesión de explotación con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La última renovación se produjo en 2015 y vence en agosto de este año con un canon mensual de $ 279.865, según el sitio oficial porteño.

La compañía pidió la apertura del concurso preventivo en septiembre de 2018 ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial n° 31 y un mes más tarde la jueza Vivian Fernández Garello De Dieuzeide lo resolvió. En su solicitud, la firma alegaba que la inflación, aumento de tarifas y caída de consumo había afectado sus números.

No obstante, la compañía opera en rojo desde 2015 cuando reportó pérdidas por $ 1,5 millón. A su vez, de acuerdo a sus estados contables al 31 de enero de 2018, tiene un patrimonio negativo de $ 7 millones y pérdidas por $ 10,3 millones. El panorama también derivó en una reducción de su plantilla, ya que ese año aseguraba contar con más de 70 trabajadores, mientras que durante la elección de los representantes para el Comité de Control, en agosto de 2019, señaló que eran 60.

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