El Cronista Comercial

Una decisión judicial le suma más incertidumbre a la venta de OCA

El grupo patagónico Clear ratificó una propuesta que, entre precio, inversiones y gastos, suma "el equivalente en pesos" a u$s 70 millones. Quiere pagar en cuotas. Mientras tanto, el magistrado a cargo de la quiebra llamó a un nuevo remate, con un precio base 70% inferior al anterior

Mientras ex empresa de Cristóbal López confirma oferta por OCA, el juez ordena otra subasta por la empresa

En el juego de la OCA, no queda claro si un jugador avanza o retrocede casilleros. Días atrás, el juez Pablo Tejada, quien tiene a su cargo la quiebra del operador postal, canceló la subasta de la empresa, dado que uno solo de los cinco interesados que compraron el pliego de la licitación cumplió con todos los requisitos legales para participar de la puja. Y, en consecuencia, le ordenó que formalizara una oferta por la compañía, bajo los mismos términos y condiciones del trunco remate.

El grupo patagónico Clear, compuesto por Clear Petroleum (servicios petroleros) y Clear Urbana (recolección de residuos y limpieza), así lo hizo: propuso pagar los u$s 36,1 millones en los que se tasó a OCA y una inversión adicional de u$s 10 millones a ejecutar en el primer año de eventual gestión. Una oferta total que, más gastos, promete "el equivalente en pesos" a u$s 70 millones en tres años. Pero, en paralelo, mientras el juez, el síndico de la quiebra y el comité de acreedores –compuesto por la AFIP, la Federación de Camioneros y la ART Experta– analizan la oferta, Tejada ordenó otra licitación, a realizarse en febrero, con una reducción del 70% en el monto base de la subasta.

Es imperativo continuar con el trámite legal, en el conocimiento de los plazos que demanda el proceso de enajenación pública (…) lo que naturalmente se ha complejizado en estos tiempos de pandemia”, justificó el magistrado, titular del Juzgado Civil y Comercial 10 de Lomas de Zamora.

“Se impone proceder sin dilaciones”, remarcó. Aclaró que esta decisión es “sin perjuicio” de “lo que proceda por derecho resolver una vez oídos a los mentados órganos de la quiebra”, en relación a las opiniones que recibirá sobre la oferta de Clear.

En otros términos: si el síndico y los acreedores dan su visto bueno a la oferta del grupo chubutense, Tejada aclara que podría volver otra vez sobre sus pasos y suspender, también, este segundo llamado a remate.

OCA está quebrada desde abril del año pasado, con un pasivo que, entre el verificado ($ 4494 millones) y el posconcursal, roza los $ 20.000 millones. Desde entonces, la empresa, que tiene más de 6000 empleados y 150 sucursales en todo el país, está administrada por una intervención judicial, en la que participan activamente Camioneros y el Ministerio de Trabajo de la Nación. En 2019, facturó $ 5598,75 millones y perdió $ 2415 millones.

Para su primera subasta, los liquidadores la tasaron en u$s 36,1 millones, entre un monto fijo de u$s 18,5 millones (para saldar deudas fiscales y laborales) y un valor base, de u$s 17,6 millones, sobre el que se realizaría la subasta. El precio –a desembolsar en efectivo, de un solo pago, una vez que se transfieran los activos– había sido cuestionado por Camioneros por considerarlo elevado. Al gremio que conduce Hugo Moyano, está afiliada la gran mayoría de los trabajadores de OCA.

Sin embargo, para esta segunda licitación, Tejada definió cambios. Por un lado, decidió que no sea una sola subasta, sino una serie de remates, si acaso el primero quedara desierto. La licitación inicial arrancaría con una reducción al 30% del monto base. Es decir, en vez de u$s 17,6 millones, u$s 5,28 millones, “monto que considero razonable en relación a la realidad económica imperante, la evolución de la moneda estadounidense y antecedentes de la causa”, justificó.

En caso de que esa primera puja quedara desierta, ordenó que se pase a una segunda subasta, ya sin un precio base.

También, flexibilizó la forma de pago. “De mantenerse las restricciones cambiarias actuales, se deja constancia que, si bien la puja deberá hacerse en dólares estadounidenses, el depósito del precio podrá realizarse en el equivalente en pesos a la cotización al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina al momento del efectivo pago”, estableció.

El pliego, cuyo precio subió de $ 120.000 a $ 250.000, se podrá comprar hasta el 13 de noviembre. Al ser una nueva subasta, todos los interesados deberán volver a adquirirlos y presentar la documentación exigida. Fijó el 15 de febrero como fecha de inicio. Sólo quienes hayan participado de la primera licitación podrán estar en la eventual segunda.

La oferta

Cinco interesados compraron los pliegos de la subasta cancelada. Ficsa (del Grupo Campici), Clear, SCM (instrumento de inversión el español Grupo Riesgo), Vía Cargo (operadora logística de la empresa de transporte Vía Bariloche) e Inmediato S.A. (courier privado con más de 60 sucursales).

El único que cumplió con todas las exigencias formales que pidió Tejada fue Clear, grupo patagónico compuesto por empresas que fundó Cristóbal López. Con una facturación de $ 7280 millones en 2019, entre Clear Petroleum ($ 6258 millones) y Clear Urban ($ 1022 millones), el ex dueño de Oil Combustibles salió en 2011 del paquete accionario de ambas empresas, que ahora le pertenecen a ex colaboradores suyos: Ignacio González Pedroso, Alberto Destefanis y Gustavo Lupiano.

En su carácter de presidente, González Pedroso ratificó en el juzgado de Tejada la oferta por OCA. “Para ser competitiva en el mercado actual, (OCA) requiere, en los próximos tres años, inversiones del orden de los $ 2475 millones”, dimensionó Clear. “Durante el primer año de administración que se propone, esta parte efectuará inversiones por, aproximadamente, el 30% de dicho monto”, agregó en su escrito González Pedroso, que anticipó la intención de crear una sociedad nueva a la que se transferirían los activos de la quiebra.

Además de los u$s 36,1 millones del precio, los ex colaboradores de López explicaron que deberían invertir, en pesos, el equivalente a otros u$s 10 millones en sus eventuales primeros 12 meses de gestión. Por eso, proponen cancelar el monto fijo (u$s 18,5 millones) en un pago. Pero que los u$s 17,6 millones del precio base de la subasta no realizada pasen a ser $ 1320 millones –es decir, un dólar a $ 75– y pagarlos en 36 cuotas fijas, de algo más de $ 28,12 millones, más un componente variable, equivalente al 0,5% de las ventas mensuales netas (de IVA e ingresos brutos) que genere la compañía.

La primera cuota sería a los 30 días de concretarse la transferencia de la empresa. “Si, al mes 36, no se hubiera alcanzado el precio con las cuotas abonadas, se deberá pagar el saldo en una sola y única cuota en el mes 37”, se comprometió Clear, como una suerte de seguro cambiario.

También, ofreció una garantía: prendar a favor del juzgado las acciones de la nueva sociedad que Clear constituirá para canalizar el negocio de OCA. Si, al cabo de tres años, no se salda el precio, el juzgado quedaría liberado para venderlas como prefiera.

González Pedroso también pidió hacerse cargo de la empresa en forma inmediata, durante 12 meses, bajo el control y tutela de la actual intervención judicial. Aseguró que sumará un auditor internacional –la consultora Grand Thornton– y se comprometió a que cualquier profesional que se sume a la gestión no se incorporará a la nómina de OCA. Clear tampoco cobrará honorario alguno por la administración.

El compromiso de inversión para el primer año de gerenciamiento asciende a la suma de $ 750 millones”, informó, que se destinarán a renovación de flota, equipos de automatización y software para mejorar el procesamiento y distribución de envíos y correspondencia.

Además, prometió conservar el 100% del personal, que –una vez cumplido el año de gestión– se transferirá, al igual que los activos, a la nueva sociedad.

Un punto destacado es Seprit, operadora postal de la que OCA tiene más del 99%. González Pedroso aclara que la oferta no contempla las acciones de esa empresa, a la que OCA le contrata servicios y gira dinero para pagar los sueldos de sus 800 empleados. Pero el patagónico se ofreció a transferir al plantel a la nueva empresa, “con las mismas condiciones que, para el personal de OCA, establece el pliego”. Es decir, respetando sueldos y antigüedad. Un movimiento que, a algún memorioso, le recordó a cuando, en 1998, OCA compró Ocasa –hoy, de Héctor Colella– “y los amarillos pasaron a ser violetas”, evoca la fuente.

En presentación, Clear le propuso a Tejada que llame a una mejora de su oferta. Pero le pidió que sea “exigiendo a los eventuales oferentes que cumplan con los requisitos mínimos de aptitud, tanto para ser prestadores de servicios postales, como de presentación de garantías mínimas de idoneidad técnica y patrimonial, así como un plan de que dé visibilidad para el futuro de la sociedad”.

Solicitó que el análisis de las eventuales propuestas no sea sólo económico y, “teniendo en cuenta que esta parte ha sido la única habilitada para presentar ofertas por haber cumplido con los requisitos impuestos por el pliego de bases y condiciones”, se le conceda la posibilidad de, a su vez, mejorar cualquier otra oferta presentada y, también, el derecho de preferencia: es decir, resultar elegida ante la igualdad de propuestas.

También pidió estar ya a cargo de la empresa mientras dure todo ese proceso, durante el cual la compañía, además, pueda seguir operando con ciertos beneficios, como los que le concedió el proceso preventivo de crisis.

No son prevenciones en vano.

El primer interesado por OCA había sido el Grupo Campici. Dueño de Escudo Seguros (antiguo sponsor del Club Atlético Independiente, al que preside Moyano), ofertó u$s 5 millones, monto que Tejada consideró bajo y que detonó su primer llamado a licitación. Campici mantiene su interés por OCA. Pero no había logrado cumplir con todos los requisitos que exigió el juzgado.

Otra que tampoco los reunió fue System Capital Management, sociedad de inversión del grupo español Riesgo. Su empresa local, Grupo Riesgo Argentina (GRA), todavía no había sido inscripta ante la Inspección General de Justicia (IGJ) cuando compró el pliego. Y, después, no depositó la garantía que exigió el juzgado para participar en la subasta.

Con sede en Madrid, el Grupo Industrial Riesgo dice especializarse en empresas con dificultades financieras y acciones subvaluadas, en el rango de los u$s 100 millones a u$s 200 millones. Sus antecedentes públicos son en el sector químico –a través de las empresas Manuel Riesgo y Riesgo Farma– y las compras de un depósito logístico aduanero en Valencia (Trincajes de Carga, en 2019) y dos fábricas de aluminio (Alavés y La Coruña) que pertenecían a la estadounidense Alcoa, firmadas en abril de este año.

Después de que Tejada canceló la subasta y le indicó a Clear que haga su oferta, GRA explicó por qué no hizo el depósito y aseguró estar dispuesta “a participar del proceso de enajenación con un precio más adecuado a los valores de mercado de los activos que se enajenan”.

Ahora, Clear deberá despejar otras dudas, aparte de las que plantea la persistencia de sus competidores. ¿Para qué sostener una oferta de u$s 36,1 millones si, siendo el único que reunió todas las condiciones en la frustrada subasta, puede participar en una nueva, ahora, por menos de u$s 24 millones? ¿O, eventualmente, sólo u$s 18,5 millones, si el primer llamado queda desierto? Se verá cuando vuelva a ser su turno de tirar los dados en el juego de la OCA.

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