El Cronista Comercial

El juego de la OCA: juez cancela subasta y ex empresa de Cristóbal López avanza casilleros

El grupo patagónico Clear era el único de los cinco interesados en el correo privado que había cumplido con todos los requisitos legales. El magistrado el ordenó que haga una oferta, dentro de los términos y condiciones del remate. Pero las altas contingencias que todavía tiene la compañía todavía podrían empantanar la venta.

El juego de la OCA: juez cancela subasta y ex empresa de Cristóbal López avanza casilleros

Este viernes, debía finalizar la subasta en la que se definiría quién, finalmente, sería el nuevo dueño de OCA. Debía. Porque Pablo Tejada, titular del Juzgado Civil y Comercial 10 de Lomas de Zamora, a cargo de la quiebra del principal correo privado de la Argentina, decidió cancelar la puja.

Su argumento fue que, de los tres candidatos habilitados a participar -sobre cinco interesados-, apenas uno, el grupo patagónico Clear -que, hasta 2011, perteneció a Cristóbal López-, había cumplido con todos los requisitos legales.

En consecuencia, Clear, que facturó $ 7280 millones en 2019 entre Clear Petroleum ($ 6258 millones) y Clear Urbana ($ 1022 millones), quedó en la recta final para quedarse con el operador postal.

"Llegar al trámite de subasta resultaría un formalismo procesal que atentaría contra la propia finalidad del trámite, por lo que corresponde, en esta oportunidad, dejarlo sin efecto", sostuvo el juez Tejada. "En consecuencia, hágase saber al único interesado en condiciones legales de presentar oferta que podrá realizar formalmente la oferta en autos, la cual deberá ajustarse estrictamente a los términos de bases y condiciones", agregó.

El magistrado firmó su fallo el 17 de septiembre. Le dio un plazo de cinco días a Clear para formalizar su presentación. Hasta ayer, no figuraba en el expediente electrónico que lo hubiera hecho.

Es que la venta podría empantanarse. Conocedores del proceso aseguran que la cancelación de la subasta fue un tecnicismo legal al que se aferró Tejada para evitar que la liquidación de la empresa naufrague. "Se suspendió porque, al precio base que se fijó, la subasta iba a quedar desierta", deslizan desde uno de los potenciales compradores. "Se embarró la cancha: hay muchas cosas todavía sin resolver en la quiebra y nadie quiere exponerse a las enormes contingencias que eso significaría", aporta otra fuente, que tiene interés directo en el expediente.

Concursada a mediados de 2017, quebrada desde abril de 2019, Tejada había resuelto liquidar OCA a través de una subasta electrónica, cuyo fin estaba previsto para este viernes, 2 de octubre. La empresa, de más de 6000 empleados y 150 sucursales, acumula deudas por encima de los $ 20.000 millones, entre el pasivo verificado ($ 4494 millones) y el posconcursal. Sus liquidadores la tasaron en u$s 36,1 millones, monto compuesto por una suma fija de u$s 18,5 millones y una base de u$s 17,6 millones, sobre la cual se realizaría la puja. Todo, a desembolsar en efectivo.

Tejada lo decidió, tras rechazar una oferta espontánea que acercó al juzgado Ficsa, sociedad de inversión del Grupo Campici, por considerarla "considerablemente inferior" a la valuación definida.

Ficsa ofertó u$s 5 millones, a pagar en cuotas y en pesos. Inicialmente, se vinculó al titular de ese ascendente holding, Gonzalo Campici, con Hugo Moyano. Era una buena carta de presentación: la mayoría de los 6000 empleados de OCA están afiliados a Camioneros y el gremio participa formal y activamente en la actual intervención de la empresa.

Campici no niega conocer personalmente a Moyano: Escudo Seguros, su empresa más conocida, fue sponsor de Independiente, club del que él es fanático y al que el jefe gremial preside. Pero sí rechaza que ese vínculo haya influido en su decisión de expandirse.

No obstante, Ficsa, que ve sinergias entre la red de OCA y su actividad aseguradora, fue el primero en adquirir los pliegos para la licitación. Pero no acompañó toda la documentación que se solicitó. Sí lo hicieron los segundos compradores de los pliegos: Clear Urbana y Clear Petroleum, empresas que fundó López y, desde hace una década, pertenecen a ex colaboradores suyos: Ignacio González Pedroso, Alberto Destefanis y Gustavo Lupiano.

El tercer interesado es Vía Cargo, empresa de logística del grupo de transporte Vía Bariloche. También, se lo relacionó con Moyano. Sobre todo, tras una reciente publicación en redes sociales de su hijo diputado, Facundo. Pero conocedores de la actividad refieren una mayor cercanía a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y a su titular, Roberto "Roby" Fernández.

Compraron el cuarto pliego dos empresas extranjeras. No son grandes players internacionales, como DHL, FedEx o UPS. Mucho menos, la regional MercadoLibre. Se trata de System Capital Management (SCM) y Grupo Riesgo Argentina (GRA)

La última es una sociedad que, al momento de la adquisición, no había sido aún inscripta en la Inspección General de Justicia (IGJ) y sus accionistas (locales) aclararon en el expediente que "el real titular del capital social es SCM, a cuyo nombre serán transferidas las acciones tan pronto como sea posible obtener la documentación legal apostillada, que se encuentra demorada en razón de la pandemia".

Por eso, los liquidadores le recomendaron al juez Tejada que modifique las condiciones del pliego, que prohibían la compra de la empresa "en comisión", para transferir luego a un tercero.

SCM es el vehículo inversor del español Grupo Industrial Riesgo. Con sede en Madrid, dice especializarse en empresas con dificultades financieras y acciones suvaluadas, en el rango de los u$s 100 millones a u$s 200 millones; "generalmente, pero no exclusivamente, en los Estados Unidos, España, Corea, Japón, los Países Bajos y China", según se presentó.

Sus antecedentes públicos son en el sector químico -a través de las empresas Manuel Riesgo y Riesgo Farma- y las compras de un depósito logístico aduanero en Valencia (Trincajes de Carga, en 2019) y dos fábricas de aluminio (en Alavés y La Coruña) que pertenecían a la estadounidense Alcoa, cerradas en abril de este año.

El quinto interesado fue Inmediato S.A., una operadora logística con 60 sucursales pero que no constituyó domicilio ni acompañó documentación adicional a la de su presentación. En el sector, la asocian con iniciales del pasado lejano de OCA.

Después de que Tejada canceló la subasta y le indicó a Clear que haga su oferta, GRA presentó un escrito. Explicó por qué no depositó una garantía -motivo por el cual el juez lo excluyó de la licitación- y aseguró estar dispuesto "a participar del proceso de enajenación con un precio más adecuado a los valores de mercado de los activos que se enajenan".

"El punto controversial es ese: el valor de los activos", señala una fuente. La valuación de u$s 36,1 millones, a la que, en su momento, Camioneros cuestionó por "elevada", contempla unos u$s 20 millones que corresponden a un predio logístico que OCA usa en el Centro de Transferencia de Cargas (CTC) de la Ciudad de Buenos Aires. 

Patricio Farcuh, exdueño de OCA al que Tejada apartó de la empresa antes de decretar su quiebra, reclamó judicialmente la restitución de ese inmueble.

OCA Logística (otra sociedad de Farcuh) pidió suspender la licitación hasta tanto ese pleito estuviera resuelto. Tejada lo rechazó y agregó en las condiciones de la licitación que sería una contingencia a atender para el eventual ganador de la subasta. En estos días, Farcuh recusó a Tejada. Esa causa, ahora, se resolverá en un juzgado de la Capital Federal.

No es la única contingencia. Otra gran incógnita es si la venta incluirá (o no) a Seprit, empresa de la que OCA tiene el 99,73% pero que, sin embargo, no consolida en su balance ni se la incluyó en el concurso preventivo que derivó en la quiebra. OCA le contrata servicios y le gira fondos para pagar su personal. Radicada en Córdoba, tiene bancos y empresas de servicios públicos del interior en su cartera de clientes y cerca de 800 empleados que no están afiliados a Camioneros.

"Son muchas dudas abiertas. Un nivel de exposición muy alto", agrega la fuente. Habría gestiones por fuera del juzgado para intentar despejarlas. "Pero lo peor es que se sigue estirando la agonía", agrega, en relación a una empresa que, el año pasado, facturó $ 5600 millones y perdió más de $ 2400 millones.

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