El Cronista Comercial

Edesur, entre los cortes, las tarifas y la expropiación: ¿villano o inocente?

La ofensiva política contra la distribuidora eléctrica es la punta del iceberg de una trama de promesas incumplidas y reclamos cruzados de uno y otro lado.

Edesur, entre los cortes, las tarifas y la expropiación: ¿villano o inocente?

A la tarde noche del viernes 24 de julio, Nicola Melchiotti se fue de la Quinta de Olivos. Country manager de Enel Argentina, el controlante de Edesur , era la primera vez que el ejecutivo italiano visitaba el lugar. Había acompañado al gerente general de la distribuidora, Juan Carlos Blanco. Según consta en el registro de audiencias de Presidencia de la Nación, el encuentro con Alberto Fernández , agendado para las 17 horas, fue por pedido de la empresa. Se realizó en el punto más tenso de la ofensiva que un grupo de intendentes del conurbano, enfurecidos por cortes de electricidad en sus municipios.

Pese a su juventud –tiene, apenas, 42 años–, Melchiotti no se reconoce como alguien impetuoso, sino de personalidad habitualmente serena. Cuentan que salió por la puerta de Villate con su aplomo habitual, pese al face to face de alto voltaje que había protagonizado minutos antes.

"Presidente", le planteó al anfitrión, con respeto pero firmeza. "¿Quieren estatizarnos?", le preguntó, sin vueltas.

"Mi Gobierno no tiene vocación de eso", le contestó Alberto. "Además, si uno expropia, lo hace con una empresa que tiene dinero; no estatiza una con problemas", remató.

Melchiotti es un exMcKinsey, con más de dos décadas de carrera internacional entre esa consultora y Enel. Acumuló millaje en destinos como África del Norte, Suiza, Bélgica, Guatemala, Costa Rica y México. Llegó a la Argentina hace dos años y está convencido de que, en términos generales, no es un lugar demasiado distinto a otros de los que conoció. "No sería el primer país en romper un contrato", se dijo sí mismo. Al margen de la ironía de Fernández –que, como tal siempre contiene alguna cuota de verdad: Edesur perdió $ 2586 millones en el primer semestre–, lo que menos le preocupa, hoy, al CEO de Enel es una expropiación: un Estado tiene todos los instrumentos legales para ejecutarla, razona.

Lo raro, en este caso, era otra cosa.

No es la primera vez que Edesur tiene problemas de interrupción del servicio. A fin de cuentas, al cabo del semestre marzo-septiembre de 2019, el Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) le aplicó multas por $ 292,4 millones, contra $ 55,4 millones con que sancionó a Edenor. Aun así, registró una frecuencia media de corte de 4,1 veces, con una duración total de 17 horas. Por debajo, eso sí, de las 18 a las que, en la revisión tarifaria integral (RTI) de 2016, se comprometió a alcanzar en 2021. Había habido problemas en los últimos días, sí. Pero sus reportes indicaban que eran menores a los del invierno previo. Durante el primer semestre, Edesur registró, apenas, un crecimiento del 0,2% en su demanda. Aunque, por efecto de la cuarentena, hubo una fuerte migración del consumo desde el Microcentro porteño a las zonas residenciales. En especial, en la provincia de Buenos Aires. El frío provocó saturación, por el pico de demanda que significa la calefacción de artefactos eléctricos, en muchos barrios que no tienen red de gas natural.

No obstante, la briosa y coordinada reacción de los ediles, con reclamos de quite de concesión incluidos, planteó dudas, una más imaginativa que otra. ¿Por qué la avanzada sobre la empresa? ¿Chivo expiatorio por la pandemia? ¿Nuevo objetivo, tras el frustrado intento de expropiar Vicentin ? ¿Primer paso para reactivar alguna agenda inconclusa de estatizaciones? ¿Abaratarla para allanarle el camino a un comprador nacional & popular, con deseo de venganza en el negocio energético? ¿Hostigar al único inversor internacional que queda en el negocio de distribución? ¿Por qué? ¿Rédito político? ¿O, sencillamente, para forzarlo a pagar aquello que el estado ya no puede, o no quiere, financiar?

Todas, preguntas cuyas respuestas son un ejercicio de especulación.

En la empresa, había llamado la atención la coordinada rotación, no sólo de los intendentes en medios tradicionales y redes sociales, sino también de otros actores políticos, como Juan Grabois, quien no dudaba en afirmar que “Edesur, que es Macri, extorsiona y quiere desestabilizar al Gobierno”.

Sin embargo, hubo un dato de la realidad, concreto, que, en medio de la polémica, encendió luces de alerta. El Defensor del Pueblo bonerense, Guido Lorenzino, solicitó la revocación de la concesión de la empresa. Esa luz amarilla pasó a roja cuando, por escrito, el titular del ENRE, el sociólogo Federico Basualdo Richards, le recomendó al Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, declarar nula la RTI por considerar que las tarifas no fueron "justas", "razonables", ni "transparentes". Además, estableció que un reintegro del Gobierno a las distribuidoras había sido mal calculado, con lo cual, de un día para el otro, Edenor le debería $ 11.000 millones al Estado nacional y Edesur, más de $ 15.500 millones.

En los hechos, esto significó que, ahora, es el propio organismo que firmó el único contrato legal que, hoy en día, rige el negocio eléctrico el que propone desconocerlo. De ahí, la necesidad de tener una reunión urgente con el Presidente. Entre pocas respuestas, los visitantes se fueron de la residencia presidencial con una certeza: la voluntad de Alberto de no respetar la RTI, ahora ni a futuro.

La década perdida

Entre 2002 y 2015, Edesur acumuló una pérdida de $ 571,6 millones. Habría sido mucho más abultada. Pero sus balances de 2013 y 2015 tuvieron resultados extraordinarios, debido a compensaciones que le pagó el Estado. Asentó $ 1160,52 millones, en el primer caso, y $ 1330,1 millones, en el segundo. Concesionaria del sur, tanto de la ciudad de Buenos Aires como del Conurbano, tiene 2,5 millones de clientes. Enel es su controlante, tras haber adquirido, a escala global, a la española Endesa, durante la década pasada. Endesa, que había invertido u$s 1700 millones desde el inicio de la concesión, en 1992, hasta 2002, tuvo cortocircuitos permanentes con el kirchnerismo. La puja creció en voltaje, a medida que se ampliaba el círculo vicioso entre las finanzas de la empresa y el deterioro de su servicio.

La empresa empezaba a ser noticia repetida y no por sus resultados. Los cortes fueron, cada vez, más frecuentes, en un área de concesión que, por características demográficas, es una caja de resonancia mucho mayor que la de Edenor. “Se hará una revisión muy fuerte de la relación contractual”, advertía Julio De Vido, en el verano de 2011. Dos años antes, ya le había prohibido a Edesur repartir $ 65 millones en dividendos. En 2012, el ENRE designó un veedor en la empresa.

Para fines de 2012, por la incertidumbre regulatoria y el congelamiento tarifario, Endesa había valuado a sus activos argentinos en un solo dígito: 0. Mantenía su reclamo ante el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial, por u$s 1800 millones. Barrera infranqueable, pese al entendimiento circunstancial que el kirchnerismo tuvo sobre el sector, al que contribuyó el desembarco de inversores locales, a los que el Gobierno proyectó como los ejemplares de la nueva burguesía nacional que se fomentaba desde la Casa Rosada.

En 2005, mientras españoles y patagónicos se echaban pullas, Dolphin –precursor de Pampa Energía– compró Edenor. El nuevo accionista retiró la demanda contra el Ciadi de su vendedor, Électricité de France (EdF). Casi inmediatamente, la distribuidora del norte anunció un programa de inversiones de u$s 100 millones anuales, en promedio, financiados inicialmente con ayuda estatal y, luego, potenciado con recursos propios. Sobre todo, tras su salida a la Bolsa de Nueva York, en 2007.

Electroshock

En 2016, la RTI que Mauricio Macri convirtió en bandera de su gobierno significó borrón y cuenta nueva. A las distribuidoras, les dio una inyección vital de caja y, sobre todo, le devolvió un horizonte de inversión. Edesur debía actualizar una red que, en comparaciones internas de Enel, estaba 10 años atrasada, en relación a otras metrópolis comparables de la región, como San Pablo, Lima, Santiago o Bogotá. Entre 2016 y 2019, la distribuidora acumuló resultados positivos por más de $ 17.600 millones, reinvertidos en su totalidad, aseguran en la empresa.

Edesur informó que, en los últimos tres años, invirtió u$s 720 millones, de los cuales u$s 100 millones correspondieron a inyección directa de capital de Enel. Primero, digitalizó la red de alta tensión, que es la que tiene efectos más inmediatos en la mayor cantidad de gente. Luego, avanzó con la de media tensión, lo que permitió reducir el número de afectados ante un corte en zonas densamente pobladas. Restaba lo más complejo: la red de baja tensión. Es decir, la conexión casa por casa, desafío particular para un área de concesión como la suya. “Comparemos Olivos con Quilmes y Nordelta con Fiorito”, la metáfora con la que se suele describir su zona, en contraste con la de Edenor. Pese a que ya había recuperado siete de esos 10 años de grieta, Edesur no esperaba completar la digitalización de su red de baja tensión antes de 2021. Ese cálculo era, incluso, previo a que se congelaran las tarifas y se catapultara el dólar.

El único criterio que definió la RTI para medir el avance de las inversiones fue la reducción de cortes promedio por usuario, índice en el que la compañía ya mejoró más de 40% desde 2016. Los intendentes aseguran que los desembolsos se concentraron en la Ciudad, no en sus municipios. Uno de los más enfáticos es Fernando Gray, de Esteban Echeverría, quien, en el punto crítico del conflicto, declaró tener zonas en su municipio con cortes de hasta una semana. Las interrupciones de electricidad, además, afectaron la provisión de otros servicios esenciales –más, en pandemia– como el agua.

“Esta concesión se dio por 95 años. Todavía, faltan 67. Si, en 28 años, no hubo inversión, no creo que las vaya a haber”, dijo el jefe comunal. “Soy intendente desde hace 12 años. Siempre tuvimos problemas durante el verano y, a veces, algunos muy puntuales en invierno. Pero nunca hubo algo tan frecuente y grande como ahora. Cada vez, hay más cortes. Y nos afecta a todos los partidos en los que tiene la concesión. Este invierno es un punto de inflexión”, remató Gray, en declaraciones al programa “Dejen de Llorar”, de Radio Con Vos.

Gray también reclamó por obras no hechas en su municipio. Por ejemplo, una subestación para su partido.

“Teníamos que tomar decisiones que involucraran a la mayor cantidad de gente posible. Las inversiones debían ser eficientes y rápidas. No somos una distribuidora municipal. Nuestra área de concesión es una parte de la Ciudad y del conurbano. Entonces, en vez de hacer la subestación que él pedía, repotenciamos otras tres, con las que abarcamos a tres partidos: Esteban Echeverría, Ezeiza y Lomas de Zamora”, replican en la compañía.

“Empezamos a invertir según la RTI, con el criterio que definió el ENRE: reducción de corte promedio por usuario. Eso no significaba que no fuéramos a llegar a Esteban Echeverría, Cañuelas o San Vicente. Pero nos llevaría cuatro años”, explican.

“En cambio, sólo tuvimos dos y el programa de inversiones se interrumpió. Y, de esos dos años, los últimos seis meses fueron con atraso tarifario”, agregan.

Un par de variables complicaron la ecuación. El único compromiso que había asumido el Estado en la RTI era revisar las tarifas semestralmente. Por razones electorales, el Gobierno anterior pospuso la revisión de octubre y definió una compensación, a partir de enero. El actual prorrogó el congelamiento e ignoró ese reconocimiento. La falta de actualización por 18 meses, además de demoler sus resultados, les quitó caja de inversión a las distribuidoras. Para Edesur, $ 10.000 millones.

Un segundo punto, crítico en este conflicto, es la provisión de electricidad a los barrios carenciados. En su momento, el Gobierno definió que las distribuidoras debían llevar la energía a los accesos; hacia adentro, es responsabilidad del Estado, que también debe procurar que esa distribución sea equilibrada. Esa demanda, para Edesur, crece al 20% anual. Según registros de la compañía, que tiene que abastecer a 81 puntos, hay partidos donde ese consumo –que, además, es anárquico– creció más de 100 por ciento.

Las distribuidoras deben comprarle esa energía a Cammesa , la empresa mixta que administra el mercado mayorista eléctrico. La factura era reintegrada 50-50 entre Nación y Provincia. Nación dejó de pagarla el año pasado, cuando transfirió las concesiones. María Eugenia Vidal decidió no afrontarla y repartió la cuenta entre los municipios. Al 31 de diciembre, Edesur acreditaba $ 3000 millones. Existe en las distribuidoras la resignación a que las terminen usando como bancos. Explica buena parte del ajuste, en torno al 50%, que hicieron en sus inversiones durante el primer semestre de 2020.

No es la única deuda pendiente de la política. Entre 2011 y 2014, los municipios recibieron recursos nacionales para hacer obras de infraestructura eléctrica en las villas. La mayoría de las intendencias tiene incumplimientos del 90% en esos trabajos. Esas obras no hechas, apuntan en el sector, representan el 70% de los cortes actuales, aquellos por los que, en estos días, explota en las redes el hashtag "#LaLuzEsUnDerecho".

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