Legales

¿Hacia dónde va la ética profesional?

Transparencia y automatización, los ejes a tener en cuenta. La divergencia entre la visión con foco en el pasado y el futuro.
¿Hacia dónde va la ética profesional?

31/07/2018 | 00:00

Mientras en algunos mercados ya están analizando cuestiones de ética profesional vinculadas con el ejercicio de la abogacía con ayuda (¿por parte?) de plataformas de inteligencia artificial y servicios de LegalTech, los ejes en discusión en la Argentina siguen siendo opacos.

"Por lo general, los abogados creen que los problemas se arreglan cambiando las normas, y debaten sobre códigos. Es cierto que los llamados códigos de ética (en realidad, de disciplina) no han cambiado sustancialmente en 100 años, pero las normas son menos importantes que las instituciones, que el modo en que la norma opera en la realidad", evalúa Marcelo Gobbi, abogado de referencia en estos temas y, a la vez, secretario del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores).

Para él, se sigue mirando a la abogacía "como si fuera de algunos pocos, que tienen su estudio jurídico, y como un asunto interno entre abogados, cuando la finalidad del control es proteger a los clientes".

En efecto, al menos por antigüedad, la regulación de la abogacía está pensada para la escasez de abogados que había en otra época, no para la actual oferta: 130.000 matriculados en la Ciudad de Buenos Aires, según los padrones de la última elección realizada en el Colegio Público de Abogados. Además, contempla principalmente la realidad del abogado que trabaja en la llamada profesión liberal, sin prestar mucha atención a la dinámica de la abogacía interna de empresas y a la que se ejerce desde el Estado.

A eso se suma que, en la Argentina, los que velan por la ética profesional son tribunales de disciplina (y no propiamente de ética). Estadísticas sobre faltas cometidas, escasean. Publicación accesible de las sanciones, también.

"Los tribunales de disciplina ejercen la función pública de control de una actividad que no es libre, sino licenciada. Por eso, como cualquier agencia de control, deben hacer públicas todas sus sentencias por dos motivos: porque el público tiene derecho a conocer los antecedentes de cada titular de una licencia y porque todo tribunal debe generar precedentes que formen una norma de conducta. Eso ocurre en otros países", señala Gobbi, y dispara: "Un tribunal opaco es un sinsentido y revela la tensión objetiva entre las dos funciones de los colegios: la pública y la gremial".

Para el especialista, el sistema "será aún más insuficiente" cuando se hagan más evidentes dos fenómenos inevitables: la deslocalización y la automatización de la profesión.

"No será sencillo saber siempre dónde se ejerce la abogacía y bajo qué autoridad de control está un profesional", ejemplifica.

En esa línea, en los mercados más avanzados, el rigor técnico con que se gestiona la información de los clientes es ya una obligación disciplinaria (Panamá Papers mediante). En la Argentina, si bien por lo bajo se habla de algunos hechos de intrusión informática en estudios jurídicos, poco y nada se dice de la responsabilidad profesional que cabe en esos casos.