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Brasil: acusan a otro candidato presidencial de recibir financiamiento de Odebrecht

Por MÓNICA VALLEJOS
En la recta final hacia los comicios del 7 de octubre, Alckmin, ex gobernador de San Pablo, es el nuevo acusado. La Fiscalía de San Pablo sostiene que Odebrecht le financió su campaña en 2014
Brasil: acusan a otro candidato presidencial de recibir financiamiento de Odebrecht

05/09/2018 | 13:38

La Fiscalía de San Pablo acusó hoy formalmente al candidato presidencial Geraldo Alckmin del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) de "conducta administrativa irregular" por supuestamente recibir 10 millones de reales (u$s 2,40 millones) de Odebrecht como financiamiento ilegal de campaña en el 2014.

Según el portal judicial Jota, los fiscales alegan que Alckmin recibió ese dinero en fondos de campaña cuando se postulaba para la su reelección a la gobernación del estado de San Pablo y no los declaró. El agravante ante la opinión pública es que los fondos se los habría dado la constructora Odebrecht, implicada en el megaescándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.

La fiscalía también solicitó que se suspenda la candidatura de Alckmin y de manera cautelar, pidió el embargo de casi 40 millones de reales (unos u$s 9,6 millones) como garantía de resarcimiento a los cofres públicos.

Los cargos, que deben ser aceptados por un juez antes de iniciar un juicio, constituyen un revés para su actual campaña electoral con vistas a los comicios del 7 de octubre, pero es poco probable que impida su participación en la contienda electoral. Lo mismo sucede con el actual vicecandidato por el Partido de los Trabajadores (PT) Fernando Haddad, quien ayer fue acusado de corrupción por la Fiscalía en San Pablo. De todas maneras, estas denuncias sí podrían incidir en la repercusión de imagen de ambos ante el electorado.

Según la ley brasileña, un político sólo puede quedar impedido de participar en comicios si es condenado por un delito y la sentencia consigue resistir los procesos de apelaciones, lo que en este caso no ocurrirá antes de las elecciones del mes próximo.

Alckmin, acusado

En las últimas encuestas, Alckmin, candidato de centroderecha favorable al establishment, reúne entre 6% y 9% de intención de voto. Aunque se prevé difícil que acceda a la segunda ronda, de hacerlo, tendría altas chances de conquistar la presidencia, según analistas del mercado. Por otra parte, su partido hizo acuerdos con otras ocho agrupaciones, lo cual también aumenta su tiempo de publicidad televisiva y así en las próximas semanas podría aumentar significativamente su caudal de votos. 

La investigación contra Alckmin se sustenta en declaraciones a la justicia de exejecutivos de Odebrecht, que destaparon una red de sobornos y comisiones ilegales a cientos de políticos brasileños de todo el arco parlamentario y que se extendió por otros países de Latinoamérica.

De acuerdo con la denuncia, la intención de Odebrecht era "mantener el proyecto de concesiones y privatizaciones del Estado de San Pablo", así como "encubrir diversos fraudes en la ley de licitaciones, tales como formación de cartel y sobrefacturación de obras".

Las investigaciones contra Alckmin surgieron cuando todavía era gobernador de Sao Paulo y fueron asumidas inicialmente por el Tribunal Superior de Justicia (STJ).

Tras abandonar el gobierno de San Pablo para competir por la presidencia del país, el caso fue a parar a la Justicia Electoral de San Pablo y en paralelo el Ministerio Público o fiscalía abrió una investigación para apurar posibles irregularidades administrativas.

Alckmin y su equipo de campaña dijeron en una nota que "no hay hechos nuevos, apenas una conclusión equivocada y un comportamiento inusual". "El fiscal, inexplicablemente, sugiere algo que no existe y que nadie jamás pensó, ni siquiera los citados delatores (de Odebrecht). Nunca hubo relación alguna con actos de gobierno", apuntaron.

También criticaron la convocatoria por parte de la Fiscalía de una rueda de prensa -que más tarde fue cancelada- para ampliar las informaciones, lo que, a su juicio, equivale a un "acto político" que "no es compatible con el estado de normalidad democrática que vive hoy Brasil".

"Acciones aisladas como la de hoy dañan la tradición del Ministerio Público y perjudican el debido esclarecimiento del caso", indicaron, al tiempo que subrayaron su "absoluta defensa" de las autoridades en el combate a la corrupción.