Fiscal y Previsional

Jurisprudencia tributaria y previsional

Por SUSANA SILVIA ACCORINTI (*)
SUSANA SILVIA ACCORINTI (*)
13/08/2018 | 00:00

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN *

Impuesto a las ganancias. Ajuste por inflación. Acción declarativa de certeza. Queja por denegatoria de recurso extraordinario. Cuestión de hecho y prueba. Confiscatoriedad.

- "Recurso de hecho deducido por la actora en la causa GAETANO DE MAIO S.A. c/P.E.N. (Ministerio de Economía) y otro s/acción mere declarativa de inconstitucionalidad", sentencia del 10 de julio de 2018.

Gaetano de Maio S.A. inició esta acción judicial con el objeto que se declare la inconstitucionalidad o, en su caso, para que no se aplique el mecanismo de ajuste por inflación (1) respecto de sus declaraciones juradas del impuesto a las ganancias, período fiscal 2002.

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de La Plata Nª 4 rechazó la demanda por considerar que la prueba pericial producida no era suficiente para demostrar en qué medida el patrimonio y las rentas de la actora se vieron afectadas por la variación de los índices durante el ejercicio fiscal involucrado, no existiendo otra prueba en tal sentido. Aclaró que no basta una cuenta unilateral realizada por la propia empresa en donde no consta cómo calculó el ajuste por inflación sumado a que no surgía que el monto a ingresar por el tributo fuera confiscatorio. Además, destacó que si se compara el monto del impuesto con el patrimonio neto de la actora al cierre del ejercicio, se observa que el gravamen a ingresar representa el 13,24% del patrimonio neto de la sociedad.

La actora apeló el fallo de primera instancia, expresando que la pericia contable era válida por ratificar su postura pues, en este caso, se configura un supuesto de confiscatoriedad de acuerdo a la jurisprudencia de "Candy" (Fallos 332:1571* (2) al pagar un impuesto sobre un resultado negativo y, por tanto, se produce una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta.

La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de la Plata confirmó el fallo de primera de instancia basado en que no se verificaba un caso de confiscatoriedad, según el precedente invocado, ratificando los valores y los porcentajes ponderados por el juez anterior.

Contra el fallo de la Sala platense, la actora interpuso recurso extraordinario cuya denegación originó la presentación de esta queja y señaló que la sentencia es arbitraria porque omitió analizar los agravios relativos a la forma de apreciar la prueba conforme "Candy S.A."

Para la Corte Suprema, existe cuestión federal que habilita la vía extraordinaria no obstante reconocer que el tema planteado presenta aspectos de índole fáctica y de derecho procesal, que corresponde a los jueces de la causa y es ajena a esta instancia de excepción. Sin embargo, admite el recurso porque la decisión atacada no trata cuestiones conducentes oportunamente invocadas por el interesado, con evidente lesión de la garantía del debido proceso (Fallos: 310:1764; 312:952, entre otros*). Aquí, el tribunal anterior no ponderó los argumentos de la actora relativos a la prueba aportada a la causa y se fundó en los cálculos practicados por el juez de primera instancia para fallar que el pago del impuesto, sin ajuste por inflación, no vulneraba el art. 17 de la Constitución Nacional. Sobre este último punto, la Corte recuerda que en el caso "Candy S.A.", para verificar la existencia de confiscatoriedad, consideró que "la alícuota efectiva del tributo a ingresar no sería del 35% sino que representaría el 62% del resultado impositivo ajustado correspondiente al ejercicio 2002, o el 55% de las utilidades -también ajustadas- obtenidas por la actora durante el ejercicio de ese mismo año" (Considerando 8). En ningún momento, en "Candy S.A.", el Alto Tribunal ponderó que la afectación pudiera determinarse a partir de la comparación del impuesto que debía abonarse con el patrimonio neto del contribuyente, como sucedió en esta causa.

En consecuencia, se hace lugar a la queja, se declara formalmente admisible el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada, con costas. También se ordena reintegrar el depósito de la queja (3) y se devuelve la causa para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento de acuerdo a este fallo.

SEGURIDAD SOCIAL

Relevamiento de personal. Acta de inspección y de infracción no son actos administrativos. Cooperativa dadora de trabajo a un tercero. Supuesto de fraude laboral. Solidaridad. Presunciones. Principios de interpretación. Multa.

"Coop. De Trabajo Doble H Ltda. c/Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social s/impugnación de deuda", Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala I, sentencia del 16 de marzo de 2018.

Esta causa se origina en un relevamiento de personal llevado a cabo por inspectores del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación a través del cual las personas relevadas declararon efectuar distintas tareas relacionadas con la actividad de construcción, con días y horarios de trabajo, prestando sus servicios para un tercero que no tiene fines cooperativos, motivo por el cual se le impuso un cargo por fraude a la legislación laboral.

El Ministerio desestimó el recurso administrativo presentado por la Cooperativa contra la multa impuesta desestimado y dictó una resolución que fue apelada judicialmente previo pago de los montos discutidos (4).

Para la actora, la imputación debe revisarse pues las personas encuestadas prestaban trabajos propios de su calidad de socios de la cooperativa y no había relación de dependencia, señalando que los inspectores decidieron arbitrariamente afirmar que no eran socios, sin dar fundamento. También pide la nulidad de las actas labradas.

La Sala I advierte que las actas no son actos administrativos sino que son diligencias que se instrumentan mediante actas de verificación de modo que no reúnen los requisitos de un acto administrativo y el obligado cuenta con los medios legales para demostrar la improcedencia de la postura fiscal. Las actas de inspección y de infracción constituyen una constatación de la Administración acerca de la situación del contribuyente y tampoco se exige que sean realizadas por Juez administrativo ya que son cuestionadas en un procedimiento administrativo de manera que se rechaza la nulidad planteada.

En cuanto al tema de fondo, el Tribunal analiza el verdadero objeto del contrato celebrado por la cooperativa. De la prueba agregada a la causa surge que la cooperativa le da trabajo a un tercero que no tiene fines cooperativos y no realiza tareas para la cooperativa. La Ley de Contrato de Trabajo establece que las personas enviadas por una cooperativa a prestar servicios para terceros están vinculadas por una relación laboral (5) y no son socios. Es una formalidad sin contenido real ya que no aportan trabajo a la cooperativa sino que lo hacen para otra persona, física o jurídica, y como contraprestación reciben un pago de tipo salarial por realizar tareas como trabajador pero no en calidad de socio. La prestación ofrecida por la Cooperativa es un supuesto de fraude laboral, que altera la estructura con el pretexto de la existencia de actos cooperativos y priva de la tutela laboral a las personas que trabajan para cooperativas de trabajo que son colocadoras de personal para terceros (6). De allí que es inválido el argumento de la apelante por cuanto los relevados son empleados directos al haber sido utilizadas sus prestaciones.

Para la Sala, la ley 26.063 (B.O.: 9/12/05), destinada a disminuir la morosidad y la evasión de la recaudación de los recursos de la seguridad social, refrenda el accionar del Ministerio. Ello, así, pues fija una presunción general en cuanto presume, salvo prueba en contrario, que la prestación personal efectuada a través de un trabajo se realiza por un contrato laboral pactado, sea expresa o tácitamente, entre las partes y, acerca de las cooperativas, establece que los asociados a cooperativas de trabajo son empleados en relación de dependencia de quien utilice sus servicios para cumplir el objetivo principal de su actividad, resultando solidariamente responsables de las obligaciones relativas al Sistema único de la Seguridad Social las personas que los contraten (7).

El Tribunal recuerda las facultades jurisdiccionales de la policía del trabajo en base a jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ("Aerolíneas Argentinas c/Ministerio de Trabajo", sentencia del 24 de febrero de 2009) y señala que actúa como autoridad de aplicación para comprobar y sancionar infracciones laborales, sujetas al control posterior de un tribunal de Justicia que decidirá sobre la legalidad o razonabilidad ("S.A. Cantegril Internacional", Fallos: 298:714, 716/717 C1977C). Agrega que no es contrario a la Constitución Nacional sino que surge de la manda del art. 14 bis de modo que los organismos del Estado deben efectuar un celoso y amplio control del cumplimiento de las obligaciones laborales en concreto.

Sobre la multa, la Sala reitera su postura en cuanto a que la sola constatación de la infracción genera la consiguiente responsabilidad y sanción del infractor, sin que se requiera elemento subjetivo, no obstante el derecho del infractor a invocar y demostrar que existe alguna causal exculpatoria (8). Además, aquí se verifica falta de denuncia de los trabajadores e incumplimiento de la retención de aportes, lo cual fue cometido respecto de más del cincuenta por ciento de los trabajadores, no habiendo sido demostrado el perjuicio que le ocasiona la aplicación de la normativa.

Por último, el Tribunal observa que las leyes tributarias deben interpretarse según el principio de la realidad económica y, para determinar el hecho imponible, hay que atenerse a la sustancia y no a las formas jurídicas. Este principio, receptado por la citada ley 26.063, aplique el art. 2 de la ley 11.683 al derecho de la seguridad social.

En consecuencia, se declara formalmente admisible la apelación y confirma la resolución ministerial recurrida, con costas por su orden (Fallos 300:895 (9).

PENAL TRIBUTARIO

Extinción de la acción penal. Acogimiento a la ley 27.260. Blanqueo de divisas.

"Incidente de acogimiento a la ley 27.260 en causa Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Dinámica Ltda. y otros s/infracción ley 24.144", Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala B, sentencia del 8 de junio de 2018.

El defensor de uno de los imputados apela la resolución del Juez anterior (10) que no hizo lugar a la extinción de la acción penal solicitada según la ley 27.260 y al archivo de la causa, fundado en que la documentación que acompañó demuestra la exteriorización de tenencia de moneda en el exterior y su acogimiento a los beneficios de dicha ley vinculado con las operaciones de cambio involucradas.

Para la Fiscal de primera instancia, no correspondía acceder al beneficio porque no existe un fallo firme respecto de la Cooperativa y del recurrente de manera que hay aún supuestas transgresiones cambiarias que se centran sustancialmente en la presunta actividad cambiaria marginal instrumentada por la Cooperativa. Además, el peticionante no indicó la vinculación entre los bienes y las transgresiones en cuestión.

Según el fallo apelado, las operaciones de cambio por las que se dictó sentencia de condena fueron documentadas desde un comienzo por los imputados, sin generar ganancia que haya podido mantenerse oculta hasta su exteriorización por el apelante y no guardan ninguna relación con los tres hechos objeto de la condena por infracción al régimen penal cambiario.

La Sala B se remite a la ley 27.260 (art. 46, inciso b y arts. 38 y 50) que establece los sujetos y alcances del beneficio peticionado y considera que la declaración voluntaria y excepcional relativa al presente caso no está obligada a brindar a la AFIP información adicional, sin perjuicio del cumplimiento de la ley sobre lavado de activo de origen delictivo (ley 25.246) y de la capacidad de la AFIP de ejecutar sus obligaciones y cooperar con otras entidades públicas en el marco legal.

Para el Tribunal, el fallo apelado no se ajusta a derecho pues, si en la causa principal se investiga la presunta operación marginal de compra y venta de divisas por los imputados, el hecho de exteriorizar la tenencia de moneda nacional o extranjera, de constatarse la efectiva exteriorización, tendría como consecuencia la liberación de toda acción por la comisión de los hechos previstos por la ley penal cambiaria.

En consecuencia, se revoca la resolución recurrida, sin costas (arts. 530, 531, Código de Procedimiento Penal de la Nación).

* Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación pueden ser consultados en www.csjn.gov.ar

(1) Art. 39, ley 24.073; art. 4, ley 25.561 y art. 5, Decreto 214/2002.

(2) En Candy S.A. (sentencia del 3 de julio de 2009, comentada en esta columna publicada el 14 de septiembre de 2009) se reconoció que durante el año 2002 hubo un grave estado de perturbación económica, social y política que dio lugar a una de las crisis más graves de nuestro país, con consecuentes cambios económicos, crisis que se vio reflejada en los índices de precios tanto a nivel mayorista como a consumidor final cuyos porcentajes acumulados en ese año ascendieron a un 117,96% y 40,9%, respectivamente. Para la Corte, la pericia demostró que la prohibición de utilizar el mecanismo de ajuste del Titulo Vl de la ley del impuesto a las ganancias no le era aplicable en la medida que la alícuota efectiva a ingresar insumía una sustancial porción de las rentas obtenidas y excedía cualquier límite razonable de imposición, configurándose confiscatoriedad en el período fiscal discutido.

(3) El recurso de queja ante la Corte Suprema exige efectuar un depósito de una suma de dinero que, en la actualidad, es de $ 26.000 (art. 286, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y Acordada 44/2016).

(4) Para impugnar judicialmente este tipo de resoluciones, hay que efectuar el depósito previo de todos los montos cuestionados para abrir la instancia ante la Cámara Federal de la Seguridad Social. La omisión del depósito provoca la deserción del recurso y el Ministerio estará habilitado para iniciar un juicio de ejecución fiscal para cobrar esos montos y trabar embargo de cuentas bancarias con intervención del Juez competente.

(5) Art. 27, Ley de Contrato de Trabajo.

(6) Art. 14 y 29, Ley de Contrato de Trabajo, ratificado por el art. 40 de la ley 25.877 que dice que "Las cooperativas de trabajo no podrán actuar como empresas de provisión de servicios eventuales ni de temporada ni de cualquier otro modo brindar servicios propios de las agencias de colocación."

(7) Arts. 4; 5 inciso b y 8, ley 26.063.

(8) En "Pilot Pen S.A. c/DGI s/impugnació n de deuda", Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala II, fallo del 19 de octubre de 1998, comentado en "Recursos de la Seguridad Social- Procedimientos y sentencias esenciales" (Accorinti Susana, 2da. Edición, La Ley, 2013).

(9) Este precedente de la Corte Suprema es "Gomerías Alberdi S.A.C.I. s/apelación" del 16 de agosto de 1978, analizado en el mismo libro citado en el punto anterior.

(10) Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nro. 1, Secretaría Nro. 1.

(*) La Dra.Susana Silvia Accorinti es abogada, especialista en temas tributarios y previsionales. Su dirección de e-mail es: Susana.accorinti@hotmail.com