Economía y política

Jubilaciones de privilegio: negocian para evitar una ola masiva de amparos

Por  BERNARDO VÁZQUEZ

En la Justicia hay incertidumbre sobre el alcance de la ley. Niegan ser "privilegiados" y buscan acordar una medida intermedia, para que no surjan demandas que, se estima, podrían dar alcance a 7000 casos
Jubilaciones de privilegio: negocian para evitar una ola masiva de amparos

21/01/2020 | 22:14

Es verano, y como cada temporada estival, la actividad en le Corte Suprema de Justicia es escasa. Con los jueces de vacaciones, y turnándose para cubrir la feria, se espera que el ritmo habitual de trabajo se retome a partir de marzo, cuando se realice la tradicional apertura del año judicial. Sin embargo, aun en pleno receso, la expectativa sobre temas que van a empezar a rebotar pronto ya está instalada en el cuarto piso de Talcahuano.

El punto clave de la agenda judicial que viene tiene que ver con cómo será finalmente la reforma que el Gobierno impulsa para el sector, que se trataría en sesiones ordinarias, y el proyecto que apunta a modificar el sistema de jubilaciones de privilegio de los empleados del Poder Judicial.

De entrada, en el ámbito de los magistrados sostienen que el rótulo de "privilegio" está mal llamado. "Los aportes que pagan los jueces son muy altos, por eso el pedido es que se nivele para arriba", cuenta una fuente del sector. Además, en el mundillo judicial admiten que están expectantes ante la "letra chica" que se defina sobre las jubilaciones de privilegio, ya que no sólo incluye a jueces federales, sino también a mucho "funcionaraje", es decir, funcionarios de segundas y terceras líneas que están en el mismo rango.

Se llegó a hablar de amparos ante una hipotética ley que surja desde el Congreso sobre el tema, que podrían abarcar a 7000 casos de daminificados. El número sería menor, creen en la Justicia, porque se están negociando puntos con el Gobierno. Por ejemplo, que la medida no sea retroactiva e incluya a todos los jueces, sino a partir de una fecha determinada. Por ejemplo, cuando el macrismo promovió, y aprobó en el Congreso, que los magistrados paguen impuesto a las Ganancias se fijó que se aplique a aquellos designados después del 1° de enero de 2017.

La reforma judicial también preocupa en la Justicia, aunque no en los niveles del denominado plan de democratización del sector que impulsó en su momento el gobierno de Cristina Fernández, frustrado a posteriori por la propia Corte.

Fuentes judiciales consideran que en sus mensajes, Alberto Fernández refiere mucho a Comodoro Py, ámbito que define casi como "mafioso", cuando en realidad la totalidad de jueces federales que trabajan en Retiro son apenas 25, una porción ínfima de los 1000 que existen en todo el país. Por ello, si bien existe "espíritu positivo" respecto a cambios que surjan de esa ley, hay incertidumbre sobre a quiénes afectará.

Desde la Corte, mientras, se dio a conocer en los primeros días del año un informe que revela que el máximo tribunal resolvió 29.263 causas en el transcurso de 2019, número exponencialmente superior al de años anteriores. Se resolvieron, además, 7835 controversias mediante el dictado de 6814 sentencias. Todo, en un cuerpo que componen cinco jueces.

Por eso, se bajó un pedido desde el alto tribunal para que en las instancias menores, como Casación o Cámara Federal, se resuelvan las causas con más celeridad y sin tener que recurrir a la Corte si no hace falta. Existen quejas desde el sector de abogados para que la Corte no se exprese tanto mediante el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que implica el rechazo de recursos extraordinarios. En la Corte aseguran que se usa sólo en un 10% de las causas.

Mientras, en el máximo tribunal tejen buena relación con la ministra de Justicia Marcela Losardo, a quien en Talcahuano ven como "la representante de Alberto Fernández en la Justicia", sin necesidad de recurrir a otros intermediarios políticos. Losardo se reunió con los jueces antes de fin de año, y se espera que las reuniones se sigan haciendo de manera periódica.