Jubilaciones de privilegio: el próximo miércoles arranca el debate en Diputados

Sergio Massa, titular del cuerpo, formalizó hoy la convocatoria al plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social para ese día a las 14. El oficialismo quiere obtener dictamen y tratarla en el recinto al día siguiente.

Como anticipó el Cronista, el proyecto de ley para modificar las jubilaciones de privilegio de los funcionarios del Poder Judicial y del Servicio Exterior, que el Gobierno envió el viernes pasado al Congreso, comenzará a ser tratado en la Cámara de Diputados el próximo miércoles 26.

El titular del cuerpo, Sergio Massa , formalizó hoy la convocatoria al plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social para ese día a partir de las 14. Fuentes del oficialismo parlamentario anticiparon también que si la iniciativa obtiene dictamente favorable ese día, será tratada en sesión especial el jueves 27 desde las 12 para intentar darle media sanción.

La dinámica planteada por el Frente de Todos (FdT) es resistida por los bloques opositores, principalmente el de Juntos por el Cambio (JxC), que rechazaron "un trámite exprés del proyecto" y pidieron la asistencia en las comisiones de funcionarios, de asociaciones judiciales, de diplomáticos y de gremialistas, entre otros.

Buscando despejar las dudas, el oficialismo garantizó que el debate en comisión será "con amplitud de participantes y con la extensión que sea necesaria para garantizar una buena ley". 

Las jubilaciones de privilegio alcanzan en la actualidad a más de 8000 personas que perciben haberes promedio de entre $ 235.000 y $ 335.000 por mes, es decir hasta 17 veces más que la jubilación mínima que hoy es de $ 14.067. Estos regímenes especiales suponen un gasto de $ 25.000 millones anuales, aún cuando solo representan un 3% del total del universo de la clase pasiva.

En esos números hace foco el Ejecutivo que, en los considerandos de la iniciativa, señala que "se busca reducir las inequidades existentes en el sistema previsional, en buena parte originadas por regímenes especiales cuyas reglas de acceso y determinación de los beneficios han consolidado verdaderos sectores de privilegio dentro del régimen público de reparto sobre el que impactan .

Los cambios más importantes
  •  Aumento escalonado de la edad mínima jubilatoria hasta alcanzar los 65 años:  la escala arrancará en 60 años en 2020 e irá subiendo progresivamente hasta llegar a los 65 en 2025.
  • Incremento de siete puntos porcentuales en el aporte jubilatorio: de esta forma los funcionarios alcanzados aportarán el 18% de su salario, a diferencia de los del régimen general que contribuyen con el 11%.
  • Reducción de los cargos que pueden acceder a estas jubilaciones: el proyecto de ley mantiene dentro de este régimen especial a los jueces de la Corte y a los de Cámara, así como a los fiscales y procuradores, pero excluye, por ejemplo, a los prosecretarios administrativos, que antes lo integraban.
  • Incremento de los años de servicio con aportes requeridos: como en el sistema general, se deberán acreditar 30 años de servicio con aportes computables en uno o más regímenes incluidos en el sistema de reciprocidad jubilatorio.
  • La jubilación será equivalente al 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas, es decir, de los últimos diez años.

 

En el caso del Servicio Exterior, el proyecto establece, además, que la prestación de servicios en los destinos considerados como peligrosos o insalubres no será computada doble a los fines de acreditar el requisito de años, como sucedía hasta hoy.

Y dispone finalmente que los funcionarios del Servicio Exterior que sean designados a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley “estarán obligatoriamente comprendidos en el Régimen Previsional General por lo cual quedará “derogado el régimen previsional especial instituido por la Ley N° 22.731 .

El proyecto
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