Economía y política

El Gobierno y los militares se disputan una caja de $ 20.000 millones

Por  EZEQUIEL M. CHABAY

El ministro evalúa remover al personal uniformado que desempeña tareas en la obra social castrense, que tiene más de 600.000 afiliados. Los efectivos retirados y en actividad denuncian desmanejos económicos y el nombramiento de gerentes por "razones políticas".
El Gobierno y los militares se disputan una caja de $ 20.000 millones

11/02/2019 | 17:20

Un nuevo foco de conflicto emergió la semana pasada entre el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y la cúpula militar, por el control del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa), una dependencia pública que desde su fundación, en 2013, ha manejado más de $ 40.000 millones, y a la que este año se le han asignado cerca de $ 20.000 millones.

El presidente del Iosfa, Pedro Barrios, solicitó mediante una nota formal dirigida al Ministerio de Defensa el pasado 7 de febrero que Aguad releve a los militares que cumplen funciones en este organismo cuyo directorio, compuesto por once asientos, tiene ocho representantes de las fuerzas armadas y de seguridad.

El instituto ofrece prestaciones médicas 638.000 afiliados, entre a los efectivos del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Prefectura Naval y la Gendarmería, además de sus familiares. Pero en los ámbitos castrenses señalan que Aguad tiene una "obsesión" con la obra social y los hospitales militares, a los cuales pretendería llevar a un régimen de gerenciamiento privado.

Barrios asumió la presidencia del Iosfa en diciembre de 2017 gracias a su aceitado vínculo con Aguad, al cual asesora al menos desde que el radical intentó gobernar Córdoba, en 2011. De allí que la nota remitida al Ministerio sea interpretada como una jugada en connivencia para liquidar a un directorio que le es hostil.

El presidente del Iosfa se justifó diciendo que el organismo adolece de "dificultades operativas y de gestión (...) debido a la designación de personal militar y de seguridad (...) sin consulta previa", y se quejó de la oposición que encuentra su misión al frente del organismo.

"Hasta el momento no se ha logrado la implementación de una unificación clara y precisa respecto de los criterios de dependencia funcional y cumplimiento de las instrucciones impartidas por la presidencia del directorio", puso por escrito Barrios, militante de la UCR cordobesa.

Pedro Barrios, actual presidente del Iosfa, pidió la remoción de los militares en el organismo

Malestar con la cúpula

La posible remoción del personal castrense en este instituto -creado por decreto de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner- despertó el malestar entre los militares, que agitan la intención de Aguad de ir hacia una "privatización" de los servicios médicos. En esta línea estaría el jefe del Estado Mayor Conjunto, Bari del Valle Sosa, pero no así los oficiales y suboficiales, que se consideran únicos responsables del Iosfa.

En efecto, El Cronista tuvo acceso a un proyecto de Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que el Ministerio de Defensa y la cartera de Seguridad, de Patricia Bullrich, planeaban que el presidente Macri firmara para reducir el directorio de diez a cinco vocales, uno por fuerza, y limitar sus funciones en la gestión cotidiana, que asumirá el gerente general.

Precisamente hoy llueven críticas sobre el gerente general, Tomás Chavich, y otros directivos, por la cuestionada idoneidad para los puestos que ocupan y los sueldos que tienen. Chavich es cuestionado por sus antecedentes académicos y profesionales, ya que trabajó en fondos privados de gerenciamiento de pensiones en Chile entre 2002 y 2016.

La Unión del Personal Militar (Upmac) presentó en octubre pasado una denuncia ante la Justicia federal y la Auditoría General de la Nación (AGN) en la que señala, entre otros puntos, el "exceso de gastos administrativos", que en 2017 ascendieron a 13,2% cuando por norma están limitados al 8%, y la incorporación de personal jerárquico con sueldos similares a los de un subsecretario de Estado.

No solo los militares se quejan. Los gremios que representan al personal civil de Iosfa y representan a los 2200 contratados y 800 empleados de planta denuncian que "las prestaciones son cada vez peores, los reintegros a los afiliados son mucho más difíciles, y los sueldos se convirtieron en miseria".

ATE Iosfa viene alertando sobre el abandono de servicios propios de la obra social, la interrupción en la compra de insumos, la negativa para reemplazar personal y el "vaciamiento" del único policlínico propio, ubicado en Almagro.