Un préstamo excepcional que puede facilitar un ajuste fiscal y externo más ordenado y menos brusco

La Argentina accedería (de no mediar sorpresas con la aprobación de parte del directorio del FMI) a un crédito stand by de alto acceso de u$s 50.000 Millones, por un plazo de 36 meses. Se trata de un monto excepcional de financiamiento de 11 veces la cuota y casi cuatro veces mayor al otorgado por el FMI en oportunidad del "blindaje" obtenido por el presidente De la Rúa en diciembre de 2000. De todas maneras, hay que tener presente dos cuestiones. La primera, que el plazo es más extenso que los programas usuales y por lo tanto tenía que tener un monto más alto. Segundo, y aún más importante, según se aclaró en el comunicado del FMI, "las autoridades han anunciado la intención de girar contra el primer tramo del acuerdo, pero posteriormente tratarán el préstamo con carácter precautorio." Ese desembolso inicial sería de u$s 15.000 Millones, y estaría destinado en parte para el financiamiento del Tesoro y en parte para reforzar reservas, pero se desconoce en qué proporción se repartirían los fondos. Pero, los u$s 35.000 millones restantes sólo estarían disponibles a requerimiento de las autoridades argentinas. Vale la pena mencionar que estas líneas precautorias sirven como herramienta disuasoria, pero hay que ser muy cuidadosos al momento de usarlas. Porque el sólo hecho de solicitar su desembolso puede gatillar una profundización de las condiciones (desconfianza) que llevaron a las autoridades a solicitarlo.

 

El financiamiento otorgado por el FMI, y el que se obtendría de otras instituciones (que sería de unos u$s 5600 millones extra), deberían permitir por un lado un ajuste más ordenado y menos brusco del desequilibrio fiscal y del desequilibrio externo. Con consecuencias menos gravosas sobre la actividad económica y el empleo. Pero al mismo tiempo, debería permitir que la Argentina cuente con la posibilidad de reganar más temprano que tarde el acceso a los mercados de deuda voluntarios de deuda soberana. Lamentablemente, la situación de los mercados de deuda emergente no es de las mejores (con varios mercados grandes experimentado fuertes turbulencias: primero la Argentina, después Turquía y ahora Brasil) y por lo tanto ese re-acceso de nuestro país al financiamiento voluntario podría demorarse en el tiempo.

A la vez, los anuncios en materia de política monetaria apuntan a reducir la "dominancia fiscal" sobre el balance del BCRA. Por un lado, se apunta a llevar a cero el financiamiento directo del Tesoro con emisión monetaria, y para ello se promueve un cambio de la Carta Orgánica del BCRA. Asimismo, se apunta a una progresiva reducción del stock de Lebac, mediante la recompra de las mismas a partir de recursos aportados por el Tesoro. Tales recursos provendrían de la cancelación anticipada, en pesos, de Letras intransferibles del Tesoro que hoy están en poder del BCRA. Se trataría de unos u$s 25,000 millones en tres años, pero por ahora no hay un cronograma concreto al respecto. El Tesoro podría obtener esos pesos del mercado colocando deuda, por lo que en la práctica la recompra de Lebac se haría contra títulos públicos del Tesoro (una suerte de canje de un instrumento por otro, aunque los tenedores de uno y otro instrumento no tienen por qué ser los mismos).

El acuerdo descomprime entonces la restricción de divisas y plantea un mecanismo para reducir progresivamente la incertidumbre monetaria que genera un pasivo del BCRA bajo sospecha. De todas maneras, el acuerdo per sé no es suficiente para evitar que en los próximos meses se verifique un escenario dominado por malas noticias provenientes de una inflación en un escalón más alto, una actividad económica más baja y, como resultado de ello, un contexto social y político más tenso e incierto. Resta por verse si la progresiva mejora de los fundamentals macro, en el marco del cumplimiento del acuerdo alcanzado con el FMI, es suficiente para compensar los efectos de estas dinámicas en el marco de un proceso electoral que promete ser largo y volátil.

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