PUNTO DE VISTA

Un desafío superior

La educación es un derecho humano básico, universal e inalienable: todas las personas, con independencia de su situación socioeconómica, género, religión, lugar de residencia u origen, tienen derecho a acceder a esta formidable herramienta que hace en gran medida posible la igualdad de oportunidades.

Durante el siglo XX nuestro país fue artífice de un proceso de universalización de la educación primaria y media que, constituidas hoy ya como tramos obligatorios del sistema educativo formal, son -aun con todas las dificultades y matices que puedan debatirse- la garantía de ese derecho humano básico a la educación.

Hoy, en pleno siglo XXI, estamos frente a un nuevo desafío, el de la universalización de la educación superior, que no sólo se erige en garante de la igualdad de oportunidades en un contexto laboral y profesional cada vez más competitivo y demandante, sino también en un factor decisivo para el desarrollo nacional. Universalización de la educación superior que implica profundizar la democratización de la universidad, garantizando el acceso pero también las condiciones para la permanencia y el egreso a todos los que quieran estudiar a través de una oferta educativa pública de calidad y disponible a lo largo y a lo ancho del país.

 

Universalización e igualdad de oportunidades

 

En la Argentina existen -según datos del Consejo Interuniversitario Nacional- 67 universidades nacionales, con presencia en todas las provincias del país. A partir del proceso de expansión territorial de las universidades hacia el interior del país que se ha venido profundizando en los últimos años, se evidencia un importante crecimiento en la matrícula y en las inscripciones a las instituciones de educación superior, lo que en un futuro dará a la Argentina nuevas camadas de universitarios y profesionales.

Muchos jóvenes, cuyos padres no pudieron acceder a la universidad, se encuentran cursando carreras universitarias que los convertirán en los primeros profesionales de sus respectivas familias.

En la UBA, por ejemplo, el 50% de sus estudiantes son primera generación de universitarios. En las universidades del conurbano bonaerense, estas cifras escalan, alcanzando niveles que superan el 90% en la Universidad de La Matanza o la de Moreno.

Sin dudas, se trata de números más que elocuentes sobre la potencialidad de la educación superior para recrear la movilidad social ascendente que caracterizó a nuestro país durante buena parte del siglo XX y que dio lugar al nacimiento de las amplias capas medias que durante años fueron toda una excepcionalidad en el contexto de América latina. Un anhelo que se resignifica y actualiza teniendo en cuenta que a nivel global se evidencia una relación directamente proporcional entre el nivel de estudios alcanzados y la capacidad de acceder a empleos más calificados y a ingresos más altos: en promedio, según la OCDE, un universitario tiene 10% más de probabilidades de ser empleado, y percibe 56% más que quien sólo cuenta con el secundario completo.

Las ventajas de la educación superior trascienden, sin embargo, lo meramente educativo. La universidad es también un espacio de socialización y de generación de vínculos interpersonales, que más allá de lo curricular, transmite valores como la solidaridad, el compromiso con la comunidad y el trabajo colaborativo, entre otros.

En la Argentina, uno de cada cinco jóvenes de entre 20 y 24 años estudia en la universidad. Sin embargo, según un informe de la OCDE ,el porcentaje de estudiantes que finalizan su educación superior y alcanzan un título universitario no llega al 20%, un porcentaje muy inferior a la media de los 37 países que integran dicha organización (42%).

Por ello resulta imprescindible trabajar para mejorar significativamente la retención y las tasas de egreso. Y para ello, el camino pasa por garantizar una igualdad real, apoyando a los estudiantes con herramientas económicas y pedagógicas para que tengan el mismo derecho a finalizar sus estudios que quienes tienen una situación económica privilegiada.

 

Una universidad al servicio del desarrollo de la Nación

 

Nuestro país, cuna de la Reforma Universitaria de 1918, fue pionero en considerar a la educación superior como un activo fundamental para la construcción de la Nación, el progreso de nuestro pueblo, y el desarrollo de una ciudadanía plena respetuosa de los derechos humanos, la convivencia democrática y las libertades fundamentales.

La universidad argentina que emergió tras el "grito de Córdoba" consolidó tres funciones elementales: la docencia, la investigación y la extensión. A través de ellas, la educación superior pretende trascender las paredes de los claustros universitarios para vincularse directamente con la comunidad en la que está inmersa, con una producción académica y científica pertinente para abordar los grandes temas del desarrollo nacional y regional.

Es imprescindible que la educación deje entonces de ser pensada como un gasto y bien "comercializable" para pasar a ser concebida como una inversión y un "bien público y derecho humano fundamental" (UNESCO). Para esto, es ineludible que los gobiernos, la comunidad educativa, quienes tenemos responsabilidades dirigenciales en organizaciones de la sociedad civil, y la sociedad en su conjunto, ubiquemos a la educación en el centro de nuestros debates y preocupaciones fundamentales.

Como reza la frase de Paulo Freire, el famoso pedagogo: "La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo". Sin duda, la Argentina, nuestro país, necesita que esta formidable herramienta igualadora esté al servicio del desarrollo y de un proyecto de país más inclusivo y solidario.

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