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Instituciones y corrupción

Por ROSA CAÑETE ALONSO
Instituciones y corrupción
ROSA CAÑETE ALONSO
16/11/2018 | 02:20

El último Informe de Competitividad Global marca como prioridad para América Latina y el Caribe el fortalecimiento de las instituciones, cuyo desempeño promedio es aproximadamente el mismo que el del África subsahariana. El informe plantea también que "en muchos países, los altos niveles de corrupción percibida revelan un factor importante que socava la fortaleza de las instituciones".

Los escándalos de corrupción han golpeado la región en los últimos años, lo que aumentó la desconfianza de la ciudadanía en el manejo de los fondos públicos. Esto cuestiona el rol del Estado, fragmenta el contrato social y el apoyo al sistema democrático. La corrupción ha atravesado gobiernos de todo signo ideológico.

El último informe de Oxfam y CLACSO, "Democracias capturadas: el gobierno de unos pocos", plantea que las élites, tanto políticas como económicas, participan de la corrupción que merma los recursos públicos. La corrupción no solo vulnera los derechos de la población que podrían haberse satisfecho con los recursos robados, sino que también afecta la competitividad ya que da ventaja a unas empresas sobre otras en el acceso a contratos públicos.

En los próximos días, los países más poderosos del mundo se reunirán en Buenos Aires en la Cumbre del G20. Uno de los temas prioritarios que abordarán es cómo movilizar recursos para reducir el déficit en infraestructura, y para ello plantean que "es fundamental lograr una mayor participación del sector privado para potenciar la inversión en infraestructura". Las Asociaciones Público Privadas (APPs) se han impulsado en AL y el Caribe desde organismos internacionales y donantes bilaterales y multilaterales bajo el argumento de que permiten al Estado limitar sus gastos y riesgos, mientras que la empresa puede contribuir con su expertise y capital en la operación de un proyecto. Según esta idea, si se reducen las regulaciones que ponen "trabas" al emprendimiento privado se eliminaría el rent seeking o la búsqueda de favores hacia las empresas.

Otro argumento que plantea el recién publicado Informe de Oxfam y CLACSO es que, para que estos modelos funcionen de cara al bien común, se necesitan Estados que puedan regular de forma efectiva al sector privado. Si esto no ocurre, se esperaría que gobiernos que no han sido capaces de limitar la corrupción pública consigan limitar ahora la corrupción privada y la pública a la vez.

La puerta giratoria también afecta la competitividad. El flujo de altos cargos entre sector público y privado parece un tránsito habitual que evidencia la colusión de intereses de élites políticas y económicas. Otro hallazgo del informe es que este mecanismo es habitual para asegurar tratos privilegiados.

El fortalecimiento de las instituciones públicas debería ser una agenda prioritaria en el G20, así como dentro del sector empresarial. Aumentar la competitividad depende también de la existencia de un Estado fuerte y eficiente que sea capaz de garantizar las condiciones necesarias para un buen clima de inversión y competitivo.