Articular el cuidado colectivo con el derecho individual, el desafío que viene

Nadie duda de que una pandemia es una situación extraordinaria, más aún cuando el virus que la protagoniza ha demostrado una enorme facilidad de contagio. Por eso a lo largo de todo el planeta se han tomado medidas igual de extraordinarias para combatir su expansión. Sin embargo, en muchos países ha surgido como debate legal y político si esas decisiones para cuidar la salud pública deben tener un límite temporal.

En la Argentina esa discusión se exteriorizó de una manera muy marcada después de que Alberto Fernández extendiera hasta el 8 de junio dos el aislamiento obligatorio. Ricardo Lorenzetti, uno de los jueces con mayor predicamento en la Corte Suprema de Justicia, fue más allá al señalar la conveniencia de rediseñar la estrategia utilizada hasta ahora para aplicar el confinamiento, y remarcar que "los gobiernos no pueden avanzar sobre las libertades individuales".

Lorenzetti tampoco se desmarcó de la opinión mayoritaria. Lo que buscó decir es son medidas válidas para una emergencia pero deben estar limitadas en el tiempo para que no se transformen en un estado de excepción.

Un reciente sondeo de D'Alessio IROL expuso que 80% de la población consultada estaba de acuerdo con las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo para enfrentar la pandemia, aunque con una distinción: una de cada cuatro personas que las consideraron necesarias, también las calificaron como exageradas.

El dilema que instaló la pandemia es que por ahora resulta difícil aislar las áreas por las que circula el virus. También hay otro dato ineludible: el sistema de salud tiene capacidad para atender una determinada capacidad de pacientes. Si resulta superada, los infectados quedarán desamparados. Por eso desde el primer día el objetivo de la cuarentena fue aplanar la curva para evitar el colapso de los hospitales. Esa meta aún sigue vigente.

Los que reclaman por su derecho a circular de alguna manera están aceptando el riesgo al contagio. Lo que pueden perder, si la curva de casos no aminora, es el derecho a ser atendidos como corresponde. Esos son los puntos de controversia. Hay personas que sienten que viven en un entorno en el que podrían tener una mayor libertad de movimiento, y es probable que ese sea el siguiente desafío de los gobiernos nacional y distritales. Si bien las autoridades sanitarias tienen la información que identifica las zonas riesgosas, no es tan fácil mover la raya que habilita los derechos de unos y restringe los de otros. Aislar esos focos de contagio enteros (como pasó con la Villa Azul, en Quilmes) también daría lugar a reclamos lógicos.

La existencia del debate no implica que sea una preocupación mayoritaria. Hay 17 provincias donde no se están generando contagios. Pero en el resto la gente elige cuidarse, más allá de los reclamos.

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