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Juez aprueba oferta de allegados a Cristóbal López por OCA y que tiene el apoyo Moyano

Por  JUAN MANUEL COMPTE

Quince días después de haber rechazado la oferta anterior, el juez Tejada, ahora, aceptó la nueva propuesta que ex ejecutivos de Cristóbal López hicieron por el principal correo privado del país.
El juego de la OCA: el grupo patagónico Clear recuperó casilleros y está cerca de quedarse con la empresa

01/11/2020 | 19:50

Quince días después de haber rechazado la anterior, el juez Pablo Tejada, a cargo de la quiebra de OCA, ahora aceptó una nueva oferta que el grupo patagónico Clear hizo por el principal correo privado de la Argentina.

A través de su titular, Ignacio González Pedroso, el interesado propuso pagar “el equivalente en pesos” a u$s 25,28 millones, según el tipo de cambio vendedor del Banco Nación. Los liquidadores habían valuado a la empresa en u$s 36,1 millones, a pagar al contado.

El magistrado también lo habilitó a participar en la gestión de la empresa y llamó a un proceso de mejora de oferta, con fecha límite en marzo del año próximo. Pero, si al 18 de diciembre, no aparece ningún otro interesado, la operadora postal pasará a manos de Clear, compuesto por empresas que, hasta 2011, pertenecieron a Cristóbal López.

OCA está quebrada desde abril del año pasado, por un pasivo verificado de $ 4494 millones en su convocatoria de acreedores y cerca de $ 15.000 millones de pasivo posconcursal. La mayoría son deudas impositivas y previsionales.

Con más de 6000 empleados –cerca del 90%, afiliado al sindicato de Camioneros–, en 2019, facturó $ 5600 millones y perdió $ 2400 millones. En julio, luego de que los enajenadores la tasaran en u$s 37 millones, Tejada –hombre alineado con Justicia Legítima– llamó a una licitación para encontrarle comprador, a una valuación de u$s 36,1 millones, entre un pago fijo de u$s 18,5 millones y un monto base, de u$s 17,6 millones, a partir del cual se haría la subasta, prevista para fines de septiembre.

Todo, ordenó el juez, debía ser cancelado en dólares, al contado, y de un solo pago.

El mes pasado, el magistrado suspendió la puja. De cinco interesados que compraron los pliegos para participar, sólo uno cumplió con todos los requisitos formales que exigió: Clear. Este grupo está compuesto por Clear Petroleum (servicios petroleros) y Clear Urbana (servicios de higiene y limpieza), empresas que fundó López. El ciudadano ilustre de Rada Tilly se deshizo de sus participaciones en ambas en 2011. Desde entonces, pertenecen a tres ex colaboradores suyos: Alberto Destefanis, Gustavo Lupiano e Ignacio González Pedroso, quien las preside.

Al mismo tiempo que llamó a una nueva subasta, con un precio base de licitación 70% menor, de u$s 5,28 millones, Tejada le pidió a Clear que formalizara una oferta por OCA. El grupo patagónico prometió “el equivalente en pesos” a u$s 70 millones, entre el precio de adquisición y las inversiones que desembolsaría durante tres años. Pero pidió pagar sólo los u$s 18,5 millones fijos y cancelar el resto en 36 cuotas fijas de $ 28,12 millones –lo que supone un dólar a $ 75–, con mecanismos de ajuste en función de las ventas netas que genere la propia OCA. Además, exigió administrar a la empresa durante un año, antes de concretar su transferencia accionaria.

Para Tejada, esa oferta era “inviable”. Cuestionó los pagos en cuotas “sin moneda estable” y “sujeto a muchos factores variables”, como un gerenciamiento previo de Clear. Esto, entendió, no respeta las condiciones que él mismo había definido en el pliego de la frustrada licitación, “muy particularmente, respecto de la exigencia del pago al contado”.

Respaldó la mayoría de sus argumentos en la postura de la síndica de la quiebra, que cuestionó los puntos centrales de la oferta. En cambio, la propuesta de Clear tuvo apoyo explícito de la Federación de Camioneros, que integra el comité de acreedores de OCA y está a cargo de la gestión comercial de la intervención judicial que administra la empresa.

El gremio de los Moyano también había sido entusiasta con la primera oferta que había aparecido por la empresa: los u$s 5 millones que presentó el Grupo Campici, dueño de Escudo Seguros, sponsor de Independiente. Tejada decidió la frustrada subasta después de rechazar esta oferta.

El viernes de la semana pasada, González Pedroso formalizó una nueva oferta de Clear. Además del monto fijo de u$s 18,5 millones, propuso pagar “la suma en pesos equivalente a u$s 6,78 millones”, justificado en “las restricciones para acceder al mercado de cambios”.

De este último monto, ofreció “un adelanto en pesos por el equivalente a u$s 5,28 millones, al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día 23 de octubre de 2020”, es decir, $ 83,5. Cancelará el u$s 1,5 millón de saldo, también en pesos y al tipo de cambio vendedor del BNA del día anterior al que efectivice ese pago.

Como Clear acepta que Tejada llame a una mejora de su oferta, asume que ese proceso durará 10 meses. Con lo cual, se puso como límite para cancelar el saldo el 30 de agosto del año próximo, extensible a 60 días, de ser necesario.

Mientras tanto, el equivalente a u$s 5,28 millones ya depositado, propuso, deberá pasar convertirse a dólares o utilizarse en “algún instrumento financiero” que permita preservar su valor. Si Clear termina quedándose con OCA, se le devolverá el monto, otra vez pesificado.

Volvió a pedir el derecho de, por lo menos, igualar la oferta de algún tercero que la mejore. Y, además, exigió tener la gestión de OCA durante 10 meses, a partir del momento en que el juez llame a la superación de su propuesta. Lo justificó en que el tiempo juega en contra de la salud financiera de OCA.

Entre noviembre y diciembre de 2020, el déficit de la fallida será de $ 474 millones, un promedio de $ 237 millones por mes”, precisó. Agregó que, durante su administración, Clear financiará el rojo mensual que supere esa cifra. Sueldos y obligaciones fiscales continuarán a cargo de la quiebra.

“Es claro que, si la situación fuera la que es, no estaríamos donde estamos. Pero la situación es la que es. La fallida está fallida por las circunstancias que sean. Pierde $ 200 millones por mes y lo cierto es que no ha habido un solo interesado, distinto de mi parte, en adquirirla en las condiciones en las que se encuentra”, enfatizó González Pedroso.

“Bajo toda circunstancia, es incontestable la importancia cardinal de contar a esta altura del proceso con una propuesta formal, concreta y seria de adquisición, especialmente, dentro del contexto económico social imperante, así como el particular de la empresa fallida en marcha”, justificó ahora el juez Tejada, en su apoyo a la propuesta mejorada.

Su seriedad queda evidenciada no sólo por importar un ofrecimiento que supera la base fijada”, resaltó, “sino que, también, se acopla a lo dictaminado respecto a la condición legal del pago al contado, con un breve diferimiento económico hasta la toma de posesión, en previsión de los tiempos que pudiera demandar el proceso de mejora y la transmisión de los activos”.

La garantía de mantenimiento de oferta en depósito contado efectivo (u$s 5,28 millones) es otro signo a considerar respecto al rigor y solvencia a priori del ofrecimiento, que impulsa a aceptar el mismo como base de un llamado a mejora”, argumentó. Recordó que, en caso de algún incumplimiento de Clear que le permita quedarse con OCA, ese dinero pertenecerá automáticamente a la quiebra.

Por eso, el juez entendió: “Corresponde aceptar preliminarmente la oferta presentada y ordenar llamamiento público de mejora a la citada oferta de compra, consistente en la suma de u$s 25,28 millones, compuesto por el precio fijo en contingencias (u$s 18,5 millones), y el precio contado en efectivo (u$s 6,78 millones)”.

Cualquier interesado en mejorar la oferta de Clear podrá comprar el nuevo pliego hasta el 18 de diciembre. Se fijó como deadline para presentarla el 5 de marzo. A diferencia de las canceladas subastas, el proceso no será electrónico sino mediante la presentación en el juzgado de sobres cerrados. La fecha de apertura será el 12 de marzo.

Las eventuales ofertas de mejora deberán estar nominadas en dólares, por un monto superior a lo que propuso Clear, y a pagarse al contado.

El juez le concedió a Clear el derecho a mejorarla y de preferencia, en caso de igualarla. Remarcó que es algo que el grupo patagónico se ganó, tanto por su oferta de hacer el depósito anticipado, las garantías que presentó y por haber sido el único de los interesados que cumplió con todos los requisitos legales de la frustrada subasta.

Es evidente que desestimarlo, en el presente caso, importaría echar por tierra la única oferta concreta presentada, con el riesgo e incertidumbre que, ciertamente, conllevaría para el proceso de enajenación, el futuro de la empresa y las fuentes de trabajo (factor de imperiosa atención ante la magnitud de la crisis local); dentro de un contexto general absolutamente inusitado y excepcional”, arguyó.

Además, le permitió ingresar en la gestión de la compañía. “Resulta a todas luces razonable”, concedió. Sin embargo, no lo habilitó a la administración plena, a través de un contrato de gerenciamiento –como había exigido Clear–, sino que lo incorporó al área de Dirección y Coordinación Administrativa de la empresa, “a fin de que ejerzan funciones conjuntamente con los enajenadores”.

Decidió que las otras dos áreas en las que se dividió la intervención judicial, Personal y Finanzas, y Gestión Comercial, se mantendrán “inalterables”. La última es compartida entre Camioneros y el Ministerio de Trabajo de la Nación.

En su fallo, Tejada no hizo observación alguna sobre uno de los puntos en los que se había basado su rechazo a la oferta anterior de los ex colaboradores de Cristóbal López.

La síndica había consignado que, según los estados contables de 2019, Clear Petroleum había facturado $ 6258 millones, con una ganancia antes de impuestos de $ 61,4 millones. Y Clear Urbana recaudó $ 536,5 millones y perdió $ 24 millones. El patrimonio neto de la primera fue de $ 1370 ,97 millones y de $ 776,9 millones el de la segunda.

Si bien aclaró que los índices más relevantes “muestran razonable solidez económica y financiera”, aclaró que “los balances y estados contables no reflejan, prima facie, capacidad económico-financiera suficiente para acometer la compra de una empresa de la magnitud de OCA; menos aún, capacidad económica para las inversiones que promete, salvo que cuente con el respaldo de alguna entidad bancaria y/o financiera u otro fondo de inversión aún no explicitado”.

Ya entonces, la sindicatura de la quiebra había advertido que el plan de negocios de Clear estaría basado en un precio de compra de u$s 6 millones. No fue una cifra caprichosa: conocedores del expediente, cuentan que, en vez de presentar un cheque por u$s 18,5 millones, sus abogados habrían acercado al juzgado uno por el equivalente en pesos a u$s 6 millones.