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Denuncia penal de empleados de Flybondi al funcionario de La Cámpora que prohibió El Palomar

Por  JUAN MANUEL COMPTE

El sindicato de trabajadores de la low-cost demandó a Fernando Muriel, vicepresidente del Orsna, por "abuso de autoridad" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público"
Denuncia penal de empleados de Flybondi al funcionario de La Cámpora que prohibió El Palomar

28/10/2020 | 16:09

Escala el enfrentamiento entre FlyBondi y el Gobierno por El Palomar. Esta mañana, el abogado del sindicato de empleados de la low cost presentó contra el vicepresidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), Fernando Muriel, una denuncia penal por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La causa que inició la Asociación Sindical de Trabajadores de Flybondi (ATAF) quedó radicada en el Juzgado Federal Número 8, a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi.

Muriel, abogado que milita en La Cámpora y responde políticamente al senador Mariano Recalde, presidente de Aerolíneas Argentinas en la primera gestión del kirchnerismo, firmó la nota que el viernes, a última hora, el Orsna le envió a a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). La misiva recordó que, en virtud del "Corredor Sanitario Seguro" definido en el sistema nacional de aeropuertos a raíz de la pandemia y con el Aeroparque Jorge Newbery cerrado hasta febrero por obras, la única terminal aérea autorizada para operar en el ámbito metropolitano de Buenos Aires (AMBA) es Ezeiza.

En los hechos, prohibió la reapertura para vuelos regulares de El Palomar, el aeropuerto desde el que operan las low cost Flybondi y JetSmart.

El cierre de esa terminal estuvo en la agenda del Gobierno desde que asumió. Pero, a inicios de este mes, tanto los ministros de Transporte, Mario Meoni, y Turismo, Matías Lammens, como la titular de la ANAC, Paola Tamburelli, habían asegurado en público y en privado que EPA -tal su sigla aeronáutica- continuaría en operaciones.

Según la denuncia de ATFA, Muriel no dio "fundamento razonable y suficiente" para una decisión que, dicen, fue "en abierta desobediencia a una sentencia judicial firme", en relación a un fallo de Martina Forns, jueza federal de San Martín, que en septiembre había rechazado un pedido de cierre total del aeropuerto.

"Conforme el decreto 375/1997, son deberes del Orsna asegurar la igualdad, el libre acceso y la no discriminación en el uso de los servicios e instalaciones aeroportuarias (art. 14, inc. a), asegurar la continuidad de los servicios esenciales (art. 17.25) y asegurar la publicidad de las decisiones que adopte (art. 17.33)", planteó la presentación.

Esto último, en parte, porque la resolución del Orsna sólo trascendió periodísticamente, ya que -hasta el día de hoy-, Flybondi, que tiene programado el reinicio de sus vuelos regulares para la semana próxima, todavía no recibió notificación oficial alguna del organismo ni de la ANAC, el regulador directo de la empresa.

En su comunicado, ATFA -que este miércoles realizó también una manifestación contra el cierre de El Palomar en la Plaza de Mayo y otros puntos del país- recordó que, el 4 de agosto, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal le ordenó al Orsna que se abstuviera de tomar cualquier medida sobre el aeropuerto de El Palomar sin la intervención de las aerolíneas low cost que operan en él.

"La decisión arbitraria e ilegítima de Fernando Muriel incurre en los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, reprimidos por el Código Penal de la Nación (artículos 248 y 249). Recordamos que no existen razones sanitarias, ni operativas, ni de seguridad o técnicas para cerrar El Palomar", remarcó ATFA.

"El Palomar es un aeropuerto inclusivo, popular y productivo. Es nuestra casa y vamos a defenderla. Los trabajadores de Flybondi decimos 'no' al cierre de El Palomar", concluye el comunicado.

Flybondi es la low cost que más resiste la mudanza de El Palomar. "Volar desde Ezeiza no es una opción para Flybondi. Y las autoridades del Gobierno de los organismos reguladores conocen esta realidad", reaccionó el presidente de la empresa, Esteban Tossutti.

Aunque Aeropuertos Argentina 2000, concesionaria de ambas terminales, garantiza que respetará en el Pistarini los costos y tasas que las low cost pagan en El Palomar, hay otros gastos que deberían afrontar y hoy no tiene, como el servicio de rampa y el de carga. En Ezeiza, esta última prestación está a cargo de la estatal Intercargo, en tanto que, en EPA, lo opera directamente Flybondi.

No es el único factor. Ezeiza está más lejos de la Ciudad de Buenos Aires que El Palomar, lo que afecta a los pasajeros pero, sobre todo, a los empleados necesarios para la operación de las aéreas: el 80% de los trabajadores de EPA reside en la zona de esa terminal.

También, deberá operar en un aeropuerto más grande, con otros tiempos y dimensiones, donde, además, no jugará de local, ya que deberá compartir la terminal con Aerolíneas Argentinas, dueña del 60% del mercado contra menos del 20% que en 2019 consolidaron Flybondi (9%) y JetSmart (3%, más 7% de Norwegian, a la que compró a fines del año pasado).

Quienes minimizan estos argumentos recuerdan que Flybondi, hoy, opera sólo un aviónpor la crisis, de las cinco naves que tenía antes de la pandemia, devolvió tres (que estaban bajo leasing) y aprovechó el parate obligado desde marzo para enviar otro a los Estados Unidos, para hacerle tareas de mantenimiento.

Con un vuelo de JetSmart a Mendoza, El Palomar debió haber reanudado sus operaciones regulares el viernes a la mañana. Pero la empresa, de capitales chilenos, lo canceló el jueves a última hora, ante la falta de respuesta de la ANAC para habilitar el servicio.

Tras la resolución del Orsna, JetSmart suspendió el resto de sus vuelos de octubre y los reprogramó para cumplir a partir de noviembre, pero desde Ezeiza. Desde esa terminal, funcionó este mes su servicio a Santiago de Chile, destino que, antes de la pandemia, operaba en El Palomar.

En el anochecer del viernes, la ANAC recibió la nota de Muriel. Según fuentes del sector, el funcionario habría estampado la firma con una birome impuesta por una facción del Gobierno que no simpatiza con la existencia de competencia en el mercado de cabotaje, que también perdió a LAN Argentina, tras la decisión de Latam Airlines de abandonar ese tipo de operaciones en el país. LAN tenía el 17% del mercado local.

Esa misma facción del Gobierno surigió esta semana, a través de medios oficialistas, que Flybondi habría incumplido inversiones por u$s 30 millones prometidas en El Palomar. Fuentes de la empresa lo desmienten: recuerdan que cualquier desembolso en infraestructura de una terminal no es responsabilidad de las líneas aéreas, sino de la concesionaria del aeropuerto.