AMPARO PARA FIRMA SIN SEDE CENTRAL EN CHACO

Corte: otro avance contra discriminación en Ingresos Brutos por provincias

La Corte Suprema de Justicia dio un nuevo paso hacia la declaración de inconstitucional a la discriminación por parte de las provincias entre los contribuyentes locales del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y los que no poseen establecimiento en la jurisdicción, a los que muchas provincias aplican alícuotas superiores. El Máximo Tribunal había prohibido a la provincia de Buenos Aires cobrar diferente tasa de Impuesto de Sellos y ahora otorgó una medida cautelar a una empresa contra la provincia de Chaco ya por Ingresos Brutos.

En el fallo Harriet y Donelly S.A. c/Chaco, la Corte se refirió al planteo de la firma sobre la inconstitucionalidad de la discriminación que resulta de aplicar una alícuota mayor en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos por no tener sede central en esa provincia, comentó Martín Caranta, del estudio Lisicki, Litvin y Asociados.

La firma solicitó ante la Justicia el cese del estado de incertidumbre en que se encontraba frente a la intimación que recibió para que aplicase a la actividad de producción primaria una alícuota superior por no poseer sede central en la jurisdicción provincial.

También pidió la declaración de inconstitucionalidad de la normativa provincial correspondiente, por entender que se trata de una discriminación en disfavor de la producción primaria desarrollada en la provincia, lo que resulta violatorio de diversos derechos y garantías constitucionales.

Harriet y Donnelly peticionó además una medida cautelar de no innovar a fin de que se dispusiera principalmente la aplicación de la alícuota del 1% que corresponde a los sujetos radicados en la provincia del Chaco.

De acuerdo a lo expresado por la empresa en su presentación, la pretensión de la provincia del Chaco importa el establecimiento de una aduana interior, la que afecta la cláusula comercial y de las libertades de circulación comercial y de tránsito consagradas en la Constitución Nacional, al imponer un tratamiento impositivo distinto a las actividades interjurisdiccionales, en función de la ubicación local o foránea de la sede central.

La Corte Suprema entendió que merecía hacer lugar a la medida cautelar solicitada, dado que "adquiere preeminencia la necesidad de determinar si el Estado provincial se ha excedido, como se afirma, en sus potestades tributarias, y si ese proceder quebranta la potestad del gobierno federal de reglar el comercio de las provincias entre sí", resumió Caranta.

En el fallo Bolsa de Cereales, la Corte había fallado contra la provincia de Buenos Aires en un caso de Sellos.

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