¿Pesificación o seguro de cobertura? El Gobierno busca dar certeza al sector

La secretaría de Energía podría fijar un tipo de cambio que sirva de referencia a partir de abril para pasar a pesos el precio dolarizado del gas natural en los contratos entre distribuidoras y productoras. 

Con la firma de un decreto, el Gobierno nacional le puso fecha de vencimiento a una disposición del marco regulatorio que rige el mercado nacional gasífero desde hace 26 años. A partir del 1 de abril de 2019, los proveedores de gas natural y las prestadoras del servicio de distribución por redes deberán prever en sus contratos que "en ningún caso podrá trasladarse a los usuarios que reciban servicio completo el mayor costo ocasionado por variaciones del tipo de cambio ocurridas durante cada período estacional".

De esa manera, el artículo octavo del decreto 1053, que se publicó en el Boletín Oficial hace una semana y lleva la firma del presidente Mauricio Macri, puso límite a la aplicación de una reglamentación que se arrastra desde los primeros años de la década del 90, cuando el país se encontraba en los albores de la ley de convertibilidad. Una época en la que hablar de variación de precios refería a un eventual pico de consumo por encima de los volúmenes contratados originalmente por las distribuidoras a las productoras y de ningún modo a costos adicionales por depreciación del tipo de cambio.

"Lo que actualmente llamamos diferencias diarias acumuladas que son generadas exclusivamente por los movimientos en el mercado cambiario no se van a trasladar más a los usuarios a partir de abril del próximo año, ni tampoco será el Estado nacional el que las reponga a los productores por tener el precio del gas natural en dólares", explican a 3Días desde una de las prestadoras del servicio de distribución por redes. "Lo que resta definir es cuál va a hacer el mecanismo que utilizaremos para cubrir esos desfasajes; si se va a pesificar el precio del gas o se va a prever un seguro de cobertura. El que tiene que marcar los lineamientos en ese sentido es el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas)", agregan a la consulta de este diario.

Desde la Secretaría de Energía de la Nación adelantan a 3Días que los contratos entre productoras y distribuidoras contemplarán que "los precios expresados en dólares sean aplicados a las tarifas con el tipo de cambio correspondiente a la mitad del período estacional, es decir, al tercer mes posterior al inicio del período estacional que sea, de manera que quedará fijo en pesos por esos seis meses y será recalculado al período estacional siguiente".

Para establecer el pasaje del precio del gas natural en dólares a la tarifa en pesos que paga el consumidor, el equipo de comunicadores del secretario de Energía, Javier Iguacel, señala que se tomará como referencia el Rofex, que es un mercado de dólar futuro que se puede consultar por Internet.

La posibilidad de establecer un precio fijo para el gas natural para el próximo invierno es resistida por las productoras que esgrimen que afectaría el futuro de Vaca Muerta.

A diferencia de las transportadoras y distribuidoras que tienen inversiones hundidas, es decir que una vez iniciadas no las pueden mover, los petroleros necesitan tener los precios en dólares, altos o bajos, pero sí en dólares porque se manejan con parámetros internacionales. Es por eso que prefieren no resignar el precio en la divisa extranjera.

"Si quieren pensar en el largo plazo y seguir apostando a la Argentina, van a tener que moderar sus ambiciones de conseguir dólares", señala una fuente vinculada con el Ente Regulador.

Riesgos y certezas

Tras marchas y contramarchas en las definiciones en relación a las tarifas energéticas, luego de la megadevaluación de la moneda este año, todavía aparece al menos arriesgado tomar el anticipo de los voceros de Iguacel como medidas finales. Por el momento la única definición oficial y concreta es la que quedó plasmada en el decreto publicado el 16 de noviembre.

 

"Ahora sí tenemos la certeza de que el Estado va a asumir la deuda que se generó con nuestros proveedores por la devaluación; hasta el viernes pasado, solamente nos avalaban los dichos de Iguacel a la prensa pero no estaba claro cómo ni cuándo se iban a pagar esos desfasajes, y todas las distribuidoras somos empresas que cotizamos en Bolsa y tenemos que tener algún grado de certeza y previsión para nuestros estados contables", interpreta el vocero de una de las distribuidoras.

La medida se demoró desde que fue anunciada por Iguacel hasta que fue plasmada en una disposición con firma presidencial más de lo que las distribuidoras esperaban. En el camino, Naturgy, el nuevo nombre de la rebautizada Gas BAN, pidió semanas atrás una prórroga de siete días corridos a la Bolsa para presentar los resultados del tercer trimestre y de los nueve primeros meses del año. En su solicitud, la segunda distribuidora del mercado hizo referencia a la "situación de incertidumbre" generada luego de que fuera revocada la polémica resolución 20 de la Secretaría de Energía, que era la que otorgaba a los usuarios del servicio 24 cuotas con interés para el pago del importe acumulado por las diferencias registradas entre el precio del gas y las tarifas a partir de la suba del dólar, y que fue rechazada de tal manera que obligó al Gobierno a dar un paso atrás.

Desde un primer momento, el Gobierno nacional mantuvo el convencimiento de que los desfasajes cambiarios tienen que recaer en el usuario, sin dar cuenta de que de ese modo podría ir en contra de una de las premisas planteadas al inicio de su mandato, en diciembre de 2015, que fue la reducción de los subsidios de energía.

No obstante, la intempestiva devaluación de este año fue lo suficientemente contundentecomo para demostrar que para poder implementar un sendero de suba de tarifas como el anhelado inicialmente, se debía contemplar una modificación más amplia del sistema del mercado del precio del gas natural.

"Ahora el Estado, al asumir la deuda de las distribuidoras con las productoras, paga las consecuencias de su lentitud para resolver este problema", opina Raúl Bertero, vicerrector de la facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. "Hasta abril, el Estado va a pagar por el riesgo cambiario, lo que implica que de alguna manera indirecta lo vamos a pagar los usuarios, y creo que esto se tenía que prever antes. El sistema del mercado del precio del gas debió corregirse mucho antes, de modo que incluya el riesgo cambiario, porque es la única manera de que no haya algún tipo de subsidio", define a 3Días.

Cuestión inédita

El precio del gas natural, que además de estar dolarizado no está regulado, es clave en la composición de las tarifas energéticas: las productoras petroleras y también la estatal Enarsa, aunque no lo produce pero sí lo importa para su comercialización, venden el insumo a las transportadoras y distribuidoras, que sí están reguladas por el Enargas y facturan su parte en pesos. De esta manera se llega a la tarifa que pagan los usuarios de energía, no sin antes sumarle los impuestos, que también remontan con las subas porque se calculan según porcentajes.

 

Las audiencias públicas que se realizaron en el marco del Enargas en febrero pasado apuntaron a hacer una revisión tarifaria integral, pero fundamentalmente fueron para actualizar el segmento de transporte y distribución. Adicionalmente, se agrega el precio del gas en dólares.

Al aprobar los cuadros tarifarios para el semestre que se desarrolló entre abril y octubre, el Enargas reconoció en los contratos entre distribuidoras y productores un precio para el insumo de u$s 4,70 por unidad térmica (MMBTU) y lo pesificó a un tipo de cambio de $20,30.

"Atento a que los precios pactados en los contratos referidos se encuentran nominados en dólares, los mismos han sido convertidos a pesos al tipo de cambio vigente al día 15 de marzo. Al respecto, cabe señalar que cualquier diferencia que se pudiera producir como consecuencia de variaciones en el tipo de cambio previsto, será contemplada en el próximo período estacional", indicó el Ente.

De acuerdo con los cálculos del economista Alejandro Einstoss en un estudio publicado en el portal Nuevos Papeles, la devaluación que se precipitó este otoño e invierno generó "la acumulación de diferencias diarias del orden de los 20.000 millones de pesos para el periodo que va del 1 de abril al 30 de septiembre de 2018".

Al respecto, desde Metrogas definen lo que pasó este año como "una cuestión inédita". "Se firmaron en abril contratos a un dólar a $ 20,30 y después resultó que tuvimos un techo de $ 42 que nos obligó, como a todas las distribuidoras, a incumplir con los pagos. Los productores reclamaron por los contratos que no se estaban cumpliendo y el Gobierno responde", señala a 3Días la jefa de Institucionales de la empresa, Eleonora Turk, y detalla: "Lo que ahora hace el Estado es avisar a los actores del mercado que esto no puede volver a pasar, que en la próxima revisión tarifaria que es a partir de abril los productores y distribuidores tienen que prever mecanismos que puedan anticipar cómo se van a resolver este tipo de situaciones".

En definitiva, lo único concreto que expresa el decreto 1053 es la confirmación de que el Estado nacional se hará cargo de la deuda que las distribuidoras tienen con las productoras por no haber podido trasladar a las tarifas el impacto que provocó la devaluación. Pero aún no es posible determinar a cuánto ascenderá el monto final.

Puntualmente, el artículo séptimo de la medida dispone que se asumirá con carácter excepcional el pago de las diferencias diarias acumuladas mensualmente entre el valor del gas comprado por las distribuidoras y las tarifas vigentes entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019. Será en 30 cuotas mensuales y consecutivas a partir del 1 de octubre del próximo año, y se hará con interés que se definirá según la tasa efectiva del Banco Nación para depósitos en moneda argentina a treinta días de plazo.

En ese sentido, Einstoss advierte a 3Días que "falta calcular lo que se va a tener que pagar por este semestre en curso, que va a generar una contingencia fiscal que puede llegar a ser muy grande".

"Todavía queda por adicionar a los $ 20.000 millones estimados que se pagarán por las diferencias durante los primeros seis meses, lo que se está generando en el período actual que termina en abril, más los intereses, que es como si las productoras hubiesen puesto hoy el dinero que van a cobrar en un plazo fijo", apunta.

YPF, entre regular y competir

Para el titular de la Maestría Interdisciplinaria de Energía de la UBA, Raúl Bertero, YPF, "como empresa del Estado" y "como actor dominante del mercado", debería "regular" de algún modo los precios de los hidrocarburos en el país. "Es la número uno en el mercado gasífero y, por lo tanto, tiene una influencia incisiva en la formación de precios y en la forma en que se establecen los contratos con las distribuidoras. A mi entender, debería actuar en forma rectora para facilitar a la población y a la industria nacional un crecimiento armónico", opina el especialista que también preside el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética.

 

Desde YPF, en cambio, señalan que si bien es empresa privada con tenencia accionaria mayoritaria por parte del Estado, opera como un competidor más. "Es una Sociedad Anónima que cotiza en la Bolsa en Buenos Aires y en la de Nueva York", argumentan desde la firma. Asimismo, el plan de negocios no está abocado a una tarea regulatoria puntualmente, de hecho, desde la firma sostienen que la misión lineal de su actual presidente, Miguel Ángel Gutiérrez, es subir las acciones de la compañía.

No obstante, según Bertero, en el inicio de los 90, con el comienzo de la implementación del mercado regulado, YPF tenía en cuenta el interés nacional que estaba reflejado en su mayoría accionaria. "Hoy no está actuando de esa manera. Como ciudadano me salió muy caro recomprar las acciones de YPF. Se maneja como si fuese totalmente privada pero la mayoría es del Estado argentino y fue pagada con los recursos del erario público", sostiene.

Temas relacionados
Más noticias de tarifa de gas
Noticias de tu interés