Energía estrena una fórmula más transparente para licitar compras públicas

En la tarde del 23 de marzo no estuvieron frente a sí los responsables de M. Royo, de su principal competidor en la fabricación de tubos sin costura, Techint (Siat y Siderca), ni de la china Sinopec para descubrir en un acto presencial cuánto pretende cobrar el otro por la provisión de caños para los tres gasoductos que se están licitando y por los que el trío rivaliza. Pero a media tarde sus ofertas se hicieron simultáneamente públicas en la Web, en el marco de un concurso que organiza el ministerio de Energía. El primero en estrenar una modalidad de contratación online que promete revolucionar la operatoria de compras estatales.

No más sobres, tijeras, actas y escribanos. Los competidores en una licitación no necesitan verse la cara ni un minuto. Un sistema informático custodia que las ofertas que hacen los proponentes con una clave habilitante se publiquen exactamente a la misma hora. El resto del proceso tiene similar lógica: se darán a conocer los dictámenes de la comisión evaluadora, las eventuales impugnaciones y, finalmente, la orden de compra que cierre el proceso.

El jueves 6 de abril a las 16 horas se cerró otro capítulo de la misma compulsa.

Cuando la paralización del transporte por una medida de fuerza dio a la Ciudad fisonomía sabatina, se cerró el plazo para concursar por los motocompresores para montar los gasoductos cordillerano (Bariloche), lechero (Sunchales) y de la costa (Mar del Plata). Los tres emprendimientos para reforzar la capacidad de transporte en distintas zonas del país que encaró Energía bajo el tradicional sistema de contratación de obra pública, con un presupuesto superior a los $ 6500 millones.

Esto implicó un viraje respecto al sistema utilizado hasta hace meses, de un millonario fideicomiso cuya administración repartía responsabilidades difusas entre firmas privadas y dependencias públicas. Ahora el Estado contrata y paga directamente.

Pero el cambio más prometedor en el que la cartera de Juan José Aranguren está haciendo punta en la administración pública es que todo el proceso licitatorio lo puede seguir paso a paso cualquier ciudadano a través de la Web. Tanto la del ministerio de Modernización (contratar.gob.ar; contrat.ar) como de la cartera involucrada. En este caso, en el segmento de la página de Energía titulado Transparencia Activa.

El proyecto para transparentar la gestión pública de la administración nacional es competencia del ministerio de Andrés Ibarra y excluye a los poderes judicial y legislativo. Por ahora, una propuesta tan loable como de ejecución parsimoniosa, cuyo propósito final es cerrar puertas a prácticas corruptas.

El corazón técnico del nuevo sistema es la erradicación del papel en toda la administración pública central a través de la gestión de documentos electrónicos (GDE). Unos 60.000 empleados nacionales-excluyendo universidades, otros poderes y empresas estatales-ya se capacitaron en el manejo de este recurso, según cifras de Modernización.

Cuando todo el plantel esté instruido, el expediente convencional, con carátulas, fojas e inclusión manual de información pasará al olvido. Ya no más carpetas que se manipulan con gran margen de discrecionalidad. El único soporte para los trámites será el software del GDE, cuyo historial será delator: cada intervención para generar un documento o tramitarlo quedará registrado con minuciosidad.

La despapelización en curso, que tiene como matriz la firma digital, debería hacer mucho más confiables los trámites en la órbita del Ejecutivo. Empezando por los concursos que devienen en compras millonarias, como las de aquellos gasoductos.

Según Modernización, sólo el 13% de los trámites que se realizan con el Estado son completamente online. Y de acuerdo al Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico de la ONU (2014) la Argentina se encuentra en el puesto 46. En materia de apertura de datos públicos, se sitúa en el puesto 54, muy por detrás de Uruguay, que se ubica en el 7° lugar.

Estas referencias dan la pauta de que hay mucha tela para cortar en esta materia.

El decreto 117 del año pasado permitió lanzar el Portal Nacional de Datos Públicos (www.datos.gob.ar). El menú transparentado incluye información sobre 24.000 audiencias de funcionarios, 45.000 declaraciones juradas, las asignaciones salariales de las autoridades superiores del Poder Ejecutivo, la nómina de 73.000 personas contratadas, el organigrama detallado y demás.

Pero también un historial apetitoso para muchos interesados: 6477 adjudicaciones y 22.870 convocatorias registradas a través del Sistema Electrónico de Compras y Contrataciones durante el año 2015. Energía, PAMI, Agroindustria y Justicia, están en la línea de largada de las que prometen de ahora en más ventilar información de esos procesos en tiempo real, con el proclamado propósito de depurarlos.

Estado arcaico

A pocos meses de comenzar su gestión, Ibarra formuló un diagnóstico melodramático de la administración estatal durante un evento empresario organizado en la Sociedad Rural. "El 70% del empleo público es precario. Hay escasa capacitación y la baja digitalización". El panorama empeoraba dramáticamente en el interior del país, donde había (y aún hay) municipios sin PC.

La tarea pendiente, ciclópea. Ese diagnóstico y la propia existencia de la cartera justificó el intento macrista de mejorar las formas. Claro que los antecedentes para modernizar la gestión pública tienen un soporte legal previo al actual gobierno: Cristina Kirchner incorporó a la Argentina en la Alianza del Gobierno Abierto, red internacional que promueve la transparencia de las gestiones estatales.

Sin embargo, para honrar debidamente esos compromisos resulta imprescindible cumplir con algunas condiciones que, según advierte el economista e investigador experto en administración estatal, Oscar Oszlak, aún están pendientes: ampliar el acceso a la información pública disponible, cerrar la brecha digital y hasta una legislación "favorable a los soplones de la administración pública".

Sin estos requisitos el sistema que estrenó la subsecretaría de Gestión Administrativa de Energía podría convertirse en letra muerta.

Al comienzo de la presidencia de Néstor Kirchner se promulgó el decreto 1172 de acceso a la información pública, que permite a cualquier ciudadano solicitar los datos que en poco tiempo podrán estar al alcance gracias a la nueva plataforma informática.

Energía también fue de las primeras reparticiones en responder sistemáticamente a los requerimientos por escrito que llegaron a mesa de entrada invocando aquella norma.

Pero la realidad es que sólo un núcleo selecto de ciudadanos conocen esta herramienta estratégica para democratizar genuinamente la información pública que, de ahora en más, debería estar a un click de cualquiera. Si sabe dónde buscar y cómo hacerlo.

Los cambios

- El corazón técnico del nuevo sistema es la erradicación del papel en toda la administración pública central.

- El único soporte para los trámites será el software del GDE (gestión de documentos electrónicos).

- Según Modernización, sólo el 13% de los trámites que se realizan con el Estado son completamente online.

- De acuerdo al índice de Desarollo de Gobierno Electrónico de la ONU (2014), la Argentina se encuentra en el puesto 46.

- En materia de apertura de datos públicos, está en el puesto 54. Uruguay está en el 7.