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Triple crimen, narcos y las conexiones del poder político

Triple crimen, narcos y las  conexiones del poder político

El negocio era más que rentable. Importar efedrina a no más de 90 o 120 dólares el kilo para venderla luego a los carteles mexicanos a 10.000 dólares por kilo. Todo funcionó bien entre 2005 y 2007. El 7 de agosto de 2008, un hecho macabro dejó al descubierto esta actividad ilegal: fueron hallados en el partido de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, los cadáveres de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina. Hasta ese momento, nadie había advertido que, según datos oficiales, la Argentina se había convertido en uno de los principales importadores mundiales de efedrina, un precursor químico producido en el Lejano Oriente utilizado para la fabricación de descongestivos y productos para adelgazar, en el ámbito de los laboratorios, y de metanfetaminas y drogas sintéticas, en el de los carteles.

"Nuestro territorio fue ámbito fértil para la colonización por parte de los carteles mexicanos, que mandaron a su virreyes. Entre ellos, Jesús Martínez Espinoza, quien mantenía estrecha relación con Luis Marcelo Tarzia, Ivar Estebán Pérez Corradi y Sebastián Forza", expresó la jueza Graciela Larroque cuando fundamentó la condena contra cuatro sospechosos por el triple homicidio.

Según se supo en el juicio oral realizado en los tribunales de Mercedes, Martínez Espinoza había sido el responsable de instalar un laboratorio en una quinta de Ingeniero Maschwitz, donde un grupo de mexicanos, que responderían al cartel de Cancún, fabricaba metanfetaminas. Para elaborarla, Tarzia, conocido bolsero de medicamentos, le compraba efedrina a Pérez Corradi, al que Forza intentó sacar del negocio. Entonces, el ex dueño de la droguería Masterfarm dio la orden de asesinarlo, según lo determinó la investigación encarada por el fiscal de Mercedes, Juan Ignacio Bidone.

La onda expansiva del escándalo llegó a la Casa Rosada. En la sede del Poder Ejecutivo Nacional nadie pudo explicar cómo fue que un empresario como Forza, dueño del laboratorio Seacamp, que había aportado 200.000 pesos a la campaña del Frente para la Victoria (FpV) en las elecciones de 2007, que llevaron a Cristina Kirchner a la presidencia, apareció con siete balazos y con signos de haber sido obligado a ingerir cocaína. Tampoco aclararon por qué el laboratorio de Forza seguía operando, a pesar de tener cientos de cheques rechazados, 13 denuncias por comercializar medicamentos adulterados y un pasivo de 1.800.000 pesos. Y algo más grave: desde el momento del hallazgo de los cuerpos, los principales referentes en el área de seguridad de la provincia de Buenos Aires afirmaron que los muertos habían sido víctimas de un asesinato con ribetes mafiosos. "La muerte de estos tres jóvenes tiene el modus operandi de los ajustes de cuenta mafiosos", dijo uno de los investigadores de la Gendarmería que declaró en el juicio oral. (...)

El triple homicidio corrió otro manto, el que cubría la venta de remedios adulterados y la millonaria defraudación a la Administración de Programas Especiales (APE) que subsidia a las obras sociales con los tratamientos a enfermos oncológicos o hemofílicos. La causa judicial se conoció como "la mafia de los medicamentos". En el expediente aparecía mencionado Forza, que tenía contactos con otros personajes del ambiente de las droguerías y de los laboratorios, también aportantes de la campaña electoral del FpV. Algunas droguerías vendían medicamentos rebajados que, si bien no mataban, tampoco curaban. Por otra parte, se falsificaban troqueles de medicamentos que se facturaban como si se hubieran consumido. El escándalo motivó la renuncia de Héctor Capaccioli, superintendente de Servicios de Salud. Pero la mafia de los medicamentos y los aportes a la campaña nada habían tenido que ver con el móvil de los tres asesinatos.

Radiografía de un asesinato mafioso

"La lista de participantes del múltiple homicidio no se agotó en las cuatro personas condenadas y en el autor intelectual. "Resulta por demás evidente que ellos han contado con colaboradores y algunos de importancia, en cuanto a que tenían la posibilidad de influir en algunas esferas de poder. La masacre fue ejecutada con la clara intención de que sus responsables no fueran descubiertos, resultando ser un numeroso grupo que ha contado con apoyo institucional y con importante capacidad económica", fundamentó la jueza Larroque, integrante con Fernando Bustos Berrondo y Marco Tomás Barski del Tribunal Oral N° 2 de Mercedes, en la condena a prisión perpetua de los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor y Marcelo Schillacci como coautores de los asesinatos. "Las tres víctimas se erigían como principal competencia de Pérez Corradi, socio oculto de Martín Lanatta. Forza, Ferrón y Bina desembarcaron en la actividad que vinculaba tres operaciones ilegales: la venta ilícita de medicamentos de alto costo, las mesas de dinero y el tráfico de efedrina", amplió. Para la justicia quedó claro que el autor intelectual había sido Pérez Corradi y el móvil, que las víctimas querían quedarse con el negocio de la venta de efedrina a los carteles mexicanos de la droga para la elaboración de metanfetaminas.
Durante el juicio, algunos de los testigos se refirieron a las conexiones políticas y policiales de Pérez Corradi.

"Decía que tenía vinculaciones con el gobierno y con policías. Yo le creía porque en una oportunidad me llamó la secretaria de un ministro que me dijo que quería hablar conmigo. También tenía contactos con el Servicio de Inteligencia Naval", declaró José Luis Salerno, socio de Ferrón en la droguería Fharmaz Group. Otro testigo, que proveyó los teléfonos celulares al grupo que cometió la masacre, sostuvo que Pérez Corradi tenía aceitados vínculos con dos oficiales superiores de la Policía Federal a los que pagaba 1.000.000 de pesos de coima.

Los cruces telefónicos pusieron al descubierto la relación de los Lanatta y los Schillacci con personal de la Delegación de Investigaciones de Quilmes (DDI) de la policía bonaerense. (...) En tanto que Martín Lanatta, además de trabajar con Pérez Corradi, se ganaba la vida como gestor en el RENAR (Registro Nacional de Armas), un organismo que, en la época de los homicidios, estaba dentro de la órbita del Ministerio del Interior de la Nación. (...)

Nadie controló la importación de efedrina

A raíz de la mafia de los medicamentos hubo funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional que debieron renunciar o que fueron removidos de sus cargos, pero nada pasó con los responsables del área que debía controlar el destino de los miles de kilogramos de efedrina importados. A nadie le llamó la atención que hubieren ingresado en el país cinco veces más que la cantidad que se compraba en EE.UU. (...)

Seis años después del triple homicidio ocurrido en General Rodríguez, el escándalo por el tráfico de efedrina terminó salpicando a la Casa Rosada. El 15 de julio de 2014, la jueza federal María Servini de Cubría (...) dictó el procesamiento de José Ramón Granero, secretario de la Sedronar durante el período en el que se registró un descontrolado aumento de las importaciones de efedrina. (...)

Sedronar y la crónica de una muerte anunciada

La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha Contra el Narcotráfico (Sedronar) fue generada por la ley nacional 23.737, sancionada en 1989, al comienzo del gobierno de Carlos Saúl Menem. (...)

En 2004 asumió el odontólogo José Ramón Granero. Durante los primeros tiempos de su gestión la secretaría tomó cierto impulso, probablemente producto de su amistad personal con el entonces presidente Néstor Kirchner. Por ejemplo, logró una mejora en la partida presupuestaria. Pero el envión duró poco. En 2005, Sedronar iniciaría su etapa más oscura, de enorme retroceso, casi terminal. La pelea interna dentro del gabinete nacional protagonizada por Granero y Aníbal Fernández, en ese entonces ministro de Interior, luego ministro de Seguridad y Justicia y después jefe de Gabinete, produjo un deterioro pocas veces visto en la vida institucional de este país. Hubo una total quita de colaboración por parte de las fuerzas federales. Ni la Policía Federal, ni Gendarmería ni Prefectura volvieron a participar de las reuniones interfuerzas.

Fernández quería el control. Intentó quitarle trascendencia y cooperación al organismo de manera permanente y hasta logró que la presidente Cristina de Kirchner anuncie la firma de un decreto en donde se establecía el control del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) sobre la comercialización de precursores químicos. Como ministro de Justicia, Fernández celebró la decisión de pasar a un organismo técnico del Estado ese control y dijo: "Es clave el análisis de cada gramo que se mueva por el país. Si no se controla, surge la posibilidad de que se desvíen los precursores a los estupefacientes, como venimos denunciando nosotros desde hace dos años". Además, responsabilizó a Sedronar por no haber actualizado la lista de las sustancias químicas que pueden derivar en drogas peligrosas.

El decreto sobre el INTI nunca fue publicado en el Boletín Oficial. Consultado Granero por la intervención de Aníbal Fernández en el tema, contestó: "Cuando uno camina como un perro, come como un perro y ladra como un perro, es un perro". (...)

* Extracto del capítulo "Efedrina mortal, drogas de síntesis y el caos de la Sedronar".