Seduciendo al capital nipón

El próximo tratado bilateral de inversión con las nuevas reglas será firmado con Japón, identificado como uno de los países con mayor potencial inversor. Mauricio Macri prevé una visita en fecha próxima a Tokio, con la esperanza de rubricar el texto que los equipos técnicos oficiales ultiman estos días.

En noviembre delegados de Marubeni, Nec, Mitsubish o Toshiba, entre otras firmas orientales, integraron una comitiva que vino a Buenos Aires explorando las chances de apostar en energía, infraestructura y agro. Y su gobierno está por abrir una oficina de promoción económica en esta capital. La idea es entibiar un vínculo bastante frío.

Pocos meses antes, la vicepresidente Gabriela Michetti fue a aquel país insular con afán seductor: el vínculo con Oriente tiene a China como protagonista y la intención gubernamental es abrir el juevo para evitar la dependencia de esa potencia emergente.

México, en primer lugar, Corea, Noruega o Islandia están entre los objetivos próximos de la política económica externa. Bien sea para afianzar lazos comerciales, bien reforzar el rubro inversiones extranjeras directas succionando dinero fresco. "Pero nuestra prioridad es Brasil y el Mercosur. No vamos a hacer nada fuera de él", aseguró ante este diario Shunko Rojas, subsecretario de Comercio Exterior de Producción. La intención es avanzar en un acuerdo comercial Japón-Mercosur, al margen del TBI en ciernes. Una prueba de que la herramienta no es mala en sí misma. Finalmente estos acuerdos establecen pautas de concesiones mutuas. Las mismas prerrogativas que se le concederían a una firma japonesa son las que gozaría un inversor argentino.

Esa reciprocidad en el tratado firmado con España hace más de dos décadas es la que permitió encontrar una vuelta legal para que Telefónica pudiera ser dueña de un canal de televisión como Telefé: cualquier firma argentina podría ser propietaria en España de un medio, según se ratificó hace poco más de un año, sobre la base del correspondiente TBI firmado en los 90.

Los tratados menemistas podrían haber sido denunciados hace una década, cuando expiraban naturalmente. Pero por decisión política (o eventual negligencia) eso no ocurrió y esos acuerdos siguieron enmarcando las relaciones con los capitales del exterior. Las españolas Repsol y Marsans, otrora adjudicatarias de YPF y Aerolíneas Argentinas, respectivamente, se ampararon en el TBI noventista que su gobierno firmó con el local para demandan al Estado, con distinta suerte. La petrolera llegó a un acuerdo de cobro con el gobierno anterior. La otra firma fundió y el juicio fue comprado por un fondo norteamericano que aún espera dictamen del Ciadi.

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