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"Se corre el riesgo de que el esfuerzo de los consumidores se licúe"

La integralidad era una condición necesaria en la definición de las nuevas tarifas porque la solución debía alcanzar múltiples objetivos: recuperar la calidad de los servicios; sanear la situación económico-financiera de las empresas en cesación de pago; eliminar los subsidios que impactaban directamente en el déficit fiscal; contractualizar todas las relaciones al interior del sector; restablecer la vigencia de los marcos regulatorios y crear las condiciones para atraer inversiones que, por la escasez de ahorro interno tendrán que venir, fundamentalmente, del exterior.
Las decisiones adoptadas hasta el presente insinúan que no existe un plan integral para corregir o encauzar todas estas variables. Según mis estimaciones, las tarifas eléctricas se corrigieron en menos de un 50% del equilibrio necesario y las de gas en el 100% de ese equilibrio. En ningún caso, se ha explicitado cómo evolucionarán las tarifas en este contexto inflacionario. Por lo tanto, se corre el riesgo de que los esfuerzos que están soportando los consumidores sean licuados y se requieran nuevas correcciones en el futuro cercano.
Si el sistema opera bajo decisiones administrativas arbitrarias y no por un sistema explicitado, es difícil que alguien se sienta atraído a invertir a largo plazo. Una combinación razonable y que hubiera amortiguado los efectos de las correcciones en los bolsillos de los consumidores era actuar rápidamente para equilibrar los precios mayoristas y ser gradual, mediante subsidios a la demanda, en el traslado a los precios y tarifas que pagan los consumidores. Precios mayoristas equilibrados y sometidos a reglas conocidas es el principal punto de mira de los eventuales inversores.
Las tarifas minoristas también debían haber sido redefinidas en función de criterios de máxima eficiencia.

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