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"Queremos incentivar la colaboración de las firmas en la lucha anticorrupción"

EEsta legislación le conviene a la Argentina para su desarrollo y crecimiento económico. La Argentina es un paria, y tiene que ponerse a tono con el mundo y con los mejores estándares globales", dice Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, apenas recibe a El Cronista en su despacho. La funcionaria, ex diputada del PRO y ex directora de Poder Ciudadano, explica que el proyecto fue consensuado entre 40 profesionales y expertos en el tema. "Es una legislación que incentiva las mejores prácticas en materia de integridad en los negocios, que va a sancionar a los peores o premiar a los mejores. No alcanza con que un país le exija a su compañía transparencia porque cuando van a hacer negocios en contextos opacos, se encuentran con prácticas desleales y es imposible competir".

Pero nuestro principal problema es la corrupción local. No hay firmas invirtiendo afuera...
-Hay empresas pequeñas que producen bienes muy específicos y hacen negocios en el extranjero. Otras exportan y pueden correr riesgos de situaciones irregulares. La Argentina perdió en estos años cerca de 30 mercados. Para recuperarlos, necesita construir articuladamente entre el sector público y privado una reputación basada en la integridad. Hoy, las empresas de la región están en mejores condiciones reputacionales que las argentinas. Y a nivel local queremos fomentar la colaboración del sector privado en la investigación de la corrupción.

¿Alcanza para combatir la corrupción estructural en el país?
-Creemos que tanto esta norma como la ley del arrepentido cambian las lógicas y los incentivos de vinculación entre sector público y privado. Son leyes preventivas. Hoy cualquier funcionario sabe que si ingresa en una trama de corrupción, puede aparecer un arrepentido, confesar e involucrarlo. Con esta ley, queremos que las empresas nos ayuden a detectar las fallas que hay en los sistemas.

Los expertos dicen que el proyecto es bueno pero insuficiente, que falta modificar la ley de Obra Pública, o la de Administración Financiera, que tiene excepciones de control a firmas del estado y universidades,
-Nadie dijo que éste es el final del camino. La OA puso mucho el foco en invertir o rediseñar políticas de integridad y transparencia que nacieron con la Alianza y murieron con el kirchnerismo. Estamos empezando desde menos diez. Por supuesto que nunca nada es suficiente pero sí es importante decir que el Presidente firmó un decreto de datos abiertos, que la ley de acceso a la información pública que aprobó el Congreso tiene un capítulos muy amplio de transparencia activa y que la implementación del sistema de expediente electrónico está facilitando la transparencia dentro del sistema de compras del Estado.

¿Por qué no avanza con la reforma de la ley de Ética Pública?
-La OA está trabajando en una anteproyecto. Pero como todavía es un borrador, nos parece que no corresponde darlo a publicidad hasta que no lo sometamos a consulta pública como hicimos con esta ley de responsabilidad de las personas jurídicas. Es difícil reconocer los pequeños pasos hacia las transparencia en un país donde sólo se dieron pasos hacia atrás.

¿Su puesto en la OA no debería ser para la Oposición?
-No, la OA fue creada en 1999 por la Ley de Ministerio, es una secretaria de Estado, y depende de la asignación del Presidente. No es una fiscalía. Algunos veces hay malas interpretaciones respecto de este organismo que todo el mundo había olvidado y que a partir de mi designación se volvió a discutir la importancia de las políticas de integridad y transparencia.