Provincias en la era M: no más látigo, mayor autonomía y el regreso de los ATN

El martes próximo se cumple un año del triunfo de Macri en el ballotage. Cómo cambió la compleja relación política y fiscal Nación-provincias, tras 12 años de sometimiento K.

Todo comenzó con un asado de camaradería que lo tuvo como anfitrión en Olivos ni bien asumió. Desde entonces, lejos de la formalidad, Mauricio Macri busca tejer un vínculo distendido con los gobernadores: llamó en público a Juan Manuel Urtubey "marido del año", con algunos se trenza por chat con chicanas futboleras y no duda en tomar el teléfono él mismo para apurar un acuerdo.

Lo hizo esta semana, al convocar el martes a un grupo de caciques a la quinta presidencial para obtener respaldo para la reforma política que veía naufragar y consensuar una postura común para que la modificación del impuesto a las Ganancias golpee lo menos posible las arcas públicas.
Después de 12 años de hegemonía kirchnerista, la relación del Presidente con los mandatarios, en su mayoría opositores, no sólo selló un nuevo código en el trato y la negociación, sino que también tuvo su correlato económico y marcó un cambio en el vínculo fiscal Nación-provincias.

La apuesta de los jefes peronistas fue simple: hacer valer al máximo sus votos en el Senado, donde nada se aprueba sin su venia. Esto, a cambio de recursos -en especial, de distribución automática para garantizarse ingresos a futuro sin importar el color partidario del poder de turno- y un grado de mayor "independencia", como por ejemplo, obtener luz verde para tomar deuda en el exterior.

Macri entendió que la "gobernabilidad", palabra fetiche de la época, se comprende mejor puesta en números: Cristina Kirchner presidió el país con mayoría legislativa, y el apoyo férreo de al menos 17 de los 24 jefes provinciales; él apenas cuenta con cinco incondicionales y no maneja el Congreso.
¿Cuál es el balance en el salto del ciclo K a la era M? "Es cierto que ganamos cierta autonomía y tenemos un diálogo abierto, pero los números dan mal. Si la economía no crece, me parece que se complica", dijo a El Cronista el gobernador de Chaco, Domingo Peppo, que hubiera preferido "mayor energía" puesta en la obra pública y el consumo.

Sacudidas por el contexto nacional, todas las provincias están en "recesión técnica", según el Indicador Sintético de Actividad de las Provincias (ISAP) que elabora Federico Muñoz & Asociados, con datos actualizados hasta la primera mitad del año.

La evaluación de Peppo es compartida en general por el resto de sus colegas del PJ, en guardia en la previa de la pelea electoral de 2017. Celebran las instancias de discusión que les devuelven un protagonismo perdido, pero dudan del modelo económico.

La expectativa es moderada. "Puede haber un repunte sobre el segundo trimestre del año que viene. No creo que sea descollante. Hay dos actores que pueden motorizar la actividad: el campo, de la mano de la cosecha de soja que comienza en marzo, y el otro es la obra pública, cuando se empiece a poner en marcha", pronostica el socialista Miguel Lifschitz, gobernador de Santa Fe.

En la agenda del federalismo, el Gobierno exhibe como una cucarda el acuerdo por la devolución del 15% escalonada de la masa de impuestos coparticipables que antes se retenía para financiar a la ANSES. Para este ejercicio se está liquidando el 3%, más otro 6% adicional en concepto de préstamo a tasa subsidiada. A fines de diciembre, habrán totalizado alrededor de $ 37.000 millones extra. En los cálculos oficiales, la restitución correspondiente a 2017 sumará $ 48.500 millones.

La Casa Rosada promete que las transferencias automáticas -sumando la coparticipación y el Fondo Social Solidario, que se nutre de los derechos de exportación al agro- treparán el año que viene a $ 765.000 millones, equivalente al 30% de la recaudación nacional. "Son tres puntos más respecto del promedio entre 2004 y 2015, que era de 27%", enfatiza un funcionario para subrayar que el macrismo pretende ser menos discrecional en el reparto de fondos.

¿Se dispararon entonces los envíos de coparticipación al interior con el nuevo esquema? No, hasta septiembre acumulan una suba nominal de 36% respecto de 2015, pero de apenas 0,1% en términos reales, según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). "Hay dos factores clave -explica Ariel Barraud, de ese thint tank- Uno: la pérdida de fuerza de la recaudación por la caída de la actividad. Y dos: la reducción de la presión tributaria decidida por el gobierno nacional con impacto directo en la "copa" (como la modificación en Ganancias y la baja del IVA a jubilados y beneficiarios de planes) y en el Fondo Federal Solidario (por la rebaja de retenciones a la soja)". Se repite, una vez más, el dilema de la sábana corta. Lo que sí se está generando es una incipiente inequidad entre las provincias. "Hay una coparticipación a tres velocidades", describe Walter Agosto, investigador principal de Cippec.

Esto se da porque se generaron tres grupos. 1) Santa Fe, Córdoba y San Luis: fueron beneficiadas por el fallo de la Corte, reciben coparticipación plena y registran un incremento de 47% interanual en los giros. 2) la Ciudad de Buenos Aires: un decreto de Macri corrigió el coeficiente y ahora embolsa 252% más. 3) El resto: arribó a un pacto para recuperar el 15% total en cinco años, y crece a un ritmo de 36%. "Hay apertura, reuniones frecuentes y funcionan los concejos federales en todas las áreas", enumera Lifchitz. Lo dice a pesar de ser uno de los gobernadores que sorpresivamente más roce tuvo con Macri, con quien mantiene una rivalidad extendida por las pulseadas contra Miguel Del Sel en su distrito.

Más allá de los resultados, el feedback es un plus apreciado por todos, aún por los más desconfiados, como el formoseño Gildo Infrán. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, talló ese primer puente de comunión.

No más gritos Quizá por eso nada extrañan los caciques peronistas del estilo K, que terminó tan rabioso como arrancó: con un encuentro para el infarto en la Casa Rosada, a poco de que Cristina deje el poder. "La que se viene", le susurró al oído el gobernador saliente de Mendoza, Paco Pérez, al "nuevo" Gustavo Bordet, de Entre Ríos. Lo que siguió fue una catarata de reproches de la ex Presidenta porque José Luis Gioja sugirió su candidato para la AGN. Sacudió a todos, ni uno se animó a retrucar. Hasta Daniel Scioli obedeció cuando en tres oportunidades ella le pidió que se levantara a cerrar la puerta, que quedaba entreabierta por el ir y venir de los mozos. Fue el último cara a cara grupal con los gobernadores que respaldaron su proyecto 12 años. Obras en la mira

Lejos de esa postal, en el Gobierno nadie los trata a los gritos pero sienten que les clavaron un puñal con el freno a la obra pública, pilar de la "década ganada". Sea por sospechas de corrupción, la meta de pisar el gasto o ambas, las cifras son elocuentes. Si se compara lo que va del año, con el mismo período del último año de mandato de Cristina, las transferencias no automáticas de capital al interior bajaron 30% en términos nominales y 49% en términos reales, según Iaraf.

Esa parálisis la sufrieron especialmente los distritos mimados, regados al calor del kirchnerismo con planes de infraestructura, como Buenos Aires, Chaco, Tucumán, Entre Ríos y, por supuesto, Santa Cruz. En el presupuesto que se debate en el Senado ya hay un cambio de prioridades: la cuna del modelo, comandada ahora por Alicia Kirchner, tendrá asignados 86% menos de fondos para proyectos y Jujuy, tierra del aliado radical Gerardo Morales, subirá 367%. En un año electoral, el Gobierno parece replicar la lógica anterior: poner plata en obras. Para 2017 en el presupuesto embolsan $ 48.227 millones, según consta en el anexo del artículo 11. Una tabla detallada a la que en el PJ bautizaron hace tiempo como "la planilla de la felicidad".

De este total, unos $ 4500 millones los consiguieron a último momento en el tire y afloje los gobernadores para apoyar la iniciativa. Si se habla de los envíos discrecionales a las provincias vale una aclaración: el grueso de los recursos que gira la Nación surge de la coparticipación, que es "automática". Lo que se denomina transferencias "no automáticas", que dependen de la voluntad del presidente de turno, representan entre el 15 y el 18% del total, según los últimos cinco años.

El revival de los ATN

Los que hicieron su reaparición este año fueron los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN), una especie de auxilio financiero que se prevé para situaciones de emergencia. Durante el menemismo hubo denuncias por uso irregular, como por ejemplo para financiar campañas políticas.
Este año, llevan ejecutados $ 2529 millones, según informaron fuentes oficiales a El Cronista, y el propósito es llegar a $ 4000 millones a fin de año. En el top ten figuran:

- Buenos Aires: $ 861.000.000
- Neuquen: $ 180.000.000
- Tierra del Fuego: $ 178.000.000
- Santa Fe: $ 157.400.000
- Corrientes: $136.000.000
- Misiones: $ 120.000.000
- Chubut: $ 118.500.000
- La Pampa: $ 114.555.000
- Entre Ríos: $ 107.200.000
- Mendoza: $ 105.000.000

En las gestiones de Cristina Kirchner, tuvieron otra aplicación. "Ella pisó los ATN y los dejó acumular durante años, para después reciclarlos como parte del programa de desendeudamiento de las provincias, y hacer aparecer que les daba una concesión cuando en realidad les estaba devolviendo fondos que les había retenido casi 10 años", explica Barraud.

Si bien los gobernadores pretendían que la partida asignada a los ATN se convirtiera en automática, Frigerio se opuso con el argumento de que ése no era su objetivo y, además, eran necesario modificar la ley 23.548. Como contrapartida, cedió un adicional de $ 5000 millones para el fondo sojero, financiado por el 30% de lo que se recauda por retenciones al agro. De eso, las provincias a su vez coparticipan el 30% a municipios. Ahora, además de destinarse a obras de infraestructura social, se amplió el alcance a infraestructura productiva.

Cajas al rojo vivo

El gran auxilio para 13 provincias será una partida especial para suplir el rojo previsional. Se trata de los distritos que no transfirieron las cajas jubilatorias a la Nación y siempre debieron rogarle ayuda financiera al Poder Ejecutivo. Está previsto un monto de $ 8000 millones a liquidarse en 12 cuotas equivalentes para 2017. Hasta ahora, la ANSES auditó a casi todas -excepto Santa Cruz y Chubut- para determinar el estado de las cuentas, el proceso de "armonización" y cuánto correspondería pagar. Se llegó a acuerdos con Buenos Aires, Formosa, La Pampa, Neuquen y Córdoba por los que se desembolsaron unos $ 8500 millones correspondientes a 2016.

El "plato fuerte" de este año fue, por lejos, el regreso a los mercados de crédito externo. Las provincias no se quedaron atrás de la ola de endeudamiento y adquirieron préstamos por más de u$s 7000 millones (ver recuadro). Lo pudieron hacer por el aval del Ministerio de Hacienda, que no bloqueó la posibilidad y, por el contrario, en algunos casos la alentó.

Se enciende, eso sí, una alarma. Si bien los gobernadores argumentan que recurrieron a financiamiento para planes de infraestructura, algunos lo hicieron para refinanciar pasivos o gastos corrientes. Un círculo vicioso que el Gobierno jura va acotar apenas carretee la economía.

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