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Prioridades en la inversión pública

Una vía express para ingresar al presupuesto, acceder a fondos públicos y eludir cualquier tipo de evaluación económica, social, ambiental creada durante el kirchnerismo sigue aplicándose al ejecutar la obra pública. El economista Ricardo Carciofi, integrante del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP) de la UBA y ex director del INTAL del BID, publicó esta semana una entrada en el blog Alquimias Económicas titulada "El enigma de las prioridad en la inversión pública". Allí se da cuenta de que la ley de presupuesto para 2017 (ley 27.341) dispone que ciertos proyectos, listados en su artículo 69, sean considerados parte del Programa de Inversiones Prioritarias (PIP), un dispositivo creado en 2009, para el presupuesto de 2010, y que aún persiste.
Aunque la denominación PIP sugiere que esas obras, por su importancia económica o impacto social, justifican un tratamiento prioritario, "lo que se dice no es", sostiene Carciofi, para quien "el mecanismo del PIP está casi en las antípodas de cualquier apreciación acerca de la rentabilidad social de la inversión pública".
En la práctica, las inversiones del PIP se registran por "debajo de la línea", y por tanto, no son captadas en la medición del déficit (o superávit) del presupuesto. "Se trata de una fórmula de contabilidad creativa", dice Carciofi. Por otra parte, dado que el PIP considera a los proyectos como "activos financieros", no es necesario que sean evaluados y analizados como dispone la ley de inversión pública (24.354).
Además la ley de presupuesto aprueba la "prioridad" pero el monto, al momento de la sanción, resulta indefinido.
Desde su sanción en 2009, el mecanismo PIP ganó rápida aceptación. Entre 2010 y 2015, período que analiza Carciofi, aproximadamente 50% de la inversión real directa de toda la Administración Pública Nacional fue financiada con este mecanismo.