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Mineras: un nuevo Acuerdo Federal amenaza el idilio de Macri con el sector

Si bien el Gobierno lo favoreció con la eliminación de retenciones, podría neutralizar parte de ese beneficio con un alza de impuestos promovida desde las provincias. Según la Cámara de Empresarios Mineros, las nuevas reglas encarecerían 5,5 puntos la carga fiscal.

Mineras: un nuevo Acuerdo Federal amenaza el idilio de Macri con el sector

El romance entre el Gobierno y las mineras, núcleo básicamente integrado por firmas trasnacionales, amenaza convertirse en un amor contrariado. La ventaja de eliminarle las retenciones con las que Mauricio Macri las bendijo al inaugurar su mandato podría ser parcialmente neutralizada con una suba de impuestos promovida por las provincias a través del Nuevo Acuerdo Federal Minero.

No hay dudas de que el desarrollo de la minería es política de Estado para el Gobierno de Mauricio Macri. Mal que le pese a los ambientalistas o a los estados del interior que, siendo constitucionalmente dueños de los recursos, no siempre tienen en el juego el rol que anhelan. Aquí está la piedra de la discordia.

Desde la Casa Rosada se promovió un nuevo pacto con un propósito medular: homogeneizar la normativa en todo el país para evitar que algunas gobernaciones combatan al capital que la Nación se esmera por seducir.

Pero la secretaría de Minería de la Nación y los responsables del área de las provincias productoras acaban de consensuar un texto poco simpático para las empresas, quizás acostumbradas a las caricias. Según el cálculo de CAEM, Cámara de Empresarios Mineros, las nuevas reglas implicarían encarecer 5,5 puntos la carga fiscal total.

El texto fue acordado a nivel técnico y ahora requiere el aval político de Macri y los gobernadores involucrados para tramitar con éxito en el Congreso.

La iniciativa contempla cambiar la base sobre la que se calculan las regalías, que hoy promedian un 3% sobre el valor bocamina (precio del producto, sin costos de transporte y otros) sustituyéndolo por el precio de venta sin descuentos. Según cálculos empresarios, esto agregaría entre 0,5 y 1 punto adicional al gravamen.

"Estamos dispuestos a pagar más, pero queremos que el sistema acompañe al ciclo de los negocios y queremos garantía de que los fondos con fin social se manejen con transparencia y lleguen a sus destinatarios" Marcelo Alvarez, titular de CAEM

Pero también se legalizaron contribuciones ya existentes en algunas jurisdicciones (San Juan y Santa Cruz) que podrían generalizarse: un aporte del 1,5% sobre aquella base para nutrir un fondo fiduciario con destino a la infraestructura social. A esto se le agregaría un 1% adicional para el desarrollo comunitario, que recaudará la Nación.

"Estamos dispuestos a pagar más, pero queremos que el sistema acompañe al ciclo de los negocios y queremos garantía de que los fondos con fin social se manejen con transparencia y lleguen a sus destinatarios", sentencia ante 3Días, Marcelo Alvarez, director de Asuntos Corporativos de GoldCorp y titular de CAEM.

La apuesta empresaria es mantener el statu quo y postergar cualquier modificación hasta que sea incluida en una reforma tributaria integral prevista para el año próximo. En ese ínterin, pretenden una mesa de diálogo para discutir un "acuerdo por competitividad", que se sumará al acuerdo por productividad que ya debaten con los trabajadores. En ese escenario, las mineras seguirían batallando con sus dos banderas:

- Modelar un esquema impositivo similar a las retenciones móviles: que la carga sea mayor cuando el precio del mineral lo es y viceversa.

- Que los tributos se calculen sobre las utilidades y no sobre el precio de venta. Lo que en la jerga del sector se considera una fórmula "progresiva", en contraposición a la "regresiva" utilizada hoy. "Cualquier esquema debería respetar la curva del negocio", refuerza Fernando Giannoni, de Barrick Gold.

Tal como subrayan las empresas, la minería es un negocio de largo aliento y grandes inversiones. Quizás por pudor, omiten el otro rasgo: también muy lucrativo. Unos u$s 1700 millones en una mina de oro pueden recuperarse íntegramente en menos de una década de explotación.

El acuerdo en ciernes fue debatido en el Consejo Federal Minero, donde habría tenido el aval de las provincias salvo la de Chubut, que anhela un trato algo más generoso y Santa Cruz, que planteó reservas a la continuidad de un régimen de promoción de inversiones. El propio secretario de Minería, Daniel Meilián, se habría visto arrastrado a convalidar aquellos retoques en una negociación en la que resultó minoría. Al menos así se lo hizo saber a los empresarios.

El geólogo fue, casualmente, responsable del área durante el gobierno de Carlos Menem, cuando se promovió un marco legal para el sector que el resto de las actividades siempre miró con envidia. Entre otras prerrogativas, esa ley comprometía al Fisco en un régimen benigno y estable. Sin embargo, no resultó suficiente.

"Las empresas están focalizadas en disminuir sus costos y maximizar los proyectos ya en marcha, más que en nuevas inversiones directas", admite Alvarez. Pero, al mismo tiempo, señala que aquella Cámara tiene computados desembolsos por 20.000 millones en un lustro, de los cuales 1200 ya se habrían hecho efectivos en 2016.

El riesgo federal

La Argentina sigue siendo un país minero en potencia, pero subexplotado en relación a otras naciones limítrofes de topografía similar: Chile exporta u$s 40.000 millones por año versus los u$s 3700 millones de la Argentina.

Una de las primeras y más controvertidas medidas adoptadas por la administración macrista fue suprimir las retenciones a las exportaciones mineras, que oscilaban entre un 5% y 10%, según si el producto vendido al exterior se despachaba tratado o en bruto.

Las arcas nacionales resignaron algo menos de u$s 200 millones con ello, monto que las empresas reducen a 128. Pero según los considerandos de la resolución 349/2016, “la incidencia negativa de los derechos de exportación sobre las operaciones mineras en marcha excede considerablemente los beneficios que se generan para el erario”.

Para el Gobierno, el esfuerzo fiscal se justifica con el rédito de mantener los 12.000 empleos del sector, sugiriendo que éstos están en riesgo si no se fortalecen las prerrogativas fiscales.

El otro justificativo oficial fue que había que disminuir la carga tributaria sobre el sector para evitar que los capitales sigan fluyendo hacia países limítrofes como Perú o Chile. Aunque según consignó en un reciente artículo la magister en sociología económica e investigadora del Conicet, Laura Alvarez Huwiler, al suprimirse los derechos de exportación, la Argentina tiene una presión fiscal inferior a la de esos países.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, acaba de participar en Londres junto a Meilián y otros funcionarios de un seminario que congregó a potenciales inversores para persuadirlos de las bondades de desembolsar su dinero en la Argentina.

La intención oficial declarada es arrimar unos u$s 23.000 millones al país, rico en oro y plata. Pero básicamente pródigo en litio, el mineral de moda y gran promesa de la naturaleza local.

Entre 2011 y 2015 el valor de los principales metales habían derrapado un 40%. Pero desde entonces, volvieron a subir. Como dato de referencia puede tomarse lo que pasó con el oro. En enero de 2014 costaba 860 euros la onza, contra los 1160 actuales.

El problema puede gestarse en las provincias, soberanas del recurso y con una conducta más heterogénea respecto de la actividad.

Algunas sancionaron prohibiciones a prácticas mineras frecuentes, como la explotación a cielo abierto. Por esta razón, Chubut escatima una habilitación a Pan American Silver para desarrollar con esa técnica el Proyecto Navidad, que promete u$s 1500 millones para producir plata. A pesar de que la firma garantiza que no usará cianuro.

Jujuy aspira a asociarse de modo creciente a los proyectos, transformándose en socia obligada de las firmas privadas: su participación a través de Jemse del 12% en emprendimientos actuales podría ser incrementada al 17% si culmina con éxito la negociación.

El Nuevo Acuerdo sí impone a las mineras estatales de las provincias la exigencia de que se manejen de modo independiente del Ejecutivo y que funcionen con las mismas pautas de sus socias privadas.

Cuestiones como esas sociedades forzadas irritan la epidermis patronal, sea cual fuere la nacionalidad del inversor. Y quizás eso explique que en el ránking internacional elaborado por Fraser -un instituto canadiense de prestigio- se ubiquen a cinco provincias locales en los peores lugares para radicar la inversión minera.

Interesados no faltan

Sin embargo, hay firmas extranjeras que miran la riqueza local, metalífera y no metalífera, con bastante codicia. Las chinas, en primer lugar.

Hace al menos un par de años varias firmas asiáticas están haciendo trabajos prospectivos para medir futuros negocios. China Metallurgical Corporation Ldt., concesionaria de la mina de hierro de Sierra Grande, ex Hipasam, está haciendo prospección en Neuquén. Jinchuan, firma especializada en prospectiva minera, está rastrillando el suelo de Catamarca, Jujuy y Salta para evaluar factibilidad de futuras inversiones.

Shadong Gold, el gigante chino del oro, está entre las candidatas apuntadas por el Gobierno para desembolsar en la Argentina. Otra es Citic, un holding financiero industrial, que ya construyó un vínculo con el país a partir de la venta de coches ferroviarios.

Pero el gran anzuelo del momento para potenciales inversores, más allá del oro, plata y cobre locales, parece ser el litio, que la Argentina tiene en cantidades importantes junto a Chile y Bolivia. Este terceto tiene el 37% de las reservas mundiales de un mineral clave en la fabricación de baterías para celulares y autos eléctricos y en el almacenamiento de energías renovables, que se obtiene a partir de la destilación de sal.

El Nuevo Acuerdo prevé que se constituya una “Mesa del Litio”, a integrar por expertos de Nación y provincias productoras para consensuar reglas para explotarlo.

El valor de la tonelada pasó de u$s 1500 a principios de los años 2000, a superar los u$s 7400 promedio en 2016 y eso explica que, al margen de las regulaciones nacionales o provinciales, una larga lista de empresas foráneas estén haciendo su apuesta.

Las canadiense Lithium Americas Corp (salar jujeño Caucharí- Olaroz), Energi Group (salar Rincón de Salta), la química Albemarle Corporation y Bolland Minera (Antofalla, Catamarca); Mitsubishi Corporation y la jujeña Jemse trabajan en la Puna.

Algunos ejemplos de un interés empresarial que bulle, al margen de los discutidos retoques al marco legal para hacerlo aún más atractivo. Y a pesar de las objeciones de ambientalistas que, en el caso del litio, advierten cuán comprometidas están las fuentes de agua para esas lucrativas explotaciones.


La cuestión ambiental

"Los problemas ambientales de la minería muchas veces están basados en mitos. En posiciones políticas que no tienen que ver con las explotaciones", sentencia ante este diario Fernando Giannoni, director ejecutivo de la Barrick local desde hace cuatro semanas.

El caso de Barrick Gold puede ser testigo en varios sentidos, en particular si se atiende al riesgo ambiental de una explotación.

La firma sufrió tres "incidentes", comenzando en 2015 por el derrame de cianuro en un río de San Juan, único hecho al que la empresa considera "serio, de impacto ambiental pero no daño". Esta disquisición semántica apunta a que no hubo pérdida de ninguna vida ("ni un mosquito", sostiene aquel vocero) por el accidente que sometió a la compañía al pago de una multa y un grupo de sus directivos a un proceso penal aún abierto.

Las otras presuntas agresiones al medio no habrían sido tales y respondieron a "errores en la comunicación" o situaciones que se resolvieron con un canal aliviador del drenaje de aguas en Pascua Lama, emprendimiento que se encaró junto a Chile.

Cuidado del ambiente

Para la firma, la minería opera en la Argentina "con los mismos métodos de cuidado medioambiental que en otros lugares del mundo", donde existen estándares muy exigentes.

Esto invalidaría el temor a los procesos que utiliza la actividad.

La Cámara de Empresarios Mineros (CAEM), que la congrega, tiene vocación de conseguir un perfil más soft, que depure la imagen de una actividad sindicada como verduga del medio ambiente.

Secundando a Finlandia, acaba de firmar un convenio con una entidad canadiense que elabora protocolos para regular la actividad de modo amplio, al punto que uno de ellos está referido a derechos humanos.

Ese acuerdo, que ubicaría a los productores locales en un lugar de más prestigio en el mundo, obligará a las firmas socias a presentar las acciones con las que prueben el cumplimiento de esas pautas de responsabilidad social, que irían más allá de simples mecanismos para tributar menos impuestos.