Memorándum: la pesadilla que atormenta a Cristina en la Justicia

La denuncia que el ex fiscal Nisman realizó en su contra poco antes de morir, es la que más preocupa a la ex presidenta en la previa de la elección general de octubre. En los próximos días, podrían citarla a declarar por traición a la patria, acusada de encubrir a Irán en la firma de un acuerdo por el atentado a la AMIA.

"Para vos, cuál fue la causa más grave que tengo, a ver si coincidimos?", preguntó Cristina Fernández de Kirchner. "Y... la de Nisman", respondió Oscar Parrilli.

El diálogo entre la ex presidenta y su ex secretario se produjo en julio de 2016, ya con ambos fuera del poder, y forma parte de una las múltiples llamadas telefónicas entre ambos que fueron interceptadas por la Justicia.

Cristina lo sabe. Parrilli también. Ninguno de los tres procesamientos que afronta la ex jefa de Estado le preocupa tanto como el expediente que se tramita en Comodoro Py por su presunto encubrimiento a Irán en 2013, en la firma del memorándum de entendimiento por el atentado a la AMIA, que en 1994 causó 85 muertes.

Se trata de la denuncia que radicó el ex fiscal Alberto Nisman el 14 de enero de 2015, cuatro días antes de morir, que frenó en dos oportunidades el juez federal Daniel Rafecas y que, tras reabrirse este año, fue enviada al juzgado de Claudio Bonadio, el mismo magistrado que ya procesó a Cristina por administración infiel en la causa dólar futuro, y por asociación ilícita y lavado de dinero en el expediente Los Sauces.

Visita inminente a Comodoro Py

En los próximos días, por pedido del fiscal Gerardo Pollicita, Cristina podría ser citada a indagatoria por traición a la patria, al igual que su ex canciller Héctor Timerman, artífice del documento en el que se acordó con el gobierno iraní seguir investigando el atentado a la mutual judía, pero dar de baja las órdenes de captura contra los funcionarios sospechados de ese país.

En su denuncia, Nisman acusó a Cristina de encabezar "un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados en dicha causa, para que eludan la investigación y se sustraigan de la acción de la justicia argentina". Y Timerman, según la hipótesis del fiscal, fue el nexo para llevarlo adelante. Es al canciller a quien desde hace dos años se lo acusa por el delito "traición a la patria", que implica posibles penas de hasta 25 años de prisión, en el marco de una negociación que habría mantenido con autoridades iraníes y sirias en las que ajusta la firma del memorándum, sancionado en el Congreso y luego anulado por la Justicia.

Al asumir Bonadio el trámite, esa causa se unificó con la denuncia de Nisman sobre CFK, Timerman y un largo número de ex funcionarios del Frente para la Victoria. La semana pasada trascendió un audio que desde el kirchnerismo siempre negaron, en el que Timerman revela que viajó a Siria para reunirse con el presidente Bashar al Assad, y a Irán, para hacerlo con el canciller Alí Akbar Salehi. En esos encuentros, se habría cerrado el plan que denuncia Nisman.

El impacto que generó la muerte de Nisman el 18 de enero de 2015, en condiciones aún no esclarecidas, repercutió directo en la todavía gestión kirchnerista, en el inicio de un año de elecciones presidenciales. El fiscal debía asistir el día siguiente al Congreso para explicar los motivos de su denuncia. Pero nunca pudo hacerlo. La noche previa apareció muerto en su departamento de Puerto Madero, con un disparo en la cabeza.

En el escrito que presentó en el juzgado de Ariel Lijo, entonces de vacaciones, Nisman planteó que el entonces gobierno se "valió de una diplomacia para-estatal integrada por personal de la Secretaría de Inteligencia, por el diputado nacional Andrés Larroque, los dirigentes Luis D Elía y Fernando Esteche y el referente comunitario y vínculo directo con Irán, Jorge Khalil".

Una denuncia diferente

A menos de dos meses de los comicios generales que definirán la elección legislativa bonaerense, en la que será candidata a senadora nacional, la ex mandataria podría tener que regresar a los tribunales para declarar y exponerse a un nuevo procesamiento.

Sería el primer expediente que llegara a esa instancia vinculado a decisiones de su Gobierno que no tuvieron un impacto económico directo ni estuvieron ligadas a sospechas de corrupción. Es el costado político de la denuncia de Nisman el que afecta directamente a Cristina. Y la muerte casi inmediata del fiscal la ubica, desde hace dos años y medio, en la mira de buena parte de la opinión pública, como eventual autora intelectual de lo que muchos denominan fue un crimen.

El caso Nisman, con su doble camino judicial, significó para el kirchnerismo cambios determinantes en su estructura. El 19 de diciembre de 2014, un mes antes de que el fiscal muera, Presidencia ordenó desplazar de su cargo al histórico espía de la ex SIDE, Antonio Stiuso, indicado como un asesor clave de Nisman en la investigación por AMIA que el titular de la Unidad Fiscal llevaba adelante.

"Stiuso no trabajaba para Nisman. Nisman era rehén de Stiuso", fue la frase que surgió de fuentes oficiales poco después de que se conociera la noticia de la muerte del fiscal y que se vinculara al ex agente con la misma. Quienes abonan la teoría de que Stiuso fue quien orquestó un asesinato de Nisman creen que lo hizo en represalia por la decisión de removerlo que el gobierno de Cristina Kirchner había tomado poco antes.

Con cuatro décadas trabajando como espía, Stiuso había adquirido un poder desmesurado durante la presidencia de Néstor Kirchner, al punto que Gustavo Beliz, ministro de Justicia que se atrevió a denunciarlo y mostrar una fotografía suya en televisión, debió dejar su cargo. Cristina desactivó el reinado Stiuso.

En febrero de 2015, un mes después de la muerte de Nisman, la ex presidenta decidió también que la entonces Secretaría de Inteligencia se convirtiera en la Agencia Federal de Inteligencia y, con dotación presupuestaria actualizada, pasara a depender de Oscar Parrilli, justamente el hombre con el que dialogó sobre la relevancia del expediente que se formó a partir de la denuncia del fiscal.

"La más grave". Lo dijo Cristina, lo reconoció Parrilli, lo piensa la Justicia, que parece decidida a avanzar en una causa caliente, bastardeada como pocas en Comodoro Py hasta que no hubo más margen para rebajarla y, presión mediática de por medio, se decidió reactivarla.

A 50 días de una elección en la que puede ser electa senadora y recuperar los estratégicos fueros, Cristina sabe que su peor pesadilla judicial la persigue de nuevo.

Las principales causas contra CFK

- Dólar futuro. Bonadio la procesó por "administración infiel con perjuicio al Estado" porque durante su Presidencia se tomó la decisión de vender dólares en el mercado de futuros a un precio bajo que, tras la devaluación del macrismo, iba a obligar al Estado a pagar una gran diferencia a los compradores. Se estima un perjuicio de $ 76.000 millones al Banco Central.

- Los Sauces. También la procesó Bonadio, por asociación ilícita, negociaciones incompatibles y lavado de dinero. Se trata de la causa en la que desde la sociedad inmobiliaria del clan Kirchner en Santa Cruz, se recibían pagos de alquileres, en concepto de coimas, de empresarios afines como Lázaro Báez y Cristobal López.

- Obra Pública. El juez Ercolini la procesó como supuesta integrante de una asociación ilicita que habría funcionado durante sus dos gobiernos y el de Néstor Kirchner, para la adjudicación de obra pública en Santa Cruz en beneficio de Lázaro Baéz.

- Hotesur. Ercolini la citó a declarar y deberá presentarse en Comodoro Py el 9 de noviembre. Se acusa, a ella, a sus hijos Florencia y Máximo Kirchner, y a Báez, de lavar dinero con el alquiler de habitaciones del hotel Alto Calafate que nunca se utilizaron.

 

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