Macri: de correr a los cartoneros a fomentar el empleo de la economía popular

En 2002, como candidato a jefe de Gobierno porteño, renegaba de ese sector vulnerable por considear que robaban la basura. Hoy su gobierno trabaja en el Plan Empalme, que propone a las empresas tomar a trabajadores beneficiarios de planes sociales, a cambio de un subsidio que ayude a pagar el salario. Busca dejar atrás la cultura del asistencialismo.

Hubo una época, ahora incómoda, en la que a Mauricio Macri se le endurecía el gesto al hablar de los cartoneros. Corría el año 2002 y el entonces candidato a jefe de Gobierno porteño renegaba por el "descontrol absoluto del cirujeo" en la Ciudad, que administraba entonces Aníbal Ibarra. "Hay crisis en el manejo final de los residuos y formar cooperativas no resuelve nada", decía. "Éste es un negocio millonario y los cartoneros tienen una actitud delictiva porque se roban la basura. Además, no pagan impuestos y la tarea que realizan es inhumana", se quejaba sin ponerse colorado.

Pasaron quince años y los cartoneros no desaparecieron. Pese a la sanción de la ley de emergencia social en 2011 y el reconocimiento que logró la economía popular -en el que los cartoneros se mueven junto a otros actores de alta vulnerabilidad social para ganarse su propio sustento- el gobierno nacional y popular de los Kirchner no pudo evitar que el trabajo informal desarrollado al calor asfixiante de los 90 persista en la Argentina. Ese sector, que combina trabajo inestable y de baja remuneración con un plan social, representaba hasta 2016 al 18% de la población económicamente activa, según datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). Entre 2010 y 2016, la proporción de subempleos inestables pasó de 9,7% a 18% de ese segmento de la población. Y es probable que la cifra haya crecido en los últimos meses dado que el mundo de las changas es el primer afectado por la inflación y la caída del consumo.
 

Macri, en tanto, aprendió en todo ese tiempo qué decir y qué no en campaña, y también modificó su visión -con más resignación que entusiasmo- sobre el papel de las organizaciones sociales y la economía popular. A contramano de sus antiguos principios, y ya en Balcarce 50, el macrismo subió en más de un millón a los beneficiados por la Asignación Universal por Hijo (AUH), y cuenta este año con un monto presupuestado de más de $ 25.000 millones para todos los planes. Pero puertas adentro se asume que ese modelo está agotado y que la política social debe pasar por el empleo.

En esa línea, concientes de que este segmento de la población no calificado seguirá teniendo dificultades para encontrar un trabajo formal aun cuando llegue la prometida y demorada reactivación económica, el Gobierno trabaja en una iniciativa que busca pasar del asistencialismo al empleo. Se trata del Proyecto Empalme, que propone a las empresas privadas contratar a beneficiarios de un plan social, a cambio de obtener un subsidio que ayude a pagar el salario. Un ejemplo concreto: si el sueldo es de $ 12.000, el Gobierno mantendrá los $ 4000 del programa social y la empresa pondrá $ 8000.

"Realmente creemos que para que la Argentina crezca, tenemos que reducir la pobreza. Eso incluye tener un plan para reducir la informalidad en el mercado laboral, que es demasiado alta, y que se presentará en los próximos días", dice un hombre de la jefatura de Gabinete, que coordina el estudio que se viene desarrollando en los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social.

Algo es claro. Desde el inicio de la democracia, los planes sociales fueron creciendo en la Argentina, desde las 500.000 personas que durante el gobierno de Raúl Alfonsín eran beneficiadas por las cajas del Plan Alimentario Nacional (PAN) a las 9 millones que en la actualidad reciben la AUH. Pero la pobreza nunca logró bajar del 25% promedio.

Fue, precisamente, la difusión de los datos del crecimiento de la pobreza durante 2016 lo que llevó al Gobierno a dar lugar a los intensos reclamos de las organizaciones sociales, entre ellos Barrios de Pie, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Así, con tres meses de demora, oficializó en marzo la reglamentación de la Ley Nº 27.345, que establece la prórroga de la emergencia social hasta 2019 y habilita partidas de $30.000 millones extras para destinar a esos grupos vulnerables.

No es todo. A la espera de la implementación del salario social complementario, como estipula esa norma, el Ministerio de Trabajo también lanzará de manera transitoria un programa para complementar con $ 4000 el salario de los trabajadores de la economía popular que no son beneficiados por un plan social. El objetivo es que con esta suma y lo que obtienen por su trabajo informal se acerquen al salario mínimo vital y móvil, que ronda los $ 8060.

Necesario pero insuficiente

Desde el Observatorio de la Deuda Social de la UCA evaluaron de manera positiva las medidas focalizadas que anunciará el Gobierno pero consideraron que son insuficientes.

"El Proyecto Empalme es una política de empleo, que muchas veces sirve también para luchar contra el trabajo en negro. En ese sentido, es positivo. Pero no sirve para generar puestos de trabajo por sí misma", explica Eduardo Donza, investigador de la UCA.

Lo mismo -dice- sucede con la ley de emergencia social, "buena para transferir y asegurar recursos". "En primera instancia son normas positivas porque mejoran la calidad de trabajo de esa persona. Aunque sigan haciendo la misma actividad, pueden hacerla de manera más digna. Pero tenemos que tomar conciencia de que, tanto para el mercado del trabajo como para el tema de la pobreza e indigencia, lo que tiene que cambiar es la estructura productiva en la Argentina", remarca. Según el especialista, lo que falta en la Argentina son políticas de Estado, esto es, políticas que sean sustentables en el tiempo. "No se trata de cambiar un modelo económico de cierta ideología. El problema es más serio, porque el gobierno anterior -supuestamente distributivo- tampoco lo pudo solucionar y terminó su gestión con un 29% de pobreza. Tiene que haber un acuerdo de todos los actores sociales, los empresarios, los formadores de precio, los sindicatos, las organizaciones de base para sentar a los sectores que quedan afuera de la parte formal, y los diferentes representantes de la sociedad civil. Tienen que ser acuerdos que trasciendan a un gobierno. Si no, tendremos pequeños éxitos en el corto plazo que no se podrán sostener", advierte Donza.
-¿Están los dirigentes a la altura de las circunstancias? -pregunta 3Días.
"Hoy parece difícil de lograr", concluye Donza.

Deuda pendiente De acuerdo con la Encuesta de la Deuda Social Argentina realizada durante el tercer trimestre de 2016, sólo 41,4% de la población económicamente activa urbana posee un empleo asalariado o no asalariado con calidad plena de derechos laborales, mientras que un 30,7% tiene un empleo regular pero sin vinculación con la seguridad social. Un 18% está subocupada en actividades de baja remuneración, alta inestabilidad y/o participan de planes de empleo, y otro 9,9% se encuentra abiertamente desocupados. Entre 2010 y 2016, la proporción de subempleos inestables paso de 9,7% a 18% de la población económicamente activa. La suba se originó por las políticas contracíclicas de generación de trabajos vinculados a un mercado interno de consumo de bajos ingresos y/o a programas de empleo.
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