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Insisten en que aún no hay pruebas contra Bressi

La diputada Elisa Carrió volvió esta semana a la carga contra el jefe de la policía bonaerense, Pablo Bressi. No sólo insistió en relacionarlo con el delito sino que adelantó que en los próximos días le dará a conocer a la gobernadora María Eugenia Vidal "otra causa más" que involucraría al uniformado. "Yo sé quién es Bressi", advirtió, aunque dijo confiar "absoluta y plenamente" en Vidal. "La gobernadora, a través de Asuntos Internos (de la Policía provincial) está investigando" al jefe policial, recordó.
Desde el gobierno bonaerense insisten en que aún no hay pruebas contra el uniformado. "Seguimos las causas que ella mencionó y Bressi no aparece. Es lo que nos dijeron los jueces y fiscales", enfatizó esta semana la propia Vidal en el programa Intratables, que se emite por el canal América. A principios de julio, Carrió había vinculado públicamente a Bressi con Miguel Angel Mameluco Villalba, actualmente preso en Ezeiza, condenado por liderar una organización de venta de drogas en San Martín. Tras esos dichos, la diputada le envió una carta con "pruebas" sobre el jefe policial a Vidal y, poco después, recibió en su casa de Exaltación de la Cruz a la Gobernadora, quien escuchó su reclamo y se comprometió a investigar.
Vidal ordenó una nueva investigación sobre Bressi, en este caso a partir de las denuncias por violencia de género que hicieron sus ex parejas, y espera un informe de la subsecretaria de Género y Diversidad Sexual de la Provincia, Daniela Reich.
Por su parte, el analista Rosendo Fraga considera que los policías que cometen delitos deben ser separados. "Pero es un error aplicar a la policías las normas que no se aplican al resto de los funcionarios públicos. La obligatoriedad de la declaración de bienes también debe regir para concejales, jueces, etc. En caso contrario, se genera resentimiento y no una mejora en los niveles de seguridad", afirma.
¿Echar a los policías corruptos y dejarlos en la calle, no es también un riesgo para la seguridad? El massista Diego Gorgal asegura que no. "Peor es darles un arma y la potestad de decidir sobre la libertad de los ciudadanos. En realidad se los echa porque en la inmensa mayoría de los casos son sumarios por infracciones y no causas penales por delinquir. Se presenta a las cesantías como una depuración que en realidad no es tal", dice. En la misma línea se expresa el diputado radical Luis Petri. "El verdadero riesgo para la seguridad es mantener a los policías corruptos dentro de la fuerza. Porque bajo la apariencia de legitimidad y legalización operan como brazos armados del crimen organizado", afirma.