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Equidad salarial y paridad de género, una puja que se trasladó al Congreso

Equidad salarial y paridad de género, una puja que se trasladó al Congreso

Niunamenos se volvió bandera de la lucha contra la violencia machista y los femicidios, que alcanzan en nuestro país cifras escandalosas. En ese marco, el Congreso de la Nación se convirtió en la caja de resonancia de los reclamos de género con importantes leyes aprobadas y otras tantas pendientes. Hoy, las diputadas y senadoras de todas las fuerzas políticas trabajan intensamente para visibilizar otra de las principales consignas del PIM -Paro Internacional de Mujeres-: la equidad salarial y la paridad de género en todos los ámbitos de representación.

El año pasado se debatió intensamente la fórmula "uno y una" en las listas electorales para cargos nacionales logrando dos medias sanciones que finalmente no se plasmaron en ley. También avanzó y espera sanción definitiva del Senado la integración igualitaria de las mujeres en las asociaciones que reúnen a las cooperativas. Mientras, esperan tratamiento legislativo propuestas que impulsan una igual representación de los sexos en sindicatos, asociaciones profesionales, el Poder Judicial y el Ejecutivo.

En debate

"Alcanzar la paridad es indispensable para modificar los mismos factores estructurales que nos excluyen y generan desigualdad", opinó en público la presidenta de la Banca de la Mujer del Senado, Marina Riofrío (PJ-FpV), y autora de uno de los dos proyectos con media sanción que promueve la paridad de género en las listas para cargos públicos electivos. Pero ni el de ella ni el impulsado en Diputados, logró la sanción definitiva.

La propuesta de la Cámara Baja, incluida en el articulado de la Ley de Reforma Electoral del PEN, establece que la igualdad de representación entre los sexos se aplique de manera intercalada en las nóminas de candidatos para las elecciones primarias (PASO) y generales. Por su parte, la media sanción aprobada en la Cámara Alta lo extiende a las listas de postulantes a parlamentarios del Mercosur y a la estructura interna de los partidos políticos.

La primera naufragó en el Senado, principalmente, por la falta de acuerdo al interior del peronismo en torno a la aplicación de la boleta electrónica -uno de los ejes principales de la Reforma Electoral-, pero también porque la propuesta de paridad es más restrictiva que la segunda. A su vez, Diputados nunca trató la media sanción del Senado.

No obstante, este debate inspiró a las kirchnerista Gabriela Estévez y Beatriz Mirkin que impulsan la participación igualitaria en las presidencias de todas las comisiones legislativas y en la Auditoría General de la Nación -órgano de control del Congreso de la Nación sobre los fondos del Estado-.

En esta puja, las legisladoras dan pelea desde un número desfavorable: de los 257 diputados nacionales, sólo 100 son mujeres (el 38,9%). A su vez, de los 72 representantes que tiene la Cámara Alta, 30 son senadoras (un 41,7%). Ambas cámaras, promedian un 40,3% de mujeres, apenas un 10 más que el piso del 30 establecido por la Ley de Cupos.

Otra de las leyes que logró media sanción de Diputados al final del año pasado, es la que modifica la Ley de Cooperativas para garantizar la representación femenina en los cargos electivos de los órganos de dirección y administración. Se fija un cupo del 30%, con excepciones para los casos en que sean pocas las mujeres que integren la cooperativa, donde deberán establecerse comités de equidad de género que procuren la promoción y la participación equitativa entre sus asociados.

"Las cooperativas constituyen entidades ligadas por una lógica de solidaridad, ayuda mutua. Sin embargo, en la Argentina la política de equidad de género en los órganos de conducción de estas entidades ha sido poco atendida, y las mujeres tienen escasa presencia", fundamentó la autora de la ley, la radical Carla Carrizo (Cambiemos) y agregó que "de allí resulte inadmisible la inexistencia de leyes que establezcan la obligatoriedad de un cupo femenino como estandarte de organización y diseño interno".

En carpeta

La cantidad de escaños reservados para las mujeres en la Corte Suprema de Justicia de la Nación es uno los reclamos en los que coinciden casi todas las fuerzas políticas mayoritarias en el Congreso. "El número de jueces del mismo sexo nunca podrá superar en más de uno a los del otro sexo, a fin de garantizar la paridad de género", dictan los proyectos presentados por Cambiemos, el Frente UNA de Sergio Massa, el Frente para la Victoria y el Progresismo.

En tanto, en su propuesta, la diputada Estévez (FpV-PJ) agregó que incluso la presidencia del máximo tribunal "debería ser ocupada por un varón y una mujer alternadamente, manteniendo el sistema de elección vigente".

No se quedó atrás el oficialista Sergio Wechsler (PRO), que planteó extender la medida al Consejo de la Magistratura. Pese al tibio consenso entre los bloques políticos, ninguno de todos estos proyectos logró siquiera ser debatido en las comisiones legislativas. "Sin mujeres en la Justicia, habrá menos Justicia para las mujeres", sintetizó en su propuesta la diputada massista Carla Pitiot.

Además, Estévez, Wechsler y la socialista Alicia Ciciliani avanzan también sobre el Ejecutivo. La kirchnerista impulsa la paridad de género en la composición del gabinete nacional. Mientras que los diputados de Cambiemos y el Socialismo incluyen a las subsecretarías y direcciones y los organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional cuyos órganos rectores sean colegiados. Aunque el 50% de los trabajadores del PEN son mujeres, ellas tienen sólo el 22% de los cargos de conducción política en el gabinete de Mauricio Macri, el mismo porcentaje que ocuparon en el equipo de Cristina Kirchner.

También las centrales obreras son centro de las críticas por la escasa participación femenina en las cúpulas sindicales de la Argentina y la inequidad salarial entre los sexos. Las diputadas Carrizo y Alejandra Martínez (presidenta de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Diputados) presentaron hace una semana un proyecto de declaración para reclamar el cumplimiento de la Ley de Cupo Femenino Sindical. En conferencia de prensa explicaron que "sólo dos de los 37 cargos nacionales de la CGT están ocupados por mujeres" y, según un relevamiento del Ministerio de Trabajo, "las trabajadoras ocupan apenas el 18% de las secretarías, subsecretarías o prosecretarías, pero en ninguno de los gremios estudiados hay una secretaria general o adjunta".

Si los diputados quisieran atender esta cuestión, hay un proyecto de ley de Victoria Donda (Libres del Sur) a su alcance. Éste fija un cupo del 50% en los cargos electivos de las asociaciones sindicales. Al mismo tiempo, el Socialismo impulsa la paridad en las asociaciones profesionales y las instituciones de educación superior. En la Argentina, las mujeres ganan en promedio un 27,2% menos que los hombres según datos de la OIT. "Solo el empoderamiento económico nos dará la autonomía que necesitamos para no caer en el sometimiento que implica vivir en una sociedad desigual. Estamos decididas a dar la discusión", prometió la senadora Silvia Giacoppo (Cambiemos). Habrá que ver si los varones del Congreso están dispuestos a dar ese debate.


#Niunamenos

Además de los proyectos de ley referidos a la paridad, el Senado dio media sanción a una iniciativa para declarar la "emergencia pública en materia social por violencia de género" por dos años. También aprobó la "privación de la responsabilidad parental al femicida", clave para que los hijos que han perdido a sus madres de la mano de la violencia machista no queden a cargo de la familia del padre. Ambos proyectos esperan tratamiento en Diputados. En la Cámara Baja, el oficialismo quiere jerarquizar al Consejo Nacional de la Mujer para otorgarle autarquía, autonomía y territorialidad y así hacer más efectivas las políticas públicas destinadas a la erradicación la violencia de género. En paralelo, esperan debate otras iniciativas para brindar licencia especial a las mujeres que sufren ese flagelo, y la instalación de lactarios en todas las empresas.