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JUEVES 23/05/2019

El fracaso del combate al narcotráfico salpica la campaña

En la última década, no sólo aumentó el consumo en la Argentina, sino la producción, exportación, lavado de dinero y muertes violentas vinculadas a la droga. Frente a la ineficacia de las políticas aplicadas contra esta amenaza regional, se debate un nuevo paradigma de despenalización que parte aguas entre los candidatos bonaerenses.

El fracaso del combate al narcotráfico salpica la campaña

El Informe Mundial sobre Drogas que publica la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ubica a la Argentina en el tercer puesto como país de procedencia de la cocaína que se incauta globalmente, detrás de Brasil y Colombia. Contra la creencia de que somos "un país de tránsito, no de producción y consumo" -como señaló el jefe de Gabinete y candidato a gobernador bonaerense Aníbal Fernández en respuesta a una advertencia del Papa Francisco-, la contundencia de los datos es irrefutable.

A la expansión del tráfico de drogas "convencionales" u orgánicas, se suma la creciente producción de drogas sintéticas. Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre la Sedronar llama la atención sobre el aumento de la importación de precursores químicos como la efedrina, que se utilizan para fabricar estas nuevas "drogas de diseño".

El abuso de sustancias aumentó en forma sostenida en la última década. Según el Observatorio de Drogas (OAD) del Sedronar, entre 2004 y 2014, el consumo de marihuana pasó de una incidencia de 1,9% a 3,2%, y el de cocaína de 0,3% a 0,7%. De acuerdo al mismo estudio, la dependencia o adicción severa afecta a casi el 50% de los consumidores de cocaína, y al 17% de los de marihuana. No obstante, el abuso de alcohol es el de mayor prevalencia (66% de la población mayor de 16 años), de la que un 13% manifiesta una adicción severa.

Pero el problema de las drogas no afecta a todos por igual. El Barómetro del Narcotráfico y las Adicciones de la Universidad Católica Argentina, señala que el 45% de los hogares urbanos reconocen que hay venta de drogas en su barrio, y en los sectores de menos ingresos (villas y asentamientos), el registro se eleva al 84%.

El informe de la UCA, que se conoció pocos días antes de la renuncia del Padre Juan Carlos Molina al Sedronar, es muy duro con el accionar de este organismo.

"La expansión de la venta de drogas en villas y asentamientos está asociada tanto al déficit en la presencia estatal, que se manifiesta en las dificultades para acceder a la vivienda, servicios e infraestructura básica, así como en las escasas posibilidades de trabajo", puntualiza el trabajo dirigido por Agustín Salvia, coordindador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad. "Con base en la falta de oportunidades educativas y laborales, el reclutamiento de los jóvenes por las redes de delito organizado resulta más efectivo. La posibilidad de mayores ingresos a los que podrían acceder con un empleo precario, y la perspectiva de adquirir sentido de pertenencia y reconocimiento al interior de esas redes, se constituyen en un fuerte estímulo para ingresar a las bandas narco", destaca el trabajo.

Con esta visión coincide Enrique Font, profesor de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario e investigador de la problemática del narcotráfico en esa ciudad. "Los modelos de violencia e hipermasculinidad reinantes en los sectores excluídos generan un sentido de pertenencia que va más allá del retorno económico… Pertenecer a una banda, participar de arrebatos, enfrentamientos con la policía y delitos es una alternativa para construir identidad, vínculos, redes", se lamenta Font.

Del combate a la regulación

En la ciudad de Rosario, epicentro de la guerra narco durante los últimos años, se dio un fenómeno paradójico. "La intervención de las fuerzas de seguridad afianzó el ‘prestigio’ de bandas criminales como ‘Los Monos’, una organización de origen local formada por inmigrantes correntinos que en los ‘80 se dedicaron al robo de caballos para el cirujeo, en los ‘90 se hicieron pistoleros para la usura y a partir de los 2000 regentearon el menudeo de cocaína. Pero su negocio principal no es la droga, sino la violencia extrema", advierte Font.

Para el criminólogo rosarino, "los efectos de las políticas de seguridad frente al narcotráfico fueron básicamente dos: la desprotección de los sectores populares y la sobrecriminalización de los jóvenes pertenecientes a estos estratos. Como consecuencia de la intervención policial, los puntos de venta acortaron su horario, se volvieron móviles y requirieron más mano de obra para cuidarlos. Pero no desaparecieron. Al mismo tiempo, la tasa de homicidios pasó de 11 cada 100 mil habitantes en 2010 a 20 cada 100 mil en 2014.

Los datos del Barómetro del Narcotráfico de la UCA consignan el mismo fenómeno. "La mayor presencia policial reduce ligeramente el registro de venta de drogas en los barrios de nivel socioeconómico medio y alto, pero resultó casi imperceptible en los barrios de nivel socioeconómico bajo, villas y asentamientos".

La fragilidad de la política de combate y criminalización del consumo no es nacional sino regional. Juan Carlos Garzón Vergara, Magister de la Universidad Javeriana de Bogotá e investigador del Wilson Center en los Estados Unidos, señala que "la actual estrategia basada en la prohibición, se ha mostrado vulnerable al poder económico y armamentístico de las estructuras criminales".

Para el experto colombiano, que es un crítico del Plan Colombia y disertó durante el reciente Seminario Internacional Drogas: de la prohibición a la regulación, organizado por la Universidad Di Tella (UTDT) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), "el énfasis debe estar puesto en la mitigación de los impactos negativos y la reducción del riesgo".

En tanto, Marcelo Saín, ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuario (PSA) y actual director de la Escuela Nacional de Inteligencia, señaló en un trabajo sobre "la regulación policial del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires, que existe "un doble pacto: político-policial que implica la delegación de la Seguridad Pública por parte de los gobiernos a las cúpulas policiales, y un pacto policial-criminal por el que la policía participa y regula actividades delictivas complejas.

Por su parte, Gabriel Tokatlian, director del Departamento de Estudios Internacionales de la UTDT, señala que "el narcotráfico en la Argentina se sustenta en una coalición delictiva que mezcla a policías, políticos y pandillas, en el marco de una falta de control por parte del Estado, el desmoronamiento ideológico de los partidos políticos y la glorificación del enriquecimiento rápido como modelo de ascenso y reconocimiento social".

Narcolavado

Cualquier análisis del fenómeno narco está incompleto si no se toman en consideración los enormes negocios que genera. Estimaciones del informe de la UNODC indican que las ventas minoristas de drogas alcanzan los u$s 320.000 millones anuales, ó 0,9% del PBI mundial. De acuerdo con el documento, menos del 1% del total de ventas al por menor llega a los productores, mientras que los traficantes en países de tránsito obtienen entre 20 y 25% y la mayor parte de los ingresos se concentran al final de la cadena.

Una de las actividades que mayor volumen de negocios genera, y que más ha crecido en la Argentina desde la década del 90 es el lavado de activos. "Gracias al esquema económico que permitió la libre entrada y salida de capitales, el país se fue consolidando como plataforma de exportación y lavado de activos" destaca el cuestionado José Sbatella, titular de la UIF (Unidad de Información Financiera) en la publicación "Voces en el Fénix". "Esta trama de actividades incluye desde el empaque de la droga para que salga sin ser advertida por la Aduana, hasta la participación de despachantes, abogados, escribanos, contadores y empresarios".

Asímismo, dentro de una política de facilidades para la radicación de extranjeros, ingresaron al país importantes familias vinculadas al narcotráfico como la viuda y los hijos de Pablo Escobar Gaviria, ex jefe del cártel de Medellín; los hermanos Fernando e Ignacio Álvarez Meyendorff del cartel de Cali, los peruanos Sergio y Cristian Fontanellas Bobo y el mexicano Miguel Vázquez Bonilla, entre otros.

La mayoría de ellos se asentó en el lujoso complejo habitacional de Nordelta, en el partido de Tigre, cuya expansión inmobiliaria encendió las luces de alerta de la UIF en torno a los fondos con los que se financiaron estos megaemprendimientos.

En la Argentina, el delito de lavado fue incorporado al Código Penal a partir del año 2000. En 2011 quedó especificado dentro de los llamados "delitos contra el orden económico y financiero" y se estableció que, además de los bancos, inmobiliarias, fideicomisos, entidades deportivas, cooperativas y mutuales están obligados a reportar operaciones sospechosas. A través de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), la UIF colabora actualmente, dicen desde esa repartición, en la investigación de más de 700 causas por narcolavado.

Tema de campaña

Ocho de cada 10 argentinos consideran al tema Drogas y Narcotráfico como grave o muy grave, según una reciente encuesta del Observatorio de Prevención del Narcotráfico (OPRENAR). Casi 30% dijo conocer lugares o personas que venden drogas (ver gráfico), cuando en 1989, sólo un 6% conocía estos lugares.

De acuerdo a este estudio, la mitad de los encuestados (más de 1.000 casos, en todo el país), conoce directa o indirectamente a personas con adicción a las drogas. En el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), esa proporción es del 60%, cuando a fines de la década del 80 era del 28%.

Por su enorme relevancia social, el problema de las drogas y el narcotráfico se metió en la campaña. Si bien los candidatos presidenciales no se han pronunciado enfáticamente -salvo Sergio Massa, del Frente Renovador, quien propone "cárcel efectiva para los narcotraficantes"-, los candidatos a la gobernación de Buenos Aires se cruzaron fuerte los últimos días por este tema.

Aníbal Fernández, quien se manifestó a favor de despenalizar el consumo de marihuana, fue interpelado por su contrincante en la interna del FPV Julián Dominguez, quien prometió crear un Ministerio para la lucha contra las adicciones y aseguró que la seguridad y el combate al narcotráfico serán su prioridad.

Felipe Solá, del Frente Renovador, fue aún más lejos al insinuar en un polémico spot publicitario que si el actual jefe de Gabinete asume la gobernación de Buenos Aires, aumentará el tráfico de drogas.

María Eugenia Vidal, candidata por el macrismo, prefirió hablar de Seguridad más genéricamente. "Lo primero que aparece en el reclamo de la gente es la necesidad de no seguir viviendo con miedo. Hay que poner en marcha un plan de seguridad en serio en el conurbano", aseveró.

El debate está abierto. Sería bueno que no quede en palabras ni clichés de campaña luego de la elección.

Comentarios1
Lazaro Espain
Lazaro Espain 31/07/2015 07:48:09

Mirá esta impactante cámara oculta al actual candidato a presidente De la Sota hablando de la complicidad del narcotráfico con la policia federal, bonaerense y cordobesa. HTTP://WWW.STRIPTEASEDELPODER.COM/?P=1236

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