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El control de la calle, otro flanco débil del gobierno de Macri

La Casa Rosada no logra administrar la conflictividad social, una política que no parece integrar por ahora las prioridades oficiales. El Presidente no quiere ganarse el mote de represor, pese a las demandas de su electorado de terminar con los cortes. Los expertos aconsejan reglas claras y diálogo con las organizaciones. El protocolo antipiquetes: un parche.

El control de la calle, otro flanco débil del gobierno de Macri

El gobierno de Mauricio Macri se encuentra por estos días en la parte más alta del subibaja emocional que experimenta desde el 10 de diciembre. Las detenciones del profúgo Ibar Perez Corradi y del ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo José López parecieron caerle del cielo para distraer la atención pública, en medio de la expectativa colectiva por las mejoras económicas anunciadas para mediados de año.

Sus principales referentes aceptan que con el escándalo de corrupción y narcotráfico que enchastra cada vez más al kirchnerismo, el Presidente ganó tiempo. Tiempo para neutralizar el malhumor social reinante por la inflación y los tarifazos energéticos y desactivar así las protestas sociales que crecen cada día y amenazan con instalar el caos si el ansiado segundo semestre resultara una promesa vacía.

Pero el problema es que la Casa Rosada está dispuesta a dejar al azar de los acontecimientos uno de sus flancos débiles: el control de la calle, que día a día el peronismo y lo que resta del Frente para la Victoria le salen a disputar. No hay hasta el momento una política definida para administrar la conflictividad social y su solución no parece integrar las prioridades oficiales.

Un importante hombre de Gobierno reconoce a 3Días que cambiar la cultura del piquete en el país como se postuló durante la campaña tiene en este momento más costos que beneficios. "Es difícil porque los conflictos no tienen un patrón común. A veces son reclamos válidos pero en otras se dirimen lugares de poder de los gremios o de las organizaciones sociales, como sucedió hace unos días entre Barrios de Pie y el Movimiento Evita. Hay que distinguir caso por caso", explica.

El último reclamo público se dio el lunes, cuando un grupo afín al kirchnerismo le aguó al Presidente el acto por el Día de la Bandera en Rosario, en medio de un gran despliegue de seguridad. La Multisectorial contra los Tarifazos de Rosario se movilizó para protestar "contra el hambre y los despidos" y como resultado, el concejal K Eduardo Toniolli terminó con un corte en la cabeza al querer saltar las vallas y enfrentarse con Gendarmería. Desde el Gobierno minimizaron esa protesta. Según el vocero, responden a facciones del kirchnerismo o La Cámpora que persigue a Macri por cielo y tierra en pos de propinarle un buen escrache.

Sin respiro

Lo cierto es que desde el 10 de diciembre, el kirchnerismo ya encabezó sin respiro varias marchas contra el macrismo. Hubo tres con formato de audiencia pública, a Plaza de Mayo, al Congreso y a Parque Centenario, para escuchar a sus referentes, entre ellos, al ex ministro de Economía, Axel Kicillof, y al ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni.

La más ruidosa fue, sin duda, la protagonizada por Cristina Kirchner frente a los tribunales de Comodoro Py, una jugada que sonó más a demostración de fuerza para los jueces, tan sensibles ultimamente a la reacción de la opinión pública. Precisamente, la mayor crítica que se le hizo al Gobierno fue haber dejado en este caso el control de la calle en manos de La Cámpora.

También fue histórica la movilización que unificó a las cinco centrales obreras -las dos CGT y las dos CTA- el pasado 29 de abril en Paseo Colón y Av. Independencia para protestar contra el impuesto a las Ganancias, los despidos y la inflación.

Es una ley fundamental del peronismo: las distintas facciones se unen cuando el sillón presidencial está ocupado por un dirigente de otro color político. Pero el ajuste logró además aglutinar a sectores que en la década K no se podían ver ni en figuritas, como los seis sindicatos docentes universitarios, que marcharon el 12 de mayo en reclamo de "mejoras salariales, mayor presupuesto y en defensa de la educación pública".

Lo paradójico es que hasta protestan aquellos que su reclamo es apoyado por el Gobierno, como la lucha de los taxistas contra la llegada "ilegal" de UBER.

¿Por qué es tan difícil para el gobierno de Macri tomar el control de la calle?
Diego Gorgal, especialista en seguridad del Frente Renovador, cree que "ejercer la fuerza pública para imponer orden en el espacio público implica tomar riesgo", en especial para "cualquier gobierno que carece de mayorías propias y, por tanto, depende excesivamente del apoyo de la opinión pública".

Recuerda que lo mismo le sucedió a Néstor Kirchner a comienzos de su gestión. "La gobernabilidad de la Argentina post 2001 se jugaba también en la calle, de allí que Kirchner definiera un esquema de gobernabilidad basado en los intendentes del Conurbano, los movimientos sociales, los sindicatos con capacidad de movilización y el control político de las fuerzas policiales. A través de este esquema, el primer kirchnerismo administró el conflicto en la calle", explica Gorgal.

Según el hombre del massismo, Macri solo debería aplicar la política. "Cuanto mejor es la política, menos necesario es el ejercicio de la fuerza pública, y viceversa. Administrar el conflicto significa establecer reglas para que éste se manifieste de manera controlada, y ejercer la fuerza pública para castigar las trasgresiones a esas reglas. Tiene todos los resortes gubernamentales: las tres administraciones -federal, porteña y bonaerense- le responden, más el apoyo de la opinión pública. Sólo le falta destreza política, voluntad y coraje para administrar efectivamente el conflicto social que se expresa en el espacio público", afirma.

En ese sentido, considera que el mentado protocolo antipiquete "es una tableta de aspirinas que se pretende aplicar a un paciente que tiene cáncer". "Es un instrumento administrativo que ordena el proceder de las fuerzas policiales, y el problema excede al proceder de las fuerzas policiales".

El analista político Enrique Zuleta Puceiro asegura que la cuestión de la seguridad desborda al Gobierno y afecta sus apoyos sociales en varias dimensiones. "Las realidades de hecho lo desbordan. Parece haber perdido toda capacidad para imponer una agenda propia", afirma.

Para la diputada Margarita Stolbizer, que haya demandas populares que se expresen a través de manifestaciones callejeras no es malo. Pero cuando en esa ocupación o reclamo se cometen delitos, la respuesta debe ir por otro lado. "No se puede pensar en ningún mecanismo represivo de la manifestación pública. Seria tan inconstitucional como los intentos de limitar la libertad de prensa y expresión para que los periodistas no publiquen determinada información. El fracaso recurrente sobre esta cuestión es no atender las causas que generan las protestas y solamente pretender ‘operar’ sobre la protesta pública", destaca.

El ejemplo citado por la legisladora del GEN fue el acampe del cacique qom Felix Díaz en la 9 de Julio. "Sólo reclamaba ‘que lo atiendan, que lo escuchen’. Ningún funcionario del gobierno anterior lo hizo. Cuando le dieron la respuesta que buscaba, se levantó el acampe. Ésa es la forma, escuchando, estableciendo mecanismos de diálogo, acuerdos y atención de las demandas", define.
 

Paola Spátola, presidente del Centro de Estudios para la Convergencia Ciudadana y especialista en temas de seguridad, explica que para administrar la conflictividad social no hay una sola respuesta porque no hay un solo tipo de conflicto. "Hace falta un trabajo previo para desactivar la protesta. La represión no tiene que ser la primera opción, salvo que se hayan agotado todas las instancias. El mejoramiento de la economía sin duda desactiva manifestaciones del tipo social, pero también hay que tener una política activa de ida y vuelta con las organizaciones para tratar de no llegar al punto de enfrentar un piquete", señala.

Kosteki y Santillán

Spátola cree, además, que la parálisis del Gobierno se debe "al temor latente por el accionar de grupos infiltrados que pueden convertir una política de disuasión en un hecho trágico. Tenemos un pasado muy doloroso: la dictadura militar, los asesinatos de Darío Kosteki y Carlos Santillán, el 19 y 20 de diciembre de 2001", enumera.

En el Gobierno aceptan que el clima social está caliente, pero creen que por el momento no hay peligro de alta conflictividad que lleve al descontrol de los tristemente célebres saqueos a supermercados. Un funcionario del gobierno bonaerense explica que pese a las demandas contínuas de las organizaciones sociales, en la Provincia no hay posibilidad latente de ningún estallido. "Estamos trabajando desde hace rato con la organizaciones y con los intendentes propios y ajenos, que reparten los bolsones de comida y atienden las necesidades básicas", afirma.

El Presidente también pone en juego sus propios fantasmas. Macri sabe que gran parte de la sociedad lo identifica con la derecha. La mera idea de ganarse el mote de represor lo espanta, incluso a sabiendas de que su actitud podría lastimar su autoridad y generar malestar en la propia base electoral del PRO.
Si el control de la calle no lo tiene el Gobierno, por lo menos de la manera tradicional, pues entonces, ¿quién lo tiene?

Gorgal dice que ningún actor en especial controla la calle, más allá de la presencia importante del kirchnerismo. "Eso puede ser bueno o malo, según la política que el Gobierno implemente para administrar el conflicto social", define.

En la misma línea se expresa Stolbizer. "No creo que las organizaciones político-partidarias tengan hoy control de la calle. Lo que vemos son muchas manifestaciones de diferente orden que pelean por reivindicaciones propias y sectoriales. El kirchnerismo y/o peronismo están más bien ocupados en otras cuestiones", destaca.

Zuleta Puceiro ve que la protesta social parece centrifugarse. "Las organizaciones políticas y sociales pierden relevancia, representatividad y gravitación. No negocian, imponen. Buscan sobre todo el impacto mediático. El Gobierno reacciona con instrumentos tradicionales, del estilo de los protocolos para el control de la protesta callejera, que contemplan hipótesis, actores y procesos sociales muy diferentes. Lo que Michel Maffesoli llama la ‘subversión pos moderna‘ obliga repensar la mayor parte de las ideas acerca de la prevención".

Spátola piensa que, en términos políticos, el peronismo sigue siendo el partido con mayor poder de convocatoria, contando dentro de este espacio al propio kirchnerismo, al sindicalismo y otras organizaciones que lo conforman. "Pero me da la impresión de que al Gobierno esto no lo incomoda porque no espera reunir poder desde la calle, sino que se contenta simplemente con que no haya desbordes. Son distintas formas de gobernar", concluye.

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Comentarios3
Andres Solo
Andres Solo 25/06/2016 06:30:10

es leonino obligar a otros a pagar una trifa sindical por el uso del agua, quien controla el costo del agua

Andres Solo
Andres Solo 25/06/2016 06:29:33

es leonino obligar a otros a pagar una trifa sindical por el uso del agua, quien controla el costo del agua

Andres Solo
Andres Solo 25/06/2016 06:28:21

la tarifa del agua en CABA no solo es cara (l) en los consorcios no la facturan a cada unidad sino que lo hacen en forma global de forma que cuando uno no paga las expensas obliga a otro a pagar por [