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LUNES 17/12/2018
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El ‘Club de la obra pública’ ya se mira en el espejo del Lava Jato brasileño

El cuaderno-gate abrió una fuerte expectativa respecto de un posible cambio de paradigma en la lucha contra la corrupción en la Argentina. La clave, señalan los especialistas, es una modificación en las normas vigentes, donde falta avanzar, y en los modelos de contratación que hoy exponen falencias.

El ‘Club de la obra pública’ ya se mira en el espejo del Lava Jato brasileño

La revelación del diario La Nación de los cuadernos con coimas de empresarios a funcionarios del kirchnerismo empezó a generar un quiebre que va más allá del sacudón en la Justicia.

La proliferación de CEOs que, en condición de arrepentidos, admitieron haber pagado "aportes", puso al Gobierno nacional a pensar cómo seguir en materia de licitaciones y qué hacer con las compañías que quedaron apuntadas en los cuadernos que escribió Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta, mano derecha del ex ministro de Planificación, Julio De Vido.

Los antecedentes, a priori, son preocupantes para la continuidad fluida de un negocio como la obra pública, eje en la inversión y en la penetración en el PBI argentino: en el Brasil post Lava Jato ocurrieron algunos acontecimientos que empantanaron la operatoria normal luego de los resonados casos de Petrobras y Odebrecht, como la complicación del financiamiento bancario por desconfianza en el sistema.

En la otra esquina, sin embargo, hubo efectos positivos, como el cambio de paradigma que generaron los casos resonantes, condicionando la conducta de los ejecutivos que ya venían en una lógica aceitada de retornos para obtener obras.

Lava Jato a la argentina

La pregunta se impone: ¿se puede repetir aquí un escenario similar al ocurrido en Brasil?

"Podría darse, pero a esta altura es difícil decirlo por el poco tiempo que ha transcurrido. Claramente, esto es una tendencia mundial que comenzó hace muchísimos años en los Estados Unidos y en Alemania, con el tema de la empresa Siemens y varios casos emblemáticos de corrupción, que finalmente derivaron en normativas tendientes a la prevención de la corrupción, muy pero muy estrictas en economías desarrolladas y después en Brasil y mercados emergentes", explica Matías Nahón, Managing Director del Berkeley Research Group para el Cono Sur. El especialista ha escrito artículos sobre transparencia y en uno de ellos plantea justamente que la clave para que estos casos deriven en un cambio de paradigma son las normativas. Cita, por caso, la Ley de Sociedades Limpias brasileña, sancionada en el 2014, a partir de la cual las sociedades son responsables de prácticas corruptas de sus empleados. Esto permitió que varios CEOs fuesen condenados a prisión por ser parte de los esquemas de sobornos de sus firmas. Nahón considera, además, que la ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (FCPA), la de Soborno del Reino Unido (UKBA) y la ley de Sociedades Limpias de Brasil tienen alcance extraterritorial; ergo, alcanzan a cualquier empresa que haga negocios en los países que opera.

"La Argentina tiene sus particularidades, y es muy difícil saber qué puede pasar. Sí hay que tener en cuenta que la tendencia mundial va hacia eso. La Argentina se ha preparado a través de la ley de Responsabilidad Penal para empresas, eso fue un gran paso, pero estas leyes empiezan a respetarse a partir de que se producen casos emblemáticos", dice Nahón.

La pregunta es: ¿éste puede llegar a serlo? "Claramente, puede ser un punto de partida para que los empresarios empiecen a cumplir determinadas normas tendientes a evitar que los temas de corrupción sigan ocurriendo", detalla el especialista y agrega que "a partir de este punto se van a tener que revisar los modelos de contratación porque van a dejar expuestas muchas falencias. Cualquier empresario va a pensar dos veces antes de acceder al pago de una coima.

Es un mensaje más que fuerte para los empresarios. Ahora, cuán profundo será, va a depender mucho de cuánto avance la investigación".

Exclusión

En la Argentina, hay tres razones que justifican la exclusión de compañías del registro de obras que creó el Gobierno nacional bajo la tutela del Ministerio del Interior que conduce Rogelio Frigerio. Según señalan a El Cronista fuentes del Poder Ejecutivo, la primera es la rescisión culposa del contratista: alguno de los concomitantes del Estado (hídricos, Vialidad, AySA) le rescinde una obra a una empresa contratista por culpa de la empresa y la suspende (el plazo varía según el grado de culpa). El segundo punto es la condena judicial (como el caso Odebrecht): se sanciona y suspende del registro por estar condenada y hasta autoinculpada. En el caso de Odebrecht precisamente, el Gobierno tomó la decisión de suspenderla por un año y ya se especula que, como mínimo, tendrá un año más sin participar de obras. El tercer punto, en tanto, tiene que ver con la posibilidad de que un funcionario público del Ejecutivo presente una denuncia penal contra un contratista. "En estos casos, en donde hay procesamiento, tenemos que esperar la condena judicial para tomar cartas en el asunto. La sanción a una empresa reside en que no puede participar en futuras licitaciones, sí puede terminar las obras en curso", explican fuentes oficiales.

En este contexto -en el que se descubrieron en los cuadernos y luego se confirmaron (en algunos casos) en confesiones ante la Justicia los pagos que surgieron desde Isolux, Albanesi, Electroingeniería, IECSA y Techint- hay algunas obras emblemáticas que para el Gobierno representan un problema serio a la hora de pensar en la continuidad. La más emblemática, la de las represas sobre el Río Santa Cruz, otorgadas en los años K a una UTE entre Electroingeniería y socios chinos. La obra está bajo la esfera del ministerio de Energía que conduce Javier Iguacel, uno de los funcionarios que por su paso por Vialidad Nacional conoce los mecanismos que se usaron para alzarse con licitaciones. En la cartera no descartan que "se esté mirando esa obra", pero no confirman qué decisión tomarán al respecto. Naturalmente, en la Casa Rosada también entienden que "estos empresarios son lo que hay", y que se las tendrán que ingeniar para mejorar los controles.

Mejores leyes y controles

Alfredo Popritkin, de la agrupación Contadores Forenses, organización de ex peritos de la Corte, considera que "por un lado, el Congreso tendrá que resolver si cambia alguna legislación; por el otro, será el Gobierno el que ponga en marcha un sistema mejor controlado y que funcione sin este tipo de cosas. Se mezcla lo técnico lo político. Lo político siempre pone su granito de arena que hace que los controles no funcionen tan efectivamente". El especialista, que estuvo hasta hace un año muy cerca de las auditorías en la Ciudad de Buenos Aires, explica que la corrupción en la obra pública "pasó muy alevosamente en los gobiernos de los Kirchner pero también pasó en la Ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Macri, y actualmente. Y también pasa hoy a nivel nacional, quizás con otras características. En general, se adjudican las obras a gente allegada o que conoce detalles de adentro o tiene información precisa para obtener las adjudicaciones", denuncia.

El ex perito asegura, además, que "para que todo continúe ordenado habrá que hacer una auditoria para que se recoticen las obras en curso a costos reales y valores actuales. Si están inflados los valores, que se ajusten a la realidad". Para Popritkin, "el tema es quién tiene la manija de la cuestión", justo en momentos en que se pone en debate el rol empresario en la corrupción, un tema caliente que hasta se coló en una conferencia de prensa del Foro de Convergencia, donde el mensaje fue claro: "No todos somos lo mismo". La contundente afirmación corrió por cuenta de Miguel Blanco, el jefe del Foro y dirigente de la prepaga Swiss Medical.

Popritkin recuerda en su charla con este medio el hito político que conocen casi todos en el ambiente para referirse a la polémica por el "Club de la obra pública y la patria contratista": aquella ponencia del entonces ministro de Economía de Néstor Kirchner, Roberto Lavagna, que en el año 2005, en plena conferencia de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), dijo que la obra pública en la Argentina estaba cartelizada. Le costó el puesto o, más bien, una dimisión casi planeada, dado que creyó haber perdido entonces una batalla contra esos grupos. Guillermo Nielsen era en aquel momento su secretario de Finanzas, por lo que su mirada cobra hoy mayor relevancia.

Impacto negativo

Sobre el caso actual, el economista pone el foco en el impacto económico y los paralelismos con el Lava Jato brasileño. "Hay preocupación porque algunos colegas creen que el cuaderno-gate puede impactar negativamente la marcha de la economía. Mi visión es la contraria: es una oportunidad de que la Argentina limpie su imagen ante la comunidad inversora, y logre que inversores y empresas de calidad se acerquen a un país con muy mala imagen internacional desde el punto de vista de la corrupción", sostiene. Para Nielsen, "las empresas involucradas en el escándalo pueden sufrir financieramente, incluso más de lo que se supone a primera vista. Aquellas empresas que coticen o hayan emitido deuda en Wall Street pueden tener que aclarar su situación ante la SEC, lo que puede incluir penalidades y multas severas".

En efecto, este último punto que plantea Nielsen ya se observa: en la semana posterior al estallido del cuadernogate, se desplomaron las acciones de las firmas involucradas y hasta el mercado, en general, reaccionó negativamente ante el escándalo. "Hay también un segundo derivado de esto y es que los inversores que hayan perdido algo por el desplome de las cotizaciones, tanto de bonos como de deuda, seguramente llevarán a juicio a las empresas por haberlos perjudicado al entrar en prácticas corruptas", remarca.

Nielsen ve también una tercera vertiente que muestra la experiencia internacional: "que las empresas que compitieron en licitaciones que resultaron ser ganadas por quienes coimearon, pueden también hacerle juicio a estos ganadores desleales. Son tres dimensiones que pueden ser carísimas. Por el momento, hay sólo dos empresas de las mencionadas en el cuadernogate que ya están en zona de riesgo", detalla.

A modo de conclusión, el economista pide hacer una diferenciación con el Lava Jato brasileño: "No hay que razonar el caso argentino como el de Brasil. El problema en Brasil fue el impacto de la corrupción en el BNDES, el primer banco de inversión de América Latina, que se vió involucrado en los tres escándalos empresarios, lo que llevó a la paralización en el otorgamiento de créditos, amplificando la recesión. Aquí, hasta el momento, no hay bancos involucrados, y aunque los hubiere, ninguno puede tener el impacto sistémico que tiene el BNDES en Brasil". Esto recién comienza.

El temor empresario: perder contra las multinacionales

En el diálogo con empresarios de la construcción, que mantiene reserva por estas horas, surge una duda central: si en las próximas licitaciones las empresas nacionales involucradas van a perder la batalla ante las multinacionales que no aparecieron en los cuadernos de Centeno. La mayoría arriesga que será difícil conseguir trabajos en el corto plazo. Vale recordar que la próxima licitación importante que se viene es la de Corredores viales, bajo el ministerio de Transporte que conduce Guillermo Dietrich. El funcionario manifestó en un artículo del diario La Nación que "no se van a parar" ninguna de las obras en curso. Lo mismo hizo Frigerio, que consideró que no impactará el tema de os cuadernos en el normal funcionamiento de las licitaciones.

Uno de los pocos consultores que tiene el sector ladrillos explicó cómo espera tomarse en el sector el post escándalo. José Rozados, de Reporte Inmobiliario, detalló que "todo esto tendrá el impacto más fuerte en la obra pública, no se puede trasladar de manera directa a la obra privada. Si bien puede haber algún nicho de corrupción o retorno en la obra privada, eso es mínimo, porque adentro de eso están los números y gente que lo audita mucho más. Acá fue al revés, orquestado desde lo público a lo privado, hubo un Estado que se ocupó de establecer determinadas reglas de juego para que el constructor entrara o no trabajara. Sin que esto exima de responsabilidad al que entró. Es de alguna manera ejemplificador lo que pasó".

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