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Dinero de la corrupción: un proyecto que va del error de apuro a la tentación de impunidad

Tras dos años cajoneado en la Cámara alta, se reactivó el debate de una ley clave, que permite al Estado recuperar bienes obtenidos de manera ilícita. Según los expertos, la necesidad de dar respuesta a la sociedad llevó a los diputados a votar en 2016 una norma con vicios de inconstitucionalidad. Dicen que el decomiso debe darse dentro del fuero penal, con reformas.

Dinero de la corrupción: un proyecto que va del error de apuro a la tentación de impunidad

Es probable que el gobierno kirchnerista quede en la historia como uno de los más corruptos que haya padecido el país, en especial si se comprueba que fue el ideólogo de un plan sistemático pergeñado para saquear las arcas del Estado, tal como lo definió el fiscal Federico Delgado. Pero mientras la justicia investiga la ruta del dinero K, con sus hoteles sospechados de lavar billetes de la corrupción y sus bolsos repletos de dólares, nadie sabe bien a ciencia cierta dónde está esa plata mal habida.

En los últimos días, el debate sobre la necesidad de que el Estado recupere los bienes adquiridos con dinero ilícito volvió a potenciarse ante la posibilidad de que se caiga un proyecto con media sanción de la Cámara de diputados, denominado de extinción de dominio. Como la iniciativa fue votada el 23 de junio de 2016 y el Senado no lo habilitó, perdería estado parlamentario a fin de año por cuestiones reglamentarias. La presión de algunos legisladores del oficialismo en las redes sociales obligó a los senadores a poner fecha para iniciar el tratamiento. Será el próximo martes 24 de julio en la comisión de Justicia y Asuntos Penales y en la de Seguridad y se espera que recién avance luego de la votación de la ley de legalización de l aborto en el recinto, prevista el 8 de agosto.

Como suele suceder en la Argentina, en la maraña de intereses se enredan argumentos de todo tipo a favor y en contra del proyecto. El oficialismo -en especial la Coalición Cívica- salió a culpar a un sector del peronismo por 'cajonear' el tratamiento en la Cámara alta, con el objetivo de garantizar así la impunidad del kirchnerismo. La legisladora del Parlasur por Cambiemos, Mariana Zuvic, fue la más agresiva e inició una campaña en la redes sociales denominada 'Chau Botín', pidiendo por el tratamiento del proyecto e incluso acusando al jefe de bloque de los senadores del Peronismo Federal, Miguel Angel Pichetto de ser "el Padrino del Senado".

El diputado Mario Negri (UCR-Cambiemos) también recordó que la Cámara alta estaba trabando el proyecto de extinción de dominio votado en 2016, que consiste en una acción autónoma mediante la cual un juez civil declara por sentencia que el bien a incautar está ligado a un delito federal, aunque un juez penal no haya condenado al responsable.

Desde la vereda peronista se defendieron con el argumento de siempre: que tal como fue votado en Diputados, el proyecto es inconstitucional y violatario de los derechos de propiedad porque se quitan los bienes a una persona antes de que tenga condena firme. Es decir, que se invierte la carga de la prueba. Esos mismos planteos hicieron caer un dictamen de consenso entre senadores del oficialismo y la oposición hace dos años, que modificaba la sanción de diputados. Pero nunca fue tratado en el recinto porque el PJ quería asegurarse de que la Cámara baja no insistiría con la sanción original. Lo cierto es que la campaña oficialista obligó al peronismo a despegarse de las acusaciones y activar el debate pero con la presentación de un proyecto nuevo, de Rodolfo Urtubey, que también reforma al votado por Diputados.

¿Quien dice la verdad? Al parecer todos tienen parte de razón. Vayamos por parte. En la Argentina ya existen herramientas para que el Estado se haga cargo de los activos que integran la riqueza derivada de la actividad criminal pero son insuficientes e ineficaces. En su artículo 23, el Código Penal argentino contempla la figura del decomiso -tanto del instrumento del delito como de la ganancia y el beneficio económico- pero en general se aplica sólo cuando la persona es condenada.

"El problema es que el Código Penal tiene el decomiso atado a la condena y ya sabemos que casi no existen condenas en casos de delito económicos graves, que son los que generan muchas ganancias y hacia los que se debe apuntar con las herramientas de la recuperación de activos", explica a 3Días Natalia Volosín, abogada especializada en control de la corrupción.

Se sabe. Los tiempos procesales en la Argentina son tan extensos que el acusado podría pasar a mejor vida sin recibir una sentencia firme en el mundo terrenal. Volosín recuerda a 3Días un dato desalentador de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ): "En el país las causas por corrupción demoran en promedio 15 años. En 20 años, hubo sólo siete condenas. Esas causas tardan una década en estar en condiciones de ser elevadas a juicio y sólo el 15% llega al banquillo", dice.

Si bien existe desde 2011 la posibilidad de decomisar bienes de manera anticipada, es decir, sin que haya condena, sólo puede hacerse en los delitos contra el orden económico y financiero, como por ejemplo el lavado de dinero. Pero no está siendo utilizado de manera eficiente. "El único caso en el que se aplicó el decomiso sin que exista una condena penal fue en 2016 con el caso de la valija de Antonini Wilson, quien se fugó ", explica la abogada, Máster y Doctoranda en Derecho de la Universidad de Yale.

Ante la certeza de que ese funcionamiento de la justicia termina garantizando impunidad -sea por la falta de independencia de los poderes del Estado o como consecuencia del accionar de funcionarios judiciales deshonestos- la Cámara baja votó este proyecto de extinción de dominio para recuperar el dinero mal habido originado en delitos de corrupción, así como los bienes producto del narcotráfico, el lavado de dinero, el terrorismo o la trata de personas sin necesidad de esperar condena alguna. Lo hizo una semana después de que los argentinos viéramos pasmados como José López revoleaba bolsos repletos de dólares a través de la pared de un convento. La necesidad de dar respuesta al reclamo de la sociedad los llevó a votar rápidamente el proyecto de extinción de dominio. Desde ese punto de vista, la iniciativa tiene buenas intenciones. Pero para algunos expertos padece vicios de inconstitucionalidad.

"Es un clásico de la Argentina. Las reformas importantes se hacen siempre cuando hay algún escándalo. Y entonces los políticos salen a satisfacer la demanda de la ciudadanía con lo primero que tienen a mano. Es innegable que un sector del peronismo y el kirchnerismo frenó este proyecto en el Senado porque representa a las mismas personas que serían afectadas si esta norma se aprobara. Pero eso no quiere decir que la iniciativa sancionada por los diputados sea buena. Este proyecto es técnicamente muy pobre. Su principal problema es la inversión de la carga de la prueba, porque pretende aplicarse tan solo con una citación a indagatoria y se le hace probar a la persona el origen ilícito de los bienes", explica Volosín.

El profesor de Derecho Constitucional de la UBA, Felix Lonigro, coincide con el diagnóstico. Aunque considera necesaria la sanción de una ley sobre extinción de dominio, porque "la corrupción en la Argentina es un mal endémico que consume recursos públicos que podrían ser destinados a servicios públicos indispensables". "El proyecto con media sanción en Diputados es criticable desde que prevé el decomiso aun cuando no haya condena ni procesamiento previo. Lo de la condena no sería problema desde que el decomiso podría funcionar como una medida cautelar hasta que recaiga sentencia (equiparable a la prisión preventiva). El tema es que al menos debería existir un procesamiento firme para no afectar irrazonablemente el derecho a la presunción de inocencia", remarca.

Modelos de decomiso en danza

Así las cosas, ¿cómo debería ser el modelo adecuado a nuestro sistema jurídico?

El principal debate en el Senado gira en torno al ámbito en el que debe tramitarse el decomiso: si dentro del fuero penal o si debe ser una acción en el fuero civil, tal como votó Diputados. Pero eso no es todo. También se discute si debe aplicarse cuando haya certeza de un delito penal y se pruebe la vinculación de los bienes con el delito o si alcanza con una prueba indiciaria.

Tanto Volosín como Lonigro consideran que la extinción de dominio debería darse dentro del fuero penal, con reformas.

"La iniciativa votada en Diputados es un decomiso sin condena pero que funciona en el marco de un proceso civil, como existe en Latinoamérica, en Colombia o en México. El Estado inicia un acción que va sobre la cosa y no sobre la persona, y por eso no se necesita tener una condena ni demasiados estándares que vinculen un bien con un delito", explica la abogada.

Si bien la experta asegura que el sistema funciona en esos países y no ha sido declarado inconstitucional, no tiene sentido en el marco de nuestros sistema jurídico. "Es poco sistemático con nuestro Código Penal y lo que hace es extirpar un proceso que tranquilamente puede seguir estando en el fuero penal pero con reformas. Así como estamos claramente no vamos para ningún lado", dice.

En ese sentido, propone el modelo que se aplica en Suiza, "un país que se parece bastante a la Argentina en relación con sus sistema jurídico: decomiso sin condena pero dentro del fuero penal, con prueba indiciaria que vincule los activos que vas a decomisar con la materialidad de los hechos y con el origen ilícito y no con inversión de la carga de la prueba".

Lonigro coincide. "Creo que el proceso debería desarrollarse en sede penal, porque no sería lógico un decomiso en un fuero diferente al penal, cuando en éste haya existido un sobreseimiento", afirma el constitucionalista.

El proyecto presentado recientemente por el peronismo del Senado propone que el decomiso se realice dentro del fuero penal. La iniciativa redactada por Rodolfo Urtubey, y acompañada por una veintena de sus pares, pretende que la extinción de dominio sea una acción civil a cargo del Procurador del Tesoro dentro del proceso penal, pero con una condición: que el procedimiento se inicie una vez que el caso llegue a juicio oral.

Según explicó el senador a 3 Días, la iniciativa tiene el debido proceso y garantías correspondientes. "Nosotros entendemos que la acción civil de extinción de dominio debe ejercerse dentro del proceso penal, como muchas acciones civiles, algo que ya está previsto en el Código Penal. Cuando hay un accidente automotor que provoca una muerte, uno puede en la misma acción penal en la que se acusa al conductor de homicidio culposo o doloso, ejercer la acción civil para reclamar el daño por la muerte producida", explica.

A su vez, destaca que debe haber decomiso cuando haya una sentencia de un juez que extinga el dominio. "El proyecto de Diputados dice que eso lo tiene que hacer un juez civil y nosotros decimos que un juez civil no tiene la formación ni la experiencia para hacer esas investigaciones. Debe hacerlo un juez penal, que está acostumbrado a investigar este tipo de delitos y el origen de los bienes", remarca. Y agrega que si el Estado quiere apropiarse de un bien ligado al delito tiene que probar que esté vinculado al delito.

-Pero los procesos judiciales son eternos y se demora años en llegar al juicio oral... - dice 3Días.

-Es verdad que los procesos son largos. Pero la clave es el desapoderamiento de los bienes de manera inmediata, al inicio del proceso. Proponemos que el Estado no sólo deba custodiar esos bienes sino administrarlos. Eso hoy lo hacen los jueces federales y es un disparate. Y cuando se produce la sentencia civil de extinción de dominio, cambia el estatus jurídico de esos bienes -responde.

Según Volosín, el principal problema de esta propuesta es que exige certeza de delito. "No hace falta certeza penal para hacer un decomiso sin condena. Sólo basta con prueba induciaria", señala.

El tercer proyecto presentado en el Senado es el Federico Pinedo (Cambiemos). Si bien propone dejar al decomiso en manos de un juez civil, tal como votó Diputados, aclara que sólo comenzará ese proceso luego del acto de procesamiento.

El senador de la UCR, Juan Carlos Marino, quien viene pidiendo el urgente tratamiento a sus pares opositores, afirmó que avalará esa iniciativa. "Todos los expertos dicen que la media sanción de Diputados es inviable porque viola el derecho a la propiedad. Y para poder debatir la ley sin estos cuestionamientos, habrá que hacer modificaciones. No podemos votar una ley que después sea inaplicable porque nos quedamos sin nada", le dijo a 3Días. "Creemos que debe existir un procesamiento, debe haber una presunción firme de un delito, porque hay que evitar que un enemigo pueda sacarle los bienes a alguien sólo por imputarlo. Hay que votar una ley eficiente", agrega.

Si bien Marino reconoce que la negativa de algunos senadores peronistas (y de todos los kirchneristas) en tratarlo tuvo intención de garantizar impunidad, cree que ahora el tema se reactivó y se debatirá en el recinto tras la votación de legalización del aborto. Aunque aún no hay acuerdo entre oficialismo y oposición.

Si el Senado modificara finalmente la propuesta, el dictamen debería volver a la Cámara baja, que tendrá dos caminos para convertirlo en ley: aceptar las reformas o insistir con la sanción original. En este caso se verá luego si pasa los filtros constitucionales.

Comentarios2
Emilio Gaviria
Emilio Gaviria 21/07/2018 08:10:05

No votar más a quienes entorpezcan la acción inmediata de recuperar los bienes apropiados ilegalmente.

Alfredo Federico
Alfredo Federico 20/07/2018 09:22:09

y no te preguntas donde estan los mas de 100 mil millones de verdes con que ya se endeudo el pais en estos 31 meses. hay que ser ...eh? no tenes verguenza. ahora pasa a cobrar. alguna vez se te recordara

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