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Constitucionalistas polemizan por el 2x1 para represores

Constitucionalistas polemizan por el 2x1 para represores

Los constitucionalistas Daniel Sabsay y Gregorio Badeni polemizan sobre el fallo de la Corte que habilitó la aplicación del 2x1 a un represor condenado por un crimen de lesa humanidad. Sabsay le apunta a la "falta de oportunidad" de la decisión de los jueces, pero considera un "disparate" que se los pretenda someter a juicio político. Badeni, en cambio, dice que la sentencia se ajusta a derecho, y asegura: "Fayt tenía un criterio igual al del voto de la mayoría". Ambos coinciden en que la ley votada en tiempo récord por el Congreso no zanja el debate.

Daniel Sabsay, en contra del 2x1

¿Lo sorprendió el fallo de la Corte que aplicó el 2x1 a un militar condenado por un delito de lesa humanidad?
- Me sorprendió porque creía que era tema zanjado y es una forma de revivir la divergencia sobre temas que tienen que ver con las características de los delitos de lesa humanidad y quién los comete.

¿Es un fallo político o jurídico?
- Para mí es jurídico, no coincido con el planteamiento, pero no puedo sostener que un fallo es político. De todos modos, todo fallo de la Corte tiene un componente político, no olvidemos que es la cabeza del Poder Judicial y también a su manera y a través de su jurisprudencia cumple un rol político en sentido amplio.

Lorenzetti y Maqueda, que votaron en contra, sostuvieron que había que tomar en cuenta la valoración social del tema. Ése es un considerando político...
- Pero también sumamente inteligente: los jueces no pueden dejar de tener en cuenta cuál es la oportunidad para dictar ciertos fallos y medir las consecuencias sociales. La Corte no tiene plazos para dictar sus sentencias y calibra bien cuándo es mejor dictar una sentencia y cuándo es mejor demorarla. Así que no entiendo por qué esa precipitación.

¿Se trata de un fallo opinable?
- En derecho todo es opinable, lo que pasa es que hay cuestiones que cuando uno se apega a determinados argumentos cuesta mucho pensar que se puedan aplicar otros. Cómo uno hace para identificar a los delitos comunes con los de lesa humanidad como si fueran lo mismo... creo que es desconocer lo que dicen los tratados internacionales: estos delitos no prescriben, no pueden ser indultados ni anmnistiados. Como el tratado contra el genocidio, el de tortura y crímenes aberrantes, que en la Constitución tienen jerarquía desde el 94.

¿El Gobierno pudo estar detrás como sostiene el kirchnerismo?
- Si uno ve lo que han dicho los máximos responsables del Gobierno, se han apartado del fallo y lo dicen con mucha claridad. El caso más notorio es el de María Eugenia Vidal, que es enfática. Yo prefiero creer una cosa diferente. Que (la decisión de la Corte) ha sido errada, que no tuvo noción de la oportunidad y ha apelado a argumentos con los que no coincido. No veo cuál es la ventaja que obtiene el Gobierno y, además, le ha generado un grave problema en donde se enfrenta prácticamente a toda la sociedad. Nunca imaginé que de manera tan fuerte iban a reaccionar los sectores más diversos. Es la demostración de que este tema ya tiene un consenso más que mayoritario en la sociedad argentina.

¿Cree que los jueces de la mayoría deberían explicar con más claridad por qué votaron del modo en que votaron?
- Creo que han quedado como petrificados y muchas veces en estas cosas el que aclara la embarra más. Ellos han aplicado el principio de igualdad de un modo en el cual la igualdad es entre iguales, y los delitos de lesa humanidad y los comunes no son iguales, tienen un régimen distinto que tiene que ver con la no concesión de ningún tipo de gracia o beneficio. A míme llama la atención de parte de Rossatti y Rozenkrantz, porque creo que es un gravísimo error y por lo menos, en la actualidad, los deslegitima muchísimo frente a la opinión pública.

El Legislativo aprobó una ley para limitar la aplicación del 2x1.
- No está mal, pero la Corte puede declararla inconstitucional porque no va a querer que le enmienden la plana, o sea, que el Legislativo se ponga a corregir al Judicial. Esa ley no es la última palabra.

Hay quienes promueven el juicio político de los jueces de la mayoría...
- Si cada vez que no coincido con la decisión de un juez voy a querer sacarlo, se termina la independencia de la Justicia y que un juez pueda juzgar de manera objetiva. Me parece un disparate peligroso y sería lamentable institucionalmente.

¿Se puede volver atrás con el fallo?
- No se puede revocar. Puede ser que se trate llegando a la CIDH, pero va a tardar años, y luego encontrarse con la misma doctrina del caso Fontevecchia. La Corte lo había condenado por dar información falsa sobre la paternidad de un hijo de Menem y la CIDH lo revocó, porque consideró que afectaba la libertad de expresión. Pero la Corte argentina desconoció esa competencia.

 

Gregorio Badeni, a favor del 2x1

¿Cómo le cayó que la Corte autorizara la reducción de pena a un represor a traves del 2x1?
- Lo que hizo la mayoría de los jueces fue aplicar un principio sustancial del derecho penal, el de la ley penal más benigna para una persona condenada o procesada por la comisión de un delito. Ese principio se encuentra en el artículo 18 de la Constitución, el artículo 2 del Código Penal, el 6 del Pacto de San José de Costa Rica, el 15 del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, y también ha sido reconocido con referencia a los delitos de lesa humanidad por la Corte Europea de DD.HH, que dijo que el principio de la ley penal más benigna se aplica al delito de genocidio, que es un delito de lesa humanidad.

¿Usted sostiene que el fallo no viola normas internacionales?
- No hay norma internacional que se viole. Por lo menos no se viola ninguna respecto del principo de la ley penal más benigna, porque no se trata de absolver a una persona o no procesarla, sino de reducir el monto de la condena por la negligente actuación del Poder Judicial.

¿Tiene un tinte político este fallo?
- Está el voto de la mayoría, que es netamente jurídico. Los jueces dicen: estamos en un sistema democrático constitucional en donde impera el estado de derecho, lo que significa que la voluntad de la ley se impone sobre cualquier pretensión, por más legítima que sea, proveniente de los grupos sociales. Podemos estar de acuerdo o no con las soluciones que extrae la ley, pero debemos cumplirla por razones de seguridad jurídica. Y en el voto de la minoría, los jueces dicen que se debe ponderar la valoración social que merece el hecho que se juzga. Con lo cual, se faculta a los jueces para apartarse de la ley y satisfacer esa valoración social. Para los jueces de la minoría, los delitos de lesa humanidad son gravísimos, hay conciencia social en la sociedad que no se le puede aplicar la ley penal más benigna y sugieren no aplicarla. Tenemos un enfoque jurídico de la mayoría y uno político de minoría.

¿Cree que el Gobierno estaba al tanto de que se venía este fallo?
- No tenía por qué estarlo, porque los jueces no tienen por qué informar al Gobierno lo que van a decidir. Si el Gobierno reacionó de la manera que reaccionó, quiero pensar que es para no perder rédito político por las reacciones que hubo en otros sectores. Vemos que se está politizando una sentencia judicial.

¿Por qué la Corte toma esta decisión ahora?
- La Corte en su composición anterior fue muy proclive a adoptar la postura de la valoración social, por eso decidió que los delitos de lesa humanidad eran imprescriptibles, que no eran válidos los indultos y amnistías. Entonces, la voluntad de la mayoría se impuso por cinco votos contra cuatro, cuatro jueces no estaban de acuerdo con ese criterio cuando declararon que para los delitos de lesa humanidad no eran aplicables las garantías constitucionales, en 2004/ 2005, con la disidencia de Fayt, que tenía un criterio igual al de la mayoría actual.

¿Los jueces deben explicar su fallo?
- No. Lo que tiene que hacer la opinión pública es leer el fallo. Rosatti y los otros jueces expresan su rechazo a los delitos de lesa humanidad. Dicen que le parecen horribles, que en su fuero íntimo no los toleran, pero que como jueces tienen que ceñirse a lo que dice el derecho. Los jueces no tienen que fallar según criterios políticos sino jurídicos.

¿Qué viene ahora?
- Cualquier reclamo sobre este tema se puede hacer ante la CIDH, que le da traslado al Estado argentino para que exprese su punto de vista. Y en ese caso se puede llegar a un acuerdo, la CIDH puede proponer un acuerdo entre los denunciantes y el Estado argentino.

¿Cómo sería ese acuerdo?
- Si la propuesta es revocar el fallo, es inviable. Lo que podrían pedir es que el Ejecutivo o el Legislativo adopten alguna medida que trabe la aplicación del fallo.

La ley del Congreso...
-Esa ley sería inconstitucional, porque desconoce el principio de la ley penal más benigna, que ya se aplicó. Ese principio es de las más grandes conquistas que tuvieron las democracias constitucionales en su lucha por la libertad, dignidad y progreso del ser humano.