Viernes  15 de Diciembre de 2017

Buenos Aires, a la cola en el reparto por habitante en 2018

Pese a la inyección de fondos extras por $ 40.000 millones que la Provincia consiguió hace pocas semanas, los bonaerenses recibirán el año próximo en concepto de coparticipación $ 2350 per cápita, apenas una tercera parte de lo que perciben los 23 distritos restantes.

Buenos Aires, a la cola en el reparto por habitante en 2018

Después de la euforia y las celebraciones, siempre llega el tiempo de la reflexión. Nada escapa a esa secuencia y ahora lo están comprobando de manera directa en el Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Es que tras festejar el triunfo político y fiscal de haber obtenido un significativo adicional de $ 40.000 millones de fondos nacionales para el 2018, a la gobernadora María Eugenia Vidal y sus colaboradores les cayó la ficha: a pesar de semejante asistencia, los bonaerenses seguirán siendo los que menos recursos por habitante reciban de parte del Estado Nacional.

Con una población proyectada por el INDEC de poco más de 17 millones de habitantes, el monto en cuestión representará el año próximo unos $ 2350 per cápita, una suma insuficiente para cerrar la brecha que hace tres décadas separa a los bonaerenses del resto de sus compatriotas. Al punto que lo que percibirá cada habitante de Buenos Aires del Estado nacional en 2018 será la tercera parte de lo destinado a los 23 distritos restantes.

Para Aldo Abram, director ejecutivo de Libertad y Progreso, "es un problema de vieja data, ya que hay una fuerte transferencia de recursos tributarios de Buenos Aires, y en menor medida Santa Fe, Córdoba y a veces Mendoza, al resto de las provincias". Para el profesor de ESEADE, "Buenos Aires es, lejos, la que más subsidia al resto y quizás de ahora en más se le sume la Ciudad Autónoma, a medida que se van desafectando los subsidios a los servicios públicos".

De todos modos, los $ 40.000 millones no son una suma despreciable si se tiene en cuenta que el Presupuesto provincial, sancionado dos días antes de la firma del acuerdo fiscal del 16 de noviembre, prevé un déficit de $ 30.903 millones. El aporte conseguido puede representar la diferencia entre el déficit y el superávit. "Puede", en la medida en que los nuevos recursos no le hagan abandonar a Vidal la austeridad iniciada con el recorte de $ 3000 millones en el gasto político.

Respaldo financiero

Para tener la cabal dimensión de lo que representan los fondos adicionales, vale la pena comprobar que por sí solos son un aumento del 6,7% de los recursos totales de la Provincia y nada menos que del 24% si solo se computan los recursos de origen nacional.   

En la visión de Soledad Pérez Duhalde, gerente de Análisis Económico de Abeceb, el problema es de larga data y refleja "el laberinto que se fue creando en todos estos años" que siguieron a la sanción de la ley de Coparticipación en 1988.

La inyección de fondos adicionales que le aportó la Casa Rosada les permitiría a Vidal y a su ministro de Economía, Hernán Lacunza, no solo equilibrar las cuentas sino acelerar su plan de obras públicas. Y ya de cara a un 2019 marcado por la renovación de cargos ejecutivos, Vidal contará con un respaldo financiero considerable cuando el aporte extraordinario pase a ser de $ 65.000 millones. Eso le permitirá profundizar la propuesta de una rebaja de la carga tributaria provincial que ya comenzó con la ley impositiva aprobada junto al Presupuesto. En eso pensaba el ministro de Economía provincial cuando dijo, luego de la firma del acuerdo, que era "el día más im portante" de su gestión. No obstante, el primer Estado argentino seguirá siendo la víctima principal en la distribución de recursos de origen nacional, al menos hasta la sanción de una nueva ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Tarea en la que, más allá las declaraciones, nadie parece estar demasiado preocupado, a juzgar por el incumplimiento de 21 años de un mandato constitucional en ese sentido.

Lógica distributiva

Así lo entiende el economista de la consultora Ledesma, Gabriel Caamaño Gómez, para quien "este acuerdo resuelve un problema que se había acumulado desde hace mucho tiempo, pero no toca la lógica redistributiva de la ley de Coparticipación. Hay notorias brechas fiscales entre lo que cada provincia aporta y percibe. En Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, esas brechas son históricamente negativas (reciben menos de lo que aportan). A la inversa, en Formosa, Salta o Catamarca, por ejemplo, son históricamente positivas".

Los números de la Comisión Federal de Impuestos (CFI) muestran que en lo que va de 2017, Buenos Aires fue el distrito que más fondos de origen nacional recibió: $ 120.755,8 millones en todo concepto, incluyendo a la coparticipación y una serie de fondos específicos al 27 de noviembre.

Nada nuevo bajo el sol: Buenos Aires lidera desde siempre el ránking de provincias en lo que respecta a transferencias del Estado Nacional.  Sin embargo, esos valores no muestran toda la realidad: la Provincia cuenta con el 38% del total de la población argentina y representa cerca del 40% de su PBI, pero recibe apenas el 18,31% de las sumas que diariamente se transfieren de la sucursal Plaza de Mayo del Banco Nación a todo el país. Un desfase permanentemente denunciado pero nunca subsanado, en un país en el que la estructura fiscal está marcada por las urgencias antes que por la justicia y la equidad.

La proyección para el año que viene indica que Buenos Aires recibirá $ 11.432 por habitante en transferencias automáticas del Estado nacional. A los 23 distritos restantes les corresponderá un promedio de $ 31.325, con extremos de $ 14.117 para la ciudad de Buenos Aires y más de $ 58.000 para Tierra del Fuego. La proximidad de los números de la Capital Federal no debe llevar a engaño, es una excepción si se tiene en cuenta que el distrito que les sigue, Mendoza, recibirá unos $ 17.100 por habitante y Córdoba más de $ 20.800. Por no citar a La Pampa, La Rioja, Formosa y Catamarca, en las que cada habitante recibirá más de $ 40.000 de parte del Estado nacional en 2018.

En palabras de Caamaño Gómez, "ése es el resultado de la falta de correspondencia fiscal, del desequilibrio entre el gasto y las potestades tributarias. Es que las provincias no recaudan los recursos que necesitan".

Sistema perverso

Con mayor contundencia se expresa Abram. "El sistema de coparticipación es absolutamente perverso, porque lleva a las provincias a tratar de recaudar lo menos posible. A Catamarca, por ejemplo, de cada peso de recaudación le vuelven 3 centavos. ¿Qué incentivo representa?", se pregunta, para responder que, en definitiva, el mecanismo solo conduce "al clientelismo político y a cada vez más empleo público".

Macri con los gobernadores y ministros en Olivos
Macri con los gobernadores y ministros en Olivos

Pareciera que los argumentos a favor de una mayor asignación de recursos a Buenos Aires están servidos en bandeja, pero la particular modalidad del federalismo aplicado por décadas en la Argentina no deja a nadie con la última palabra. Porque así como una provincia puede ser perjudicada en un aspecto, a su vez puede recibir beneficios en otros.

Ése es uno de los reproches que le formulan a los bonaerenses desde el interior, donde la situación es analizada desde una perspectiva diferente a la aplicada en los despachos oficiales de La Plata. Si bien todos reconocen que el Fondo del Conurbano había derivado en un absurdo -al punto de que Buenos Aires era la provincia que menos recursos recibía a pesar de que el Fondo había sido creado exclusivamente para ella- los gobernadores no ocultan su descontento por lo que consideran una recompensa excesiva. Concretamente, una recompensa del  6053,8%, tal es el incremento de pasar de una suma fija de $ 650 millones a los $ 40.000 millones del año próximo.

Es que ese adicional representará más que toda la coparticipación del año para provincias como Mendoza, Entre Ríos o Corrientes, o la mitad de lo que les corresponderá a dos pesos pesado como Córdoba y Santa Fe.

Por cuenta de la Nación

Al menos, los gobernadores consiguieron que el voluminoso desembolso corriera por cuenta del Estado nacional, sin afectar las finanzas del resto de los distritos. Ése fue el principal reclamo cuando Buenos Aires, la Nación y las demás provincias aún dirimían el conflicto en el ámbito judicial. Lo hizo el gobernador entrerriano Gustavo Bordet en una presentación ante la Corte Suprema y un plenario de gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones.

Según la consultora Economía & Regiones, el costo total del acuerdo fue para la Nación del $ 40.480 millones, ya que además del adicional para Buenos Aires, también se hará cargo de las compensaciones a las demás provincias por los cambios en la distribución de la recaudación de impuesto a las Ganancias y al Cheque. Al respecto, Abram advierte que "en realidad, la Nación pierde poco y nada. Si uno lo analiza fríamente, los 40.000 millones tienden a blanquear una situación de hecho, porque el Gobierno ya le estaba transfiriendo por vía discrecional esos fondos a Buenos Aires. Antes, las provincias criticaban esa modalidad por considerarla arbitraria, pero ahora deja de serlo porque fue formalmente acordado por los gobernadores. La Nación -remarca Abram- igual iba a perder esos $ 40.000 millones por otra vía. El acuerdo simplemente lo blanqueó".

Asimismo, muchos advierten que Buenos Aires puede compensar el perjuicio de un reparto desfavorable en la ley de Coparticipación con otros factores. Su capacidad económica -superior a la de que cualquier otra provincia- le permite ser, junto a la ciudad homónima y vecina, el único distrito en el que los recursos propios superan a los nacionales. El presupuesto bonaerense para 2018 muestra que el 63,93 % del total de recursos son de origen provincial, una performance sólo superada por los porteños con el 77,44%. El porcentaje se reduce en forma proporcional a la importancia económica de cada provincia y en los casos más extremos es de apenas un dígito.

Por otra parte, la distribución que el Presupuesto nacional hace entre las provincias coloca a los bonaerenses en un sitio privilegiado. A diferencia de la subestimación a la que se ve expuesta en la coparticipación, los $ 638,2 millones asignados a Buenos Aires representan casi el 30% del gasto nacional clasificado por provincias.

Cambiar el sistema

Los testimonios de los economistas Aldo Abram y Gabriel Caamaño Gómez son terminantes en cuanto a cómo el régimen de Coparticipación Federal de Impuestos perjudica en particular a Buenos Aires y en general a las provincias de mayor desarrollo relativo, ya que por el carácter redistributivo del sistema son retribuidas con menos recursos que los que aportan.

Pero de la enunciación del problema a su solución, hay un trecho tan largo como políticamente complicado.

Abram sostiene que "para terminar con esa asimetría hay que eliminar el sistema de Coparticipación Federal, estableciendo una verdadera federalización de los impuestos. Hay que ir a un sistema en el que la Nación recaude los impuestos que requiere para su funcionamiento y que a su vez las provincias determinen y recauden sus propios tributos".

"Claramente, este esquema va a generar algunos problemas de arranque para las provincias que hoy están fuertemente subsidiadas con un régimen redistributivo", admite, aunque también aporta soluciones.

"Desde Libertad y Progreso propusimos para la transición la creación de un fondo compensador financiado con el impuesto a los combustibles, que de esa forma permitiría que ninguna provincia pierda recursos respecto de su situación actual, hasta que lleguen al equilibrio entre gasto y recaudación".

Para Caamaño Gómez, la solución no parece tan sencilla. "La Coparticipación es una ley-convenio y su modificación requiere del acuerdo de los gobernadores, el Congreso nacional y las legislaturas provinciales. Y no podemos pasar por alto que en la Cámara de Senadores los representantes de las provincias que hoy se benefician con esta falta de correspondencia fiscal son mayoría".

"Además, no se trata solamente de acordar entre la Nación y las provincias como un bloque, sino también atender las asimetrías interprovinciales que se presentan en la distribución secundaria. En este asunto -asegura- no avanzan ni el acuerdo con los gobernadores ni la reforma impositiva".

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