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Viernes 19.09.2014 | 14:49
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El patrimonio del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, puso nuevamente bajo la lupa a los funcionarios públicos, al Gobierno, a la Justicia. Una vez más, el escándalo político se posa en uno de los males argentinos más emblemáticos de los '90, pero del que el kircherismo no está exento de sospecha: la corrupción. “Hay una fuerte percepción del público argentino de que no se está haciendo nada para reducir y controlar la corrupción”, sostiene Hernán Charosky, director Ejecutivo de Poder Ciudadano. Esta ONG se presenta como el “capítulo argentino de Transparency International”, una organización que lidera la lucha contra la corrupción en el mundo. Y es justamente esta entidad la que publicó el Barómetro Global de la Corrupción 2010, una encuesta de opinión pública que no le dio buenas noticias al país. Seis de cada 10 argentinos encuestados creen que el nivel de corrupción creció en los últimos tres años. Funcionarios y partidos políticos fueron los más afectados.
A esta mala nota para la Argentina se le suma una realidad que, para Charosky, responde a una explicación estadística. “Podemos estar enumerando casos hasta llegar a los 20 más importantes, y que ninguno tenga condena. Es muy probable que, una causa contra un funcionario del rango de secretario para arriba, no se condene”, destaca en una entrevista con We.

Hoy está avanzando la investigación sobre Ricardo Jaime, ¿Puede convertirse en la caja de Pandora que abra nuevas investigaciones a otros funcionarios?

No puedo hacer futurología, porque las investigaciones judiciales son poco previsibles. Pero si un señor se puede dirigir a lobbistas y al máximo nivel empresarial en España (N de R: por Manuel Vázquez. el asesor de Jaime), consigue grandes ganancias por consultorías millonarias de seis ceros, y luego esas empresas obtienen un negocio importante, uno tiene que pensar que tenía un importante soporte político. Para conseguir las comisiones que conseguía, tenía que generar un negocio real. Y para generarlo, tenía que tener algún tipo de legitimidad política. Es lógico pensar que había funcionarios de más alto rango que lo estaban legitimando. Si esto va a aparecer en la causa judicial o no, no puedo saberlo. En un país normal, debería.

¿Cómo cambió la percepción social sobre la corrupción en los últimos años del kirchnerismo?

El estudio del Barómetro de la Corrupción de Transparencia Internacional indica que hay una fuerte percepción del público argentino que, desde el poder político, no se está haciendo nada para reducir y controlar la corrupción. Cuando asume Kirchner, existía una idea de que éste era un Gobierno que venía a poner un poco de orden en términos institucionales. Pasa lo de la Corte Suprema, viene el decreto 1172 con temas de acceso a la información y agendas públicas de los funcionarios, algunas señales positivas que coinciden con una mejor percepción que tenía el público de los esfuerzos del Gobierno para controlar la corrupción. Ahora hay una percepción más aguda de que no hace los esfuerzos necesarios.

¿La Justicia argentina actúa tarde, cuando el poder comienza a declinar?

No es que haya más investigaciones, sino que empiezan a avanzar más rápidamente, porque todas estas causas, como las de Jaime, se iniciaron cuando (Manuel) Garrido era fiscal. Ahí es cuando se ve que las causas judiciales sobre corrupción avanzan claramente con tiempos políticos, no con tiempos de la investigación o con los grados de avance en términos de acercamiento a la verdad. Causas que eran iniciadas dos, tres, cuatro años atrás, repentinamente tienen impulso. Y es cierto que muchas veces tienen cierto nivel de complejidad, que lleva tiempo encontrar y analizar la evidencia, pero no tanto. Ahí hay un manejo, que no es estrictamente judicial, y tiene que ver con los problemas de investigación técnica.

El cierre de la causa por enriquecimiento ilícito de los Kirchner profundizó la mirada negativa hacia la Justicia...

Sin duda. Uno no puede anticipar el juicio, pero en ese momento había una oportunidad de seguir investigando y el material que se había presentado no era suficiente para cerrar la causa. Seguro que no fue una buena señal que una de las causas más importantes sobre enriquecimiento ilícito que haya habido en la Argentina se cerrara antes de que se pudiera completar el proceso de investigación.

¿Existe una falta de organismos de control o fallan en su funcionamiento?

Los organismos son suficientes, no es un problema de que haya que crearlos. Organismos de control como la Sigen, la Auditoría General de la Nación, la Oficina Anticorrupción, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, tienen personal técnico de muy buena formación y capacidad. El diseño institucional podría ser mejor. El problema tiene que ver con cuestiones político-institucionales. ¿Hasta qué punto el Ejecutivo quiere ser controlado y dar información a los ciudadanos? ¿Hasta qué punto los partidos políticos que componen la AGN están dispuestos a agilizar informes? La AGN genera mucha información, pero su estructura, donde están representados el oficialismo y la oposición, hace que sus informes tarden mucho tiempo en oficializarse. La falta de diseño institucional hace que se termine politizando la función de control. La Fiscalía de Investigaciones podría haber funcionado, pero vimos la cantidad de palos en la rueda que le pusieron a Garrido para que no investigara los posibles casos de corrupción de este gobierno. El organismo existe, pero falta la voluntad política de dejarlo funcionar.

¿Quién es el responsable?

Depende de cada organismo. El diseño de la AGN es un problema del Legislativo. La falta de información online en la Sigen es un problema del Ejecutivo. El gobierno de Kirchner designa en 2004 a Garrido como fiscal de Investigaciones Administrativas, un tipo independiente y con capacidad de investigación. El mismo Gobierno lo obstaculiza hasta que se termina yendo.

Garrido se va diciendo que hay “una impunidad casi total para la corrupción”.

Sí. Podemos estar enumerando casos hasta llegar a los 20 más importantes, y que ninguno tenga condena. Y son casos viejos de 15, 10, cinco años. Estadísticamente, es muy probable que una causa contra un funcionario del rango de secretario para arriba, no llegue a condena.

En los ’90, la corrupción estaba más vinculada al negocio Gobierno-privados. ¿Hoy está más concentrada en el Estado?

En la mayor parte de los casos está el sector privado. Es prácticamente imposible que, en algún punto de la cadena, no haya algún privado. Cuando hay casos de corrupción relacionados con el sistema de salud, están los proveedores, como las droguerías y distribuidores. En obra pública, están los contratistas y proveedores. Eso es muy importante. No hay que mirar sólo la vulnerabilidad del lado político o gubernamental, sino también qué tan dispuestos están los empresarios para pagar sobornos que les permitan conseguir un negocio. z we

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