Se ha perdido la guerra contra la droga. Ése fue el único consenso claro que se alcanzó en las tres jornadas de debate sobre la despenalización de drogas que tuvieron lugar en la Cámara de Diputados, en las que se trataron iniciativas que proponen modificaciones a la ley 23.737, conocida como ley de estupefacientes.
Durante las últimas semanas, en un plenario de las comisiones de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico y de Legislación Penal, desfilaron por el Congreso expertos en drogadependencia, destacados penalistas, representantes de la Iglesia, especialistas en salud y organizaciones no gubernamentales que se expidieron sobre la problemática. Y si bien la mayoría de las partes coincidió en la necesidad de no perseguir al consumidor, el proyecto para despenalizar la tenencia y el cultivo de drogas para consumo personal que llegaba al recinto con el apoyo de los bloques del Frente Para la Victoria, el Frente Amplio Progresista y la UCR, encontró un freno impensado en la Cámara Baja.
Sucede que la campaña pro despenalizadora que impulsó enérgicamente el gobierno nacional desnudó las falencias de la actual política del Estado para combatir el flagelo de la drogadicción y el narcotráfico, lo que despertó renovadas críticas de diversos sectores. "El problema de la droga va mucho más allá de la discusión de despenalización sí o despenalización no", expresó a WE el diputado del Frente Peronista, Eduardo Amadeo. Y agrega: "Estamos buscando una solución que despenalice, pero que a su vez promueva un rol activo del Estado en temas de planes de salud para los adictos, prevención y persecución al narcotráfico".
El proyecto oficial busca legalizar la tenencia de todo tipo de drogas para consumo personal, a la vez que despenaliza el cultivo de estupefacientes si no tiene como fin su comercialización.

Consenso social
En la misma línea se expresó la titular de las Madres Contra el Paco, Alicia Romero, quien el miércoles fue la última expositora del debate parlamentario: "Estamos a favor de la despenalización porque buscamos que la ley no criminalice al pibe. Pero también hay que lograr que se persiga a los grandes narcotraficantes. Todos coincidimos que no era el momento para despenalizar y que se trataba de encontrar un plan más amplio", sostuvo.
Con encuestas en la mano, los principales bloques optaron por entrar en un compás de espera hasta lograr un mayor consenso social. "Todavía hay que militar el proyecto", dijo, cauta la diputada kirchnerista, Diana Conti, una de las autoras del proyecto junto con el radical Ricardo Gil Lavedra y Victoria Donda, del FAP. El Cronista WE accedió a un estudio de Isonomía Consultores, según el cual en el mes de mayo solamente cerca de un 30% de los encuestados se mostró a favor de la despenalización del consumo de marihuana. Es decir, casi el 70% se pronunció en contra.
Otro de los puntos que hizo crujir el acuerdo y que impidió que, por el momento, se emitiera dictamen fue el riesgo de que la iniciativa llevara a "naturalizar el consumo", según confiaron especialistas y legisladores.
Según la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), el consumo de marihuana en Argentina creció un 213% en la última década, y hoy el país encabeza el ránking de consumo en la región. El uso de cocaína aumentó un 117% en igual período.
"Existe consenso sobre la importancia de no criminalizar al adicto, pero es necesario que no se naturalice el consumo ni que se le dé un mensaje confuso a los adolescentes", pidió Fabián Chiosso, de la Federación de ONGs que nuclea a las agrupaciones dedicadas a la lucha contra las adicciones, y que estuvo entre los oradores del Congreso.
La diputada del Frente Peronista y miembro de la Comisión de Previsión de Adicciones y Control del Narcotráfico, Natalia Gambaro, está en contra de la despenalización tal como la promueve el proyecto oficial. "Más allá del debate por el respeto a las libertades individuales, el Estado debe mandar un mensaje muy fuerte en el que quede claro que se trata de sustancias que son nocivas, desde la primera hasta la última", dijo la diputada.
Por su parte, una de las principales impulsoras del proyecto, la diputada del FAP, Victoria Donda, también dialogó con WE. "Eso de que el proyecto no deja claro que es ilegal el consumo de drogas es una forma de generar confusión que tienen los grupos que se ven favorecidos por el sistema actual. Nosotros no creemos que sea correcto drogarse y siempre apoyamos la cultura de hábitos saludables. Pero evidentemente, si nos basamos en lo sucedido en los últimos 20 años, el camino para lograr eso no es la cárcel", respondió respecto a su iniciativa, que incluye un programa de asistencia a los adictos.
Una de las instituciones más renombradas en la lucha contra la droga, la fundación Manantiales, formó parte de la minoría que se expidió en contra de la despenalización en la audiencia. "El proyecto nuevo es más riesgoso potencialmente que la ley actual. No creemos que drogarse sea un acto privado que no afecte a terceros", dijo a WE la psicóloga Inés Valdéz, en referencia al discutido artículo 19 de la Constitución, que según desde donde se lo mire, puede entrar en conflicto con la legislación vigente. Por el momento, la legislación propuesta por consenso establece que no será delito el consumo de drogas en público, mientras no se incite a menores de edad a consumir.

En la misma bolsa
La escasa diferenciación que la legislación propuesta plantea entre los distintos tipos de estupefacientes es uno de los puntos más criticados. "Mucho del debate está focalizado bajo la óptica del consumo de marihuana, pero claramente no es lo mismo que el consumo de paco o cocaína", opinó la diputada Gambaro, del Frente Peronista.
“No podemos meter a todos en la misma bolsa. Tenemos experiencia en esto y creemos que hay que diferenciar entre los usuarios de marihuana de los que consumen paco”, alertaron desde la agrupación Madres Contra el Paco.
Esa misma distinción entre las drogas debería ser tenida en cuenta en otro de los reclamos más escuchados en las audiencias: el rediseño de la estrategia para perseguir a los grandes narcotraficantes. Según el Sedronar, por ejemplo, el mercado total de cocaína en el país mueve unas 73 toneladas anuales por un valor calculado en 3229 millones de pesos, mientras que el consumo de marihuana implica unas 108 toneladas por 348 millones.
La baja en las penas de prisión a las denominadas “mulas”, es decir, a aquellas personas que hacen contrabando minorista de estupefacientes, es otro de los puntos álgidos del debate. El proyecto consensuado por los tres bloques propone reducir la pena mínima de contrabando de drogas para comercialización de cuatro a tres años, lo que abriría la posibilidad de la excarcelación de las “mulas”.
Mientras muchos legisladores, que califican de "colador" el actual sistema de controles fronterizos, aseguran que la medida generaría un incentivo para los traficantes, otros expertos la justifican alegando que una persona que, aún con riesgo de muerte, introduce en su cuerpo estupefacientes para obtener dinero a cambio, es una víctima más del sistema. Según pudo saber El Cronista WE, las más fervientes críticas a este punto se oyeron desde los diputados de las provincias del Interior del país.
Sin dictamen y ante las criticas recogidas en el Congreso, los impulsores del proyecto optarán por volver a bajar el debate a la sociedad para lo cual recorrerán el país exponiendo los principales lineamientos. El objetivo: que la despenalización sea ley antes de fin de año. z we