Bolsonaro metió mano en Petrobras y la acción se derrumbó: qué respuesta dio

El mercado reaccionó con preocupación frente a la decisión del presidente Jair Bolsonaro de remover a Roberto Castello Branco y nombrar como nuevo CEO al general retirado Joaquim Silva e Luna.

La nueva política de precios del diésel; la venta de refinerías; y la autonomía de la empresa son algunas de las principales dudas que plantearon los analistas de Bradesco BBI, JPMorgan, XP y Morgan Stanley, consultados por Bloomberg.

Tras el desplome de Petrobas en los mercados, Bolsonaro aclaró que el gobierno no interferirá en la política de precios de la empresa. "Hablan de mi injerencia. ¿Bajó el precio del combustible? ¿Se anunció un 15% [aumento] en el diésel, un 10% en la gasolina. ¿Bajó el porcentaje? ¿Cómo interfirió? Lo que quiero y exijo de Petrobras es transparencia y previsibilidad, nada más" se defendió el presidente. No obstante, dijo que era posible reducir los precios del combustible en un 10% mediante la reducción de impuestos, combustible y ganancias para los distribuidores.

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Bolsonaro dijo que era su derecho a decidir sobre la no continuidad de Castello Branco en Petrobras -el gobierno controla el 50,26% de la empresa- y volvió a cuestionar su gestión. "Nadie quiere perseguir servidores, todo lo contrario, tenemos para valorar los servidores. Ahora, ¿el petróleo es nuestro o es de un pequeño grupo en Brasil?", dijo el mandatario que pidió transparencia sobre el salario del presidente y los directivos de la compañía y criticó al exCEO por hacer home office durante la pandemia.

Siguiendo la versión oficial, el vicepresidente Hamilton Mourao dijo que no veía una intervención del gobierno y argumentó que el cambio de mando estaba dentro de las atribuciones del presidente. "El mandato de Roberto terminaba el 20 de marzo, podía ser renovado un año, la decisión fue no renovar". Mourao ratificó que el gobierno no pensaba intervenir en la política de precios de Petrobras, y encuadró la salida de Castello Branco en una cuestión de confianza y de "falta de comunicación" con Bolsonaro.

Por otra parte, Mourao defendió la nominación de un militar para el cargo y dijo que la "simbiosis entre Petrobras y las Fuerzas Armadas", particularmente del Ejército, no va a perjudicar a la empresa.

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El sábado, Silva e Luna había dicho que no influiría en los precios, aunque manifestó que la petrolera necesita encontrar "equilibrio" en los precios de los combustibles, considerando el impacto sobre accionistas, inversores, comerciantes y consumidores.

Fuentes cercanas al consejo de administración le dijeron a Folha de Sao Paulo que la empresa está protegida frente a una eventual injerencia del gobierno en los precios. Una cláusula de 2018 prevé que Petrobras puede exigir un reembolso al gobierno federal en caso de pérdidas de ingresos por el otorgamiento de subsidios o inversiones de interés público.

La compañía quedó en el centro del debate a comienzos de febrero, cuando varios gremios camioneros iniciaron un paro, entre otras cosas, por el aumento del costo del transporte, especialmente del combustible. Castello Branco se desentendió del conflicto argumentando que no era un problema de Petrobras, y le atribuyó el aumento de los costos a la antigüedad de los camiones.

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De hecho, un día antes de la salida de Castello Branco la compañía había anunciado nuevas actualizaciones de precios para la nafta (10,2%) y el diésel (15,1%), la cuarta y tercera vez, respectivamente, que aumentaban sólo en 2021.

Finalmente, tras varias semanas de tensión entre Petrobras y Planalto, Bolsonaro -preocupado por el impacto de los sucesivos aumentos sobre su popularidad- decidió correr a Castello Branco de la presidencia de la compañía. Así, el egresado de la Universidad de Chicago, con trayectoria en el Banco Central de Brasil, la minera Vale y la Fundación Getulio Vargas, fue reemplazado por Silva e Luna, un exministro de Defensa que hasta hace unos días atrás estaba a cargo de la central hidroeléctrica Itaipu. El nombramiento todavía debe ser confirmado por el directorio, compuesto por 11 miembros, siete de los cuales responden al gobierno federal.