Uruguay se divide entre el rechazo y el pedido de mayor dureza contra piquetes

El derecho a la libre circulación se mantuvo descuidado pese a un decreto presidencial que reafirma normas vigentes pero incumplidas. La nueva disposición le da luz verde a la Policía para liberar vías de tránsito ocupadas u obstruidas por cualquier tipo de manifestaciones, sin esperar a la autorización del juez. Este procedimiento ya regía desde hace tiempo, pero la Policía solía esperar el permiso de un juez, presumiblemente para evitar el riesgo de castigo a los efectivos cuando fuera necesario recurrir a medidas severas de represión.

El objetivo de este decreto adicional es darle a la Policía garantías para que disuelva de inmediato, sin esperar el colchón judicial, cualquier obstrucción de rutas, avenidas o calles, así se trate de protestas barriales por cualquier causa, de una concentración de taxímetros contra Uber o de camiones en conflictos en el puerto de Montevideo o en ANCAP.

Pero el decreto entró en vigencia el 20 de marzo, un día antes de que las huestes de Plenaria Memoria y Justicia, la organización anarquista que lidera Irma Leites, desataran violentos disturbios que paralizaron la circulación en la calle Fernández Crespo mientras quemaban cubiertas y atacaban comercios de la zona y hasta la sede del Partido Comunista. Todo se produjo sin que lo evitara la Policía que, además de su responsabilidad de mantener el orden público reprimiendo los desmanes, estaba específicamente autorizada por la Presidencia de la República desde el día anterior a impedir de inmediato que se restringiera la libre circulación en esa vía. No solo no se hizo sino que, además, resulta incomprensible que del más de un centenar de revoltosos delincuentes radicalizados que coparon la zona, apenas hayan sido detenidas dos personas.

Aunque no se ha especificado de manera precisa, el decreto es aplicable también a los piquetes sindicales que se producen en instalaciones públicas o privadas, si esas derivaciones de un conflicto laboral incluyen obstrucciones al libre tránsito. El tema de las ocupaciones que a veces incluyen piquetes pertenece a un ámbito separado.

Las cámaras empresariales han presentado a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) una queja por incumplimiento sindical de las normas de esa institución. El gobierno está mediando entre el sector empresarial y el PIT-CNT para evitar que ese recurso conduzca a que Uruguay sea incluido en una vergonzosa lista negra de la OIT. Hasta ahora el tema no se ha solucionado por intransigencia de la central sindical, pero obviamente el nuevo decreto presidencial tendrá que ser aplicado por la Policía, disolviendo cualquier piquete que obstruya la libre circulación.

Este derecho está por encima de las justificaciones que pueda tener cualquier forma de bloqueo en vías de tránsito y no puede aceptarse argumentación alguna para violarlo. De lo contrario corremos el riesgo de caer en la situación que impera en Buenos Aires, donde las principales avenidas son copadas a diario por todo tipo de manifestaciones de protesta, convirtiendo el tránsito de la ciudad en un caos pavoroso. El reciente decreto presidencial obliga ahora a la Policía a impedir en nuestro medio cualquier acción de ese tipo que obstruya la libre circulación. No se cumplió esa responsabilidad durante el bloqueo callejero de los miembros de Plenaria Memoria y Justicia, en medio de los desórdenes del martes, omisión que no puede volver a ocurrir.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que aunque el nuevo decreto que habilita a la Policía a intervenir en un piquete sin orden judicial plantea excepciones para respetar el derecho a huelga, las rutas nacionales no pueden ser cortadas ni siquiera como parte de una medida sindical. De todas formas, señaló que la policía primero negocia y después reprime, y aseguró que en 12 años de gobierno "muy pocas veces ha habido uso de la violencia".

Pero, la policía ya actuó para impedir que trabajadores que integran el Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra) cortaran la ruta 55, que es el único acceso a la papelera Montes del Plata. Tras el operativo policial hubo cinco sindicalistas detenidos.

Para el PIT-CNT la detención de los trabajadores es considerada un "abuso" porque estaban ejerciendo el derecho a la huelga, algo previsto en el artículo 57 de la Constitución y que fue tenido en cuenta en la redacción del nuevo decreto.

Sin embargo, para Bonomi, "aún en el ejercicio del derecho de huelga no se pueden cortar las rutas nacionales".

El ministro dijo además que "hay quienes cortan la ruta sin tener la legitimación de la huelga y muchas veces establecen conflictos entre empresa y no entre trabajadores y empresas, o donde se la agarran con una tercera empresa que no tiene nada que ver"

Legisladores oficialistas pretenden que el gobierno les explique los motivos del nuevo decreto que prohíbe los cortes de calles

A una semana de que entrara en vigencia, el decreto del Poder Ejecutivo para regular los piquetes y manifestaciones que corten la libre circulación en calles y rutas sigue generando polémica.

Es por esto que el pasado viernes los coordinadores de la bancada del Frente Amplio solicitaron al Ministerio del Interior una reunión en la que se expliquen los motivos por los que el gobierno decidió emitir este decreto.

El diputado Jorge Pozzi, coordinador de la bancada, dijo que con la reunión se espera "tener la información precisa de parte del Poder Ejecutivo de por qué se llego a la conclusión de firmar este decreto que en definitiva es una extensión de cosas que ya estaban firmadas".

La reunión tendrá lugar en la bancada y asistirán los coordinadores además de los legisladores que lo deseen. De parte del Ministerio del Interior quien concurrirá será el director general de la secretaría, Charles Carrera.

Por otra parte, hoy el decreto será evaluado por el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT a pedido del dirigente del sindicato de funcionarios del Estado (COFE), José Lorenzo López.

El sábado, López manifestó en su cuenta de Twitter su rechazo al decreto del Ejecutivo y su intención de presentar a la cúpula sindical un recurso de revocación del decreto ante el Poder Ejecutivo.

Asimismo, hizo referencia a las declaraciones de la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, quien la semana pasada dijo al sitio web de Presidencia que el decreto responde a las "luchas entre empresarios que van a generar que se estropee la economía del país".

Sobre esto, López expresó que aunque Arismendi aseguró que el decreto respondía a la lucha entre empresarios, "los dos primeros detenidos fueron dirigentes sindicales".

En principio, las opiniones de López encontraron eco en el dirigente del sindicato de la construcción (SUNCA), Óscar Andrade, quien el viernes también hizo pública su negativa al decreto.

En declaraciones a Caras y Caretas, Andrade dijo que el decreto "es una medida inoportuna, muy ambigua, confusa porque el Poder Ejecutivo ya tenía una normativa clara para defender manifestaciones que estuvieran en calles o en las rutas".

Se refirió a lo ocurrido durante la movilización del sindicato de transportistas (Sutcra) en Montes del Plata, donde la policía condujo a cinco trabajadores que participaban de la protesta a la comisaría.

"Uno no quiere ver brujas, pero la misma semana que imponés un decreto sin dar mucha explicación política de cuáles son las urgencias, la primera medida atenta contra una movilización obrera. Eso genera un enorme rechazo", sentenció.

El decreto quedó bajo el escrutinio de la OEA

El intento del Poder Ejecutivo por mejorar el control de piquetes espontáneos y manifestaciones que corten la libre circulación de las calles y rutas puso al gobierno en una delicada situación y bajo la lupa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que consideró que el decreto es "vago", "ambiguo" y "un riesgo para el país". "Estamos en una etapa de estudio de la situación", dijo el relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza.

A cuatro días de que el decreto entrara en vigencia, defensores de los derechos humanos y distintos organismos de la sociedad civil -como el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) y el Servicio de paz y justicia (Serpaj)- manifestaron a la CIDH su preocupación ante la nueva normativa.

"En definitiva ya hay organizaciones que están poniendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al tanto de esta situación y nosotros tenemos mandato de observar y llamar la atención sobre esta situación", expresó Lanza.

El decreto causó sorpresa en el organismo internacional ya que, según explicó el funcionario, el mismo no toma en cuenta muchas de las obligaciones internacionales que Uruguay tiene en materia de derechos humanos. Como primer punto, Lanza señaló que el decreto regula libertades fundamentales como la libertad de expresión y de reunión. Sin embargo, a nivel del derecho internacional está establecido que este tipo de regulaciones deben hacerse por ley y no por decreto por lo que "hay una cuestión de forma que ya es problemática".

Por otra parte, el relator explicó que el decreto apela a normas de la década del 80 y 90 pero ignora todo otro tipo de normativa e información actual -como la Carta Democrática de la OEA- que, entre otros aspectos, "establecen la libertad de expresión y derechos de reunión como fundamentales para la democracia".

Asimismo, enfatizó que muchas de estos documentos fueron firmados por el propio gobierno uruguayo, como la Convención americana sobre los derechos humanos y el Pacto de los derechos civiles y políticos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por lo que determinan "obligaciones internacionales" para el Estado que con este decreto no se cumplen. "El derecho a la libertad de expresión, a la reunión pacífica, a la manifestación y al espacio público están reconocidos en todos esos instrumentos que Uruguay firmó y por lo tanto tiene que adaptar su regulación interna a esos instrumentos y es eso en este caso lo que no se ha cuidado", manifestó.

"Seguramente enviemos una carta al Estado manifestando los estándares interamericanos en la materia y las obligaciones del Estado para iniciar un diálogo" sobre este decreto, puntualizó Lanza.

El decreto del Poder Ejecutivo establece que la Policía Nacional podrá intervenir en toda manifestación que obstaculice una ruta o calle "a fin de garantizar el derecho a la libre circulación, el orden público y la tranquilidad". Sin embargo, Lanza destacó que el decreto no menciona que tanto el corte de rutas o calles así como la ocupación de un espacio público son formas de protesta que "están reconocidas por el derecho internacional como formas legítimas de la libertad de expresión y derecho de organización pacífica y de reunión".

"Obviamente genera una disrupción, una molestia para usuarios y para el ejercicio de otros derechos y demás que es lo que el decreto menciona vagamente como el orden público. Protestar pretendiendo que no se genere ningún tipo de molestia es imposible y anula el derecho a protestar", señaló.

En ese sentido, el relator dijo que el decreto impone una noción de orden público que "parece preocupada únicamente por reafirmar el poder del Estado y por ver como casi un delito a la protesta". Asimismo, agregó que el Estado tiene la obligación constitucional bajo el derecho internacional de "tolerar" y "facilitar los espacios de protesta".

"El decreto es tan vago y ambiguo, no establece ningún balance, instancia de negociación, parámetro para el balance y deja al árbitro de la policía el ejercicio de un derecho fundamental. Eso en un estado democrático es realmente problemático", puntualizó.