Inversiones en América latina: aún pesa el temor a las expropiaciones

Los países con mayor expectativa de crecimiento son también los que presentan más incertidumbres políticas, según los expertos. El eterno contrapeso entre riesgo y rentabilidad se ha trasladado de los mercados al clima de negocios latinoamericano, después de algunas decisiones gubernamentales que han marcado la última década. Sobre todo, las nacionalizaciones, que han sorprendido y afectado a varias empresas españolas con intereses en la región.
Antes de invertir en un país, las empresas tienen cada vez más en cuenta los riesgos políticos que se van a encontrar, por sus posibles implicaciones económicas. Ante la posibilidad de expropiaciones, terrorismo, revueltas sociales, inestabilidad macroeconómica o inseguridad jurídica, entre otros obstáculos, la pregunta que se hacen es: ¿Dónde hay más volatilidad político-social? En el caso de Latinoamérica, la respuesta de los expertos es clara: Venezuela y Haití. Y después, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Argentina, Honduras, Cuba, Nicaragua y El Salvador. ¿Y el país con menos riesgos? Uruguay.
Otro de los principales resultados de este estudio es que el 45% de los países con mayor potencial de crecimiento tiene "un riesgo político elevado o extremo". Es el caso de Colombia, uno de los 20 países con más expectativas de avance económico en los próximos años. O de Venezuela, que ha protagonizado sonadas expropiaciones y que vive un clima de división social.
La repercusión que las medidas gubernamentales y las revueltas sociales pueden tener en las operaciones, en los activos y en la cuenta de resultados de una firma es más que evidente para las empresas españolas, que han sufrido nacionalizaciones en sectores tan diversos como el agrícola, el de los hidrocarburos, las infraestructuras, las telecomunicaciones, el sector aéreo o el sector eléctrico en la última década.
Tendencia que, según Marsh, la mayor consultora de riesgos y seguros a nivel mundial, se prolongará este año: "Las expropiaciones y la nacionalización de recursos continuarán caracterizando el 2014, mientras los gobiernos luchan por aumentar los ingresos y gestionar el descontento y los desequilibrios económicos". Eso sí, un dato muy a tener en cuenta por las compañías que busquen exportar a América Latina es que "el volumen de nacionalizaciones vendrá determinado por el precio de los productos básicos". Frase que iría dirigida a Argentina y Venezuela, fundamentalmente.Cadena de expropiacionesCabe recordar que ambos países, junto con Bolivia, han sido los más activos en expropiaciones a empresas españolas en los últimos años (Argentina y Bolivia suman, cada una, con cuatro nacionalizaciones desde 2006 y Venezuela, tres).
El pistoletazo de salida a esa concatenación de expropiaciones lo dio Argentina en 2006, con la rescisión unilateral del contrato de suministro de la empresa Aguas Argentinas, en la que participaba la española Agbar. Esto es, se renacionalizó el servicio.
Ese mismo año, en Bolivia, Evo Morales nacionalizó los hidrocarburos, declarando nulos los contratos de las petroleras -entre ellas, Repsol YPF-, ya que no fueron ratificados por el Congreso, como exige la Constitución del país.
Dos años después, en 2008 nacionalizó los fondos de pensiones privados, que sumaban 23.000 millones de euros. Consolidar, perteneciente al Grupo BBVA, fue uno de los principales afectados. Otro tanto ocurrió en 2010 en Bolivia. La firma Previsión, también vinculada a BBVA, fue una de las dos grandes afectadas.
Un año antes, el otro gran banco español, Santander, tuvo que plegarse a la venta de los activos de Banco de Venezuela, obligado por el anuncio de nacionalización que hizo el por entonces presidente, el difunto Hugo Chávez.
Se fue sucediendo el goteo de nacionalizaciones hasta que en 2012 aconteció el más sonado: Cristina Fernández de Kirchner anunció la expropiación a Repsol del 51% de su filial YPF.
Pero, con cautela, no hay por qué ser pesimista: "Sigue habiendo muchas oportunidades para prosperar en este nuevo entorno de crecimiento, siempre y cuando el riesgo político se evalúe desde el principio", apostilla Marsh l
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