Una ley para una nueva economía

Xinca es una empresa mendocina que confecciona calzado y otros productos incorporando caucho (de neumático) reciclado, ropa en desuso y residuos textiles en su fabricación, que la realiza trabajando con los que menos oportunidades tienen: personas privadas de su libertad y talleres sociales. Daravi es una fábrica de productos realizados con descartes, que brinda trabajo a comunidades vulnerables y desarrolló un sello que garantiza la cadena de valor.

Hoy, para la ley, ambas empresas son iguales a cualquier SRL o SA que vende servicios o productos de consumo sin ningún componente de sustentabilidad en su cadena de valor.

En este contexto, es muy relevante el rol de las empresas de triple impacto (social, ambiental, económico) por su aporte innovador de soluciones sustentables que generan oportunidades reales de desarrollo en distintos sectores habitualmente excluidos o que enfrentan problemáticas sin resolver desde el sistema económico tradicional.

Es muy importante que dichas empresas puedan tener la capacidad de abordar los desafíos a resolver desde una mirada integral sin dejar de lado el logro económico pero tomando en cuenta el desafío de la sostenibilidad, lo que implica el doble reto de la innovación y la generación de externalidades positivas para la sociedad.

Como muestran los casos de Xinca y Daravi, que se suman a cientos de empresas y emprendedores de triple impacto que están transformando la economía en todo el país, estas organizaciones ya existen en la actualidad pero tienen limitaciones derivadas de la normativa aplicable, buscan resolver problemas sociales y ambientales latentes con una lógica de autofinanciamiento y sostenibilidad pero no cuentan con una forma de organización empresaria que las reconozca legalmente.

Las formas legales actuales no permiten reflejar adecuadamente el espíritu del propósito y accionar de este tipo de empresas que ya existen y están transformando la economía. El propósito fundamental del proyecto de Ley BIC (Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo) presentado en el Congreso de la Nación es que se pueda reconocer legalmente a estas organizaciones que tienen un nuevo ADN empresarial basado en un propósito de bien común. Es el primer paso necesario para después fomentar este nuevo sector si creemos que puede tener un rol relevante en el desarrollo de una economía más inclusiva y sostenible.

El objetivo de largo plazo del proyecto de Ley BIC es promover el desarrollo de un ecosistema de empresas y emprendedores sustentables que tengan entre sus fines el cuidado y preservación del ambiente así como el diseño de soluciones para problemas sociales.

Es importante destacar que el proyecto no pide beneficios especiales ni exenciones impositivas y sí que permite darle entidad legal y protección a propósitos empresariales que incorporen el bien común en alguna de sus dimensiones sociales y/o ambientales. En caso de avanzar el proyecto, la Argentina sería pionera en la región y el tercer país en el planeta (luego de Estados Unidos e Italia) en incorporar esta nueva forma de organización empresaria. Y daría un paso muy importante para que una nueva economía siga floreciendo en el país y en el mundo.

 

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