Por qué el Gobierno no pudo (aún) con la inflación

Empleando una metáfora automovilística, el gobierno de Mauricio Macri inició su gestión económica con una excelente largada. El diagnóstico sobre los problemas a resolver era adecuado: para volver a crecer sostenidamente había que evitar que las tensiones inflacionarias y de escasez de divisas dominen la escena y se necesitaba, además, cambiar las fuentes del crecimiento desde el consumo hacia la inversión y las exportaciones. Los primeros pasos en esa dirección involucraron tres objetivos: romper con la dominancia fiscal, recuperar competitividad externa, y acceder nuevamente a los mercados financieros internacionales.

Sobre el atraso cambiario, la política de unificación cambiaria y devaluación del peso también fue inicialmente en el sentido correcto: entre comienzos de diciembre y marzo el tipo de cambio real multilateral se depreció aproximadamente un 45% según el BCRA. Adicionalmente, la solución del conflicto con los holdouts abrió las puertas para la recuperación del crédito externo. En cuanto a la desactivación de los mecanismos de la dominancia fiscal, un paso crucial era corregir el atraso tarifario. Las políticas anunciadas por el Gobierno en materia de ajuste de tarifas eléctricas y de transporte fueron en ese sentido.

Sin embargo, no logró evitar que el traslado (pass through) de la devaluación a precios desatase una espiral de aumentos de precios y salarios. Para colmo, los reajustes preventivos de precios habían comenzado antes de la devaluación, no sólo en bienes transables sino también en no transables (cuyos costos no están ligados al tipo de cambio). Esto y el impacto directo del aumento del tipo de cambio nominal producto del levantamiento del cepo elevaron de manera considerable el ritmo de inflación por encima de los registros observados al final del gobierno precedente, incluso antes de que comenzaran las negociaciones paritarias y que se concretara el reajuste de tarifas.

Todo esto pone en evidencia que con una percepción correcta de las condiciones iniciales y un primer conjunto de medidas no basta. Las políticas de corrección de precios relativos son costosas en términos sociales y la economía política detrás de la distribución de costos es compleja. O, bien mirada, es sencilla: nadie quiere pagar el ajuste. Por esa razón, a pesar de que en materia social se adoptó un conjunto importante de medidas bien direccionadas, el gobierno no logró reducir los costos y las fricciones del ajuste.

El problema es mayúsculo: si la historia argentina sirve de guía, una corrección de precios relativos de la magnitud que hoy hace falta fue, en el pasado, sistemáticamente incompatible en el corto plazo con una inflación en baja y una economía no recesiva. En verdad el Gobierno subestimó el problema inflacionario pensando que era sólo cuestión de anuncios y política monetaria consistente. Falló en su diagnóstico al ignorar que la dinámica inflacionaria argentina es una combinación de inercia (que pone un piso a la inflación) más shocks de precios relativos (que si son al alza, como los inducidos por las medidas del propio gobierno, tienden a acelerarla).

La corrección de precios relativos con inflación en baja es un oxímoron. Por esa razón, lo que se ha venido observando hasta ahora es más inflación y menos actividad que las previstas. De este modo, la política económica actual se enfrenta a un conflicto de hierro: si no quiere sacrificar el ajuste de precios relativos, deberá aceptar una desaceleración de precios más lenta que lo deseado, o bien ésta se logrará más rápidamente, pero sólo a costa de acentuar la recesión y la conflictividad social.

En cambio, si con el horizonte de las elecciones de medio término a la vista el gobierno insiste en la baja de la inflación pero pretende al mismo tiempo reactivar paulatinamente la economía, lo que seguramente veremos será la reaparición del atraso cambiario (que ya ha comenzado a manifestarse) y la renuncia a una corrección tarifaria como la pretendida inicialmente.

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