Días atrás se hicieron públicos los resultados de un trabajo llevado a cabo por el Observatorio de la Educación Básica Argentina, integrado por la Fundación Centro de Estudios en Políticas Públicas (CEPP), la Universidad de Buenos Aires y el Banco Santander Río, cuestionando la efectividad de la Asignación Universal por Hijo, donde es necesario demostrar la asistencia de los chicos a las escuelas a los fines de recibir el respectivo subsidio.
La controversia generada con el Ministro de Educación por la efectividad del Plan para atraer a los niños en edad escolar a los establecimientos educativos ocultó una característica que debería llamarnos la atención: la muy baja tasa de cancelaciones de la asignación por incumplimiento de los requisitos, la cual llega tan sólo al 2% en el nivel primario y al 10% en el secundario.
Al referirse a la misma, el licenciado Gustavo Iaies del CEPP planteó que los directores de las escuelas firman igual las libretas aunque los alumnos no concurran a clase. ¿Qué otra cosa podría esperarse? Es claro que a los directores les cuesta mucho no firmarlas; al fin y al cabo de su firma depende el subsidio que dejaría de percibir la familia del chico que no concurra a clase. ¿Qué docente tiene un incentivo para semejante decisión? ¿Cuáles son los costos y beneficios que posiblemente pondera?
Los beneficios son intangibles, el sentir que está cumpliendo adecuadamente con la responsabilidad que le compete. Los costos, más allá de la sensación de quitarle un apoyo económico a la familia de un niño necesitado, son concretos: la eventual reacción de la familia y de su grupo de pertenencia. Estamos frente a un claro problema de incentivos donde el director del establecimiento educativo naturalmente toma una decisión en términos de su propio bienestar, no en términos del mandato al que supuestamente responde.
Este análisis no es más que una aplicación de un problema bien conocido en la profesión y de mucha mayor magnitud de lo que aparenta. Sin ir más lejos, una posible consecuencia del mismo lo es hoy la efervescencia que se ha producido entre los beneficiarios de planes sociales que exigen mejoras de los mismos.
A modo de ejemplo, recientemente beneficiarios del Plan Argentina Trabaja protestaron por no ser incluidos en un pago bimestral de 1.100 pesos por productividad y presentismo, que sólo percibirán 30.000 de los 150.000 cooperativistas, bloqueando los accesos a la ciudad. ¿Por qué se ha llegado a semejante instancia? Comencemos por preguntarnos quiénes reciben los planes sociales, ¿graduados universitarios? Es obvio que no.
Una gran cantidad de beneficiarios no ha terminado la escuela primaria y la amplia mayoría no ha completado sus estudios secundarios. ¿Por qué no haberles exigido, al instaurarse el respectivo plan, que concurran a una escuela de adultos como requisito para cobrar la asignación? Imaginémonos si se hubiese implementado algo así hace 10 años. ¿Cuántas personas de las que estaban bloqueando las entradas a la ciudad no requerirían de un plan social? ¿Por qué no implementarlo hoy? Al fin y al cabo, ¿que otro propósito tiene una política social que la eliminación de la necesidad de tal política, y que mejor forma de hacerlo que incentivando la generación de capital humano en aquellos que lo necesitan?
La respuesta la encontramos nuevamente en un problema de incentivos. El gobierno que imponga dicha condición habría de pagar los costos políticos de llevarla a cabo y los beneficios sólo se verán en el largo plazo, cuando eventualmente otra sea la administración en funciones. ¿Qué político estaría dispuesto a pagar los costos para que sus sucesores obtengan los beneficios? Difícil de imaginarlo en nuestra realidad
