La pobreza no se parcha

Una vez más un gobierno, frente al reclamo de grupos pobres o excluidos, elige el camino político de quebrar la posible convergencia entre los que reclaman, para doblegar su fuerza y volver el tema a la invisibilidad pública.
Los manteros constituyen un sector con mala imagen popular y correlativa mala prensa. Ocupan el espacio público; venden mercadería de dudoso origen; entran en obvio conflicto con comerciantes de la zona. Sobre esa evaluación social, se legitima la represión y la negociación extorsionadora para que el orden se imponga al caos.
Deberíamos detenernos a pensar que constituyen el pobre último eslabón de cadenas de distribución y comercialización que se nutren de dos fuentes acumulativas:
1 - La vigencia de una Aduana colador para el contrabando, que usa a este universo como un canal más de venta. A esto se suma y sumará la importación legal de baratijas, estimulada por el propio gobierno.
2 - La brecha de precios que existe entre precios mayoristas y minoristas de numerosos rubros, con comerciantes formales acostumbrados a remarcar sus compras en más del 100%. Ni qué decir las marcas textiles o de calzado, que lo hacen en un 300% y cifras superiores.
La combinación de las dos fuentes invita a los que llamaría Comerciantes de Bajo Patrimonio (CBP) - los manteros - a insertarse en el sistema. Algunos como empleados de mafias contrabandistas; muchos como simples buscas que ven la oportunidad de ofrecer mercadería con márgenes menores a los habituales. Los primeros deben desaparecer eliminando el contrabando. Los segundos tienen derecho a usar esa oportunidad de ganarse la vida.
Promover una feria popular en plaza Miserere, con vendedores inscriptos en el monotributo, que paguen una tasa modesta por sus puestos, que deban demostrar a pleno el origen legal de lo que venden, no parece absurdo. Es más: parece una forma interesante de dar un espacio de venta a miles de pymes que no encuentran lugar en super, ni shoppings, ni siquiera en los comercios de la zona, que podrían rápidamente hacer acuerdos con los actuales manteros devenidos CBP formales.
Repetir ese criterio en Constitución o Retiro; sumar a una red las ferias ya existentes en Mataderos, Parque Centenario, San Telmo y tantas otras, construiría un canal de comercialización alternativo, popular, que incrementaría la competencia transparente. ¿Por qué no sucede? ¿Por qué en cambio la represión y el chantaje de pagar unos pesos a grupos de pseudo dirigentes para desarmar el reclamo? Simplemente, porque los comerciantes de Once, los de Caballito o los de la calle Avellaneda, entienden la misma música que el Gobierno de la Ciudad y no quieren una competencia como la que podrían ejercer los CBP. Sin embargo, alguna vez deberemos asumir que la pobreza no se parcha. Se supera.
Las ferias populares - con mercaderías de origen legal a ultranza - ¿bajarían los precios? Claro. Porque el problema no es básicamente el impositivo, como se proclama, sino los enormes márgenes entre compra y venta del comerciante formal. Eso afectaría a los comerciantes actuales, por supuesto, que deberían entre otras cosas pujar para bajar los enormes alquileres que se pagan en cualquier zona comercial. Sería bueno que sucediera.
Siempre los comercios de mayor envergadura tendrán mayores elementos para evolucionar que un CBP bajo un gazebo, con mínimos stocks y con una gama de productos acotada. Pero cada cual a su juego, buscarán los caminos para sobrevivir.
Se podrá decir que mejorar el horizonte de los CBP traslada el problema a la manufactura clandestina y en condiciones de sobre explotación, de donde surge parte de la oferta de mercadería. Es cierto. Encarar un eslabón ocupado por pobres lleva a tener que ocuparse del siguiente. Es obvio, sin embargo, que apalear manteros no favorece a los obreros de talleres clandestinos. Por el contrario, achicar el poder de los compradores mayoristas, como sucedería en las ferias, estimularía a los talleres a venderles en forma directa a los CBP, para beneficio de ambas partes.
Le damos vueltas y vueltas al tema y en el fondo muchos quisieran que esos intrusos volvieran a desaparecer de la vista. Sin embargo, aunque no los veamos, siempre estarán. La mejor solución siempre pasará por integrarlos a las cadenas de valor, con respeto de la legalidad de todo tipo. También - y muy especialmente -de aquella legalidad básica, donde todo ciudadano debería tener derecho a producir y comerciar libremente, sin afectar la libertad de los demás.
Ese escenario, que es perfectamente posible, ni siquiera se llamaría justicia social. Hacerlo sería presuntuoso y por supuesto mentiroso, por todo lo pendiente. Mucho más mo destamente, se llamaría democracia económica.
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