La generosidad fiscal no alcanza (votos)

Al margen de la saga de la deuda, los últimos días fueron testigos de otra medida relevante en materia de política económica. Mediante el decreto 1242/13, el Gobierno Nacional determinó modificaciones en el Impuesto a las Ganancias (IG) y en el régimen de Asignaciones Familiares (AA FF). Además de avanzar sobre uno de los temas más importantes en la agenda económica (cambios al IG fueron propuestos por todo el arco opositor en numerosas ocasiones), la medida implica un parcial reconocimiento a la inflación.
Las modificaciones en el IG beneficiarán a más de 2,2 millones de trabajadores y jubilados (sólo pagarán este impuesto el 10,2% de los asalariados registrados y el 0,7% de los jubilados), mientras que con los cambios en las AA FF habrá casi 850 mil niños más que las percibirán. Quedan excluidos de estas modificaciones los trabajadores en relación de dependencia con salarios brutos superiores a $25.000 mensuales, los monotributistas y los autónomos, aunque versiones indican que se están estudiando medidas para los últimos dos grupos.
El decreto del Poder Ejecutivo es un alivio para muchos trabajadores, pero sólo parcial y temporario. Es probable que la menor carga tributaria se aplique, en mayor medida, al consumo. Suponiendo un traslado pleno, ello implicaría un aporte de alrededor de 0,2% del PBI, lo cual no es poco en el contexto actual de bajo crecimiento. Así todo, con salarios creciendo al ritmo de la inflación y modificaciones impositivas discrecionales, es sólo cuestión de tiempo para que quienes hoy se ven beneficiados vuelvan a tributar más por IG. Algunos incluso lo harán con alícuotas más altas, ya que las escalas del impuesto se mantienen congeladas desde hace años.
El costo fiscal de las modificaciones, unos $4.495 millones para lo que resta del 2013, será compartido entre el Estado y el sector privado, de forma tal de no presionar aún más las finanzas públicas. Según estimaciones oficiales, el aporte del sector privado será de $2.056 millones, a obtenerse con dos nuevos impuestos. El Estado se hará cargo de los $2.439 millones restantes, contribuyendo (por ser el IG un impuesto coparticipado) las Provincias con $1.318 millones y la Nación con otros $1.121 millones (apenas un 25% del costo fiscal inicial). Ello siempre y cuando los nuevos tributos repliquen el esquema de coparticipación del IG, algo que aún no se ha definido. Bajo otros esquemas de distribución podría incluso darse la paradoja de que el Tesoro Nacional aumente sus ingresos netos a costa de las Provincias.
El sesgo electoral del decreto es evidente, aunque podemos dar dos muestras claras para despejar cualquier duda. La primera, que los recibos de sueldo deberán exhibir que el beneficio se debe a una medida tomada por el Poder Ejecutivo. La segunda, y más importante, es que previo a los resultados de las PASO, desde el Gobierno se acusaba a quienes proponían reformas en el IG de querer desfinanciar al Estado. Sin embargo, ahora se reconoce que el Estado no va a fundirse si se implementan algunas modificaciones. Un viraje importante del eje discursivo en apenas unas pocas semanas.
Para la opinión pública, no hay demasiadas dudas sobre las motivaciones oficiales. Los resultados del último sondeo de M&F Consultora en la Provincia de Buenos Aires reflejan que el 57,7% considera que los cambios se implementaron por motivaciones puramente electorales. Apenas una minoría argumenta que estas modificaciones se efectuaron para satisfacer los reclamos de trabajadores y sindicatos (18%), para estimular la economía (7,5%), por presión de la oposición (4,5%) o por otras causas (0,9%).
La mayoría de los favorecidos por el decreto residen en grandes centros urbanos, refractarios al Frente Para la Victoria en las recientes PASO, lo cual refleja el intento del oficialismo para recuperar parte de su caudal de votos en los principales distritos electorales (o, al menos, mitigar la consolidación del voto opositor). Sin embargo, los resultados de nuestra encuesta son concluyentes: casi un tercio de los encuestados bonaerenses estima que las modificaciones impositivas beneficiarán su situación económica personal, porcentaje que es inferior al 50% incluso entre quienes manifiestan haber votado por el FPV en las primarias.
Por último, el votante no parecería retribuir la generosidad gubernamental con su voto. Según nuestro sondeo, aún teniendo en cuenta las modificaciones impositivas, el 77% de los encuestados manifiesta que no cambiará de voto en octubre. Peor aún para el Gobierno, entre quienes sí piensan modificar su voto en las legislativas (un 15%), la mayoría se inclina por alguno de los candidatos de la oposición, preferentemente por Sergio Massa. No sorprende, entonces, que la brecha de votos entre la lista del Frente Renovador y la del FPV se haya ampliado de los 5,4 puntos de las PASO a los 12,2 puntos registrados en el relevamiento. De confirmarse estas cifras, las legislativas dejarán al Gobierno en una posición incómoda, con 2 años más de mandato por delante y obligado a embarcarse en un proceso detransición política con una economía lejos de su mejor momento.
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