La soja volvió a subir ayer, tanto en el mercado local como en Chicago, y marcó el mayor valor en lo que va del año. En Rosario, la tonelada disponible se consolidó en $ 1.010 pagados por la exportación, y para algunos lotes se llegó a ofertar $ 1.030. No obstante, los precios no atrajeron a los productores, que aceptaron negocios por 20.000 toneladas, un tercio de lo vendido el miércoles.

Por su parte, en Chicago, los futuros de vencimiento más cercano terminaron a u$s 377 la tonelada, el mayor precio en seis meses, como consecuencia de la apretada oferta de oleaginosa disponible para agosto (el último mes del año agrícola mundial) y temores de que el clima seco que afecta los cultivos en Estados Unidos compliquen la nueva cosecha, que estará disponible a partir de septiembre.

El alza en el mercado local obedece a la necesidad de la exportación y la industria por hacerse de mercadería para cumplir con sus compromisos de exportación, en medio de la reticencia de los productores a vender a precios que consideran bajos. Pero también obedece a una preocupación en torno a lo que puede hacer el Ejecutivo para intentar sostener el régimen de retenciones actual.

En ese marco, los operadores no descartan que, tras la defensa cerrada la esquema actual, el Gobierno busque retomar la iniciativa en ese aspecto, con el anuncio para antes del 24 de agosto (cuando vencen las facultades delegadas por el Congreso), sin reducción de alícuotas pero aplicando una segmentación que beneficie a pequeños productores.

Si bien no existen mayores precisiones al respecto, el Ejecutivo comenzó a moverse en las últimas horas para respaldar a las retenciones como uno de los pilares del crecimiento económico. Así ayer el ministro del Interior, Florencio Randazzo, se sumó a las explicaciones dadas el miércoles por el diputado oficialista Jorge Yoma, al remarcar que “lo que caduca ese día es la facultad del Ejecutivo de fijar retenciones, pero no esa herramienta, que se mantiene vigente hasta que el Congreso dicte una ley que la derogue o la modifique”.

El funcionario, junto a su par de Economía, Amado Boudou, reclamaron “seriedad y responsabilidad” a los legisladores en sus intentos por cambiar el régimen de retenciones y, a la vez, impulsar el 82% móvil para las jubilaciones. “A la Argentina le está yendo muy bien económicamente. Nosotros creemos que esas facultades delegadas son necesarias”, dijo Randazzo, quien manifestó que se está analizando la posibilidad de prorrogarlas, algo que los opositores dicen es imposible. A su turno, Boudou planteó que “estructuralmente, las retenciones han jugado un rol muy importante en la economía”.

En esa línea, el diputado Ariel Basteiro cuestionó a la oposición, por considerar que hace “una jugada política malintencionada, que pretender quitarle al Estado herramientas imprescindibles de gestión”.