El plan de modernización de las principales rutas nacionales, que fue concesionado en abril y contempla desembolsos por $ 13.000 millones por parte del Estado para reparar 7.583 kilómetros de pavimento– está técnicamente en el freezer. Así lo indicaron a El Cronista dos fuentes vinculadas con la gestión de los ocho corredores viales adjudicados hace tres meses.

Se trata de trayectos cruciales para el mapa nacional, tanto en lo que refiere al tránsito de personas como a la actividad productiva, dado que por allí circula, de acuerdo con números oficiales, 75% del tránsito medio diario anual y 90% de la producción agrícola y de las exportaciones.

En ambos casos, apuntaron el mismo motivo: el Gobierno no aprobó hasta el momento ninguno de los proyectos de obra nueva propuestos por los ganadores, algo que debía hacer no más de 30 días después de la firma de los contratos.

Allegados al Ministerio de Planificación, a cargo de Julio de Vido, aseguraron que no hay demoras y los técnicos de esa cartera tienen bajo análisis las propuestas privadas.

En las empresas, en cambio, aseguran que las demoras se deben a que “el Estado no tiene fondos para hacer frente a las obras”, y las mismas constructoras lamentan que dependencias estatales, como por ejemplo Vialidad Nacional, acumulen deudas de más de 10 meses con ellas.

La concesión de los Corredores Viales Nacionales contempla su explotación, construcción, mejoras, reparación, conservación, ampliación, remodelación, mantenimiento y administración.

Hasta el momento, las empresas sólo pudieron cumplir con el último ítem, dado que los trabajos de repavimentación están demorados.

“Varias empresas tuvimos reuniones con el Occovi –el órgano encargado de administrar las concesiones viales– para explicarles que así no seguíamos”, aseguró el titular de una de esas compañías a cambio de confidencialidad.

Sucede que la adjudicación de obras es el motivo por el cual las empresas entraron al negocio. Si bien se encargan de cobrar el peaje, el esquema ideado por el Ministerio de Planificación contempla un nivel de tarifa bajo que no hace interesante al negocio.

Ese fue el principal motivo por el cual la licitación, que comenzó en noviembre de 2008, se extendió hasta principios de 2010. En el medio hubo postergaciones y revisión de las propuestas por parte del Gobierno. En las empresas, además, aseguran que hubo pedidos expresos por parte de funcionarios para que se presentaran.

Promesa de obras

Para interesar a las compañías, el Gobierno accedió a otorgarles las obras durante los tres primeros años del contrato, que dura seis. Es por eso que, salvo Techint, entre las nuevas concesionarias se encuentran las constructoras más grandes del país: Roggio; Isolux Corsan-CCI; Corporación América-Helport; Iecsa-Creareurban; Electroingeniería-JCR; Esuco-Contreras; Supercemento-Petersen, Thiele y Cruz; Homaq y Cartellone-Rovella Carranza.

Las compañías gerencian las rutas, pero a pérdida. Y esperan comenzar la construcción para comenzar a balancear sus cuentas.

Mientras tanto, algunas empresas relajaron trabajos menores de mantenimiento, como el cortado del césped. Y ocasionaron la respuesta inmediata del Occovi, que envió cartas de advertencia.