Mientras los dirigentes agropecuarios y los bloques de la oposición en el Congreso intentan avanzar con un proyecto único para bajar las retenciones a las exportaciones del sector, el Gobierno salió ayer a rechazar esa postura, a la que tildó de “gran irresponsabilidad”.

Los encargados de dejar clara la postura oficial fueron el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Economía, Amado Boudou, en un día en que la soja terminó por encima de $ 1.000 la tonelada disponible en Rosario y generó negocios por más de 60.000 toneladas. En algunas operaciones puntuales, incluso los exportadores pagaron $ 1.010 por los mil kilogramos de soja, el mayor valor en seis meses.

El primero en defender la existencia de las retenciones fue Aníbal Fernández, quien consideró “poco seria” la propuesta para bajar las alícuotas que manejan opositores y la mesa de enlace. “Me cayó muy mal esa visión de la política, rindiéndose a las corporaciones, en la misma casa de las corporaciones”, lanzó Fernández desde Corrientes, en alusión al debate de los líderes opositores, el martes, en La Rural de Palermo.

Boudou se sumó a esa lectura de los acercamientos entre los dirigentes rurales y los referentes de la Coalición Cívica, el peronismo disidente y el GEN. “Es como si la Sociedad Rural comandara a la oposición política”, lamentó el ministro, quien advirtió que “si se fijan más bajas las retenciones”, peligra “el sistema que ha permitido tener a la Argentina dos tipos de cambio, uno dual, que ha permitido exportar no solo del agro, sino la industria, generar empleo y fortalecer el mercado interno”.

El funcionario se quejó de que la oposición demuestra “una voracidad tremenda por sacarle caja al Gobierno, como si los gobiernos no necesitaran fondos para gobernar”.

En tanto, mientras el presidente de la comisión de Agricultura de Diputados, el radical Ricardo Buryaile, manifestó que coincide con la segmentación de retenciones para proteger a los pequeños productores. Pero advirtió que “el Estado es un muy mal pagador”, por lo que puede peligrar el reintegro de ese dinero al sector rural más frágil.

No obstante, enfatizó el compromiso tanto de la mesa de enlace como de la mayoría de los bloques opositores por avanzar en un proyecto único de reducción de alícuotas y tenerlo antes del 24 de agosto próximo, cuando vencen las facultades delegadas, entre las que figura la potestad de fijar retenciones.

Sobre ese punto, el diputado oficialista Jorge Yoma planteó que “lo que caduca el 24 de agosto es la facultad del Ejecutivo de fijar retenciones y no esa herramienta”.

Por eso, Yoma afirmó que el actual nivel de retenciones “se mantiene vigente hasta tanto el Congreso, si decide no prorrogar la delegación legislativa en esta materia, dicte una ley que las derogue o modifique”.

“Las que se escuchan son opiniones más propias de veterinarios que de abogados‘, calificó Yoma al referirse a los dichos del constitucionalista Daniel Sabsay y de dirigentes opositores durante el debate en La Rural.

“Sostener que el 24 caducan todas las facultades delegadas y sus efectos jurídicos, así como los reglamentos dictados en consecuencia por Ejecutivo, es lo mismo que afirmar, por ejemplo, que quedan disueltas la AFIP, las Universidades Nacionales, las Fuerzas Armadas y todos los organismos creados por el PEN en uso de poderes delegados por el Congreso”, apuntó.