La presión gremial de las últimas semanas tuvo los resultados esperados. Así, horas antes de la reunión con la presidenta Cristina Fernández en Olivos, los jefes de la CGT, liderados por Hugo Moyano, recibieron con satisfacción la decisión del Gobierno de implementar dos medidas esperadas por los gremios, que en conjunto representan un ingreso adicional de $ 800 millones anuales para la caja de las obras sociales sindicales. Esas medidas involucran, por una parte, un aumento del 30% en los montos del denominado Subsidio Automático nominativo (SANO) que reciben las obras sociales con atienden a trabajadores con salarios bajos y, por otro, un incremento de igual proporción en la cápita que el PAMI paga mensualmente a las entidades sanitarias de los gremios por la atención de unos 450 mil jubilados.

Según confiaron voceros sindicales a El Cronista, ambas medidas fueron anticipadas por el ministro de Salud, Juan Manzur, a un grupo de referentes del moyanismo previo al almuerzo con Cristina. Además, de acuerdo con las fuentes, el funcionario transmitió a los referentes de la CGT que estaría avanzada la redacción de otro decreto que habilitaría la distribución entre las obras sociales de una parte (se mencionó alrededor de $ 1.000 millones) de los $ 3.800 millones acumulados en el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), cuyo reparto los gremios exigen desde hace meses. “Eso es una posibilidad, pero todavía falta”, apuntó un gremialista sobre la promesa oficial.

En un claro intento por tranquilizar los ánimos de la CGT, que hasta amenazó con poner en marcha un fuerte plan de acción por la demora oficial ante su reclamo de fondos para las obras sociales, el Gobierno publicó ayer en el Boletín Oficial un decreto que eleva en un 30% y en forma retroactiva al 1 de enero los montos del del SANO, que subsidia los aportes de las prestadoras médicas de los gremios que tienen afiliados con menores ingresos.

Según explicaron fuentes del Ejecutivo, el decreto (que en realidad ya estaba a la firma de la Presidenta desde diciembre) garantiza a las obras sociales un ingreso anual adicional de

$ 540 millones correspondiente al aporte garantizado de unos 2,4 millones de trabajadores activos.

En paralelo, y a través de una resolución tripartita que hoy se difundirá oficialmente, el Gobierno autorizó un incremento también del 30% en el valor de la cápita que el PAMI paga a las obras sociales sindicales por la atención de unos 450.000 jubilados. Esa cápita, que desde principios de 2009 fue fijada en $ 114,5, pasará (también en forma retroactiva al 1 de enero) a $ 148, aumento que le asegurará a los gremios alrededor de $ 200 millones anuales adicionales. “Es una mejora importante pero no resuelve nada de nuestro reclamo original porque la deuda se sigue acumulando y el Fondo no se reparte”, indicó otro gremialista en referencia a los $ 3.800 millones del FSR actualmente depositados en una cuenta del Banco Nación.

Sobre el nuevo compromiso del Ejecutivo de avanzar en la distribución de por lo menos un tercio de ese acumulado, las dudas sindicales se concentraron ayer en el esquema que se utilizaría para determinar la parte que le corresponderá a cada gremio, un tema que será discutido los próximos días en una nueva reunión entre Moyano y los representantes de los llamados “gordos” e “independientes”.